El Código Penal establece que el ensañamiento —definido como el aumento deliberado de los efectos del delito— es un agravante. Por desgracia, la jueza del tribunal en donde se ventiló el caso, lejos de considerar un agravante el número de impactos, prácticamente lo convirtió en atenuante del delito, pues la sentencia incluye el argumento de que el señor asesino se apiadó de su víctima y le disparó más de 25 veces para asegurar que muriera rápido.
Otro caso. Una mujer, desde su celular, envió amenazas de muerte a seis de sus colegas de trabajo. La acusación demostró que el teléfono estuvo en poder de dicha persona cuando se profirieron las amenazas. Demostró que al momento de entregar el aparato dio un dispositivo destruido que no correspondía al número del teléfono que presuntamente estaba consignando como prueba. Se probó que el delito se había cometido y que la persona sindicada podía haberlo cometido, razón suficiente para ligarle a proceso. Sin embargo, contra toda lógica jurídica, la jueza a cargo resolvió desligar del proceso a la imputada y dejó en la total indefensión a las personas amenazadas por esta.
En mayo, los procesos judiciales contra Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de la República sindicado de sustraer millones de quetzales del presupuesto nacional, resultó absuelto junto con sus cómplices pues, según dos de las juezas del caso, la fiscalía no probó en qué se había gastado el dinero. Como si le hubiesen acusado de manirroto (o sea gastarlo mal o en cosas innecesarias) y no de robarse dinero estatal. La prueba contra Portillo y sus colegas era incuestionable y aún así, las dos juezas que lo premiaron (le apuestan a dejarlo libre para gozar del dinero que se robó), ignoraron las evidencias, los peritajes y los testimonios.
Esa misma semana, Alejandro Giammattei celebró el cierre del proceso que se le seguía como responsable del penal y por haber participado en la masacre de siete reos en la cárcel de Pavón en 2007. Pese a la evidencia que lo ubicaba en el lugar y a la hora del crimen. Evidencia que lo mostraba, además, armado de tremenda pistola prolijamente engarzada en el pecho, el doctorcito resultó libre de los cargos.
Ante la reiterada evidencia en los dos casos de alto impacto mencionados —Portillo y Giammattei—, el riesgo de que lo mismo suceda con Carlos Vielmann, poderoso empresario y ex funcionario, la fiscalía decidió desistir de la solicitud de extradición. El temor no es infundado, las pruebas están a la vista y el sentido común indica que, con semejantes botones de muestra, es de poner en tela de duda la efectividad de las cortes y, sobre todo, la garantía de real independencia a la hora de juzgar.
Por desgracia, lejos de percibir la crítica como evidencia de preocupación por la sostenida impunidad —ahora anidada en las cortes, jueces y magistrados, tanto desde la CSJ como desde su entidad gremial— la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial ha hinchado la epidermis y respingando emberrinchada amenaza a quien ose cuestionarles. Convertidos en una suerte de intocables, muy a la chapina o, a la Tortrix como ilustra una campaña publicitaria, estos funcionarios presumen de infalibles, cuando la realidad muestra todo lo contrario. Si el gremialismo castrense ha significado una especie de omertá (pacto de silencio y su consabida protección desde el espíritu de cuerpo) ante los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, la situación generada por el cierre de filas en el OJ más que dignificar al gremio de juzgadores, acrecienta la incertidumbre sobre su real capacidad de cumplir con la función que la ley les impone: procurar justicia pronta, imparcial y eficiente.
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