La lista es corta. Por más que el Partido Patriota haya prometido llevar a los 300 mejores al gobierno, lo que resalta en general es la mediocridad del liderazgo político nacional.
Ante este panorama, la iniciativa para supuestamente capacitar a la alta gerencia de la administración pública en Guatemala por medio de una escuela de élite bajo el sello de una Escuela de Gobierno (EdG) -a la usanza de otros países donde la institucionalidad es más desarrollada-, es bienvenida; siempre y cuando se entienda el contexto que se quiere transformar y a quién está llamada a servir.
Antes de inaugurarse la EdG hace unos meses, un documental de un programa televisivo del sector privado hacía el recuento de todas las falencias de la administración pública guatemalteca, del tamaño de su burocracia y la falta de un cuerpo permanente de funcionarios públicos. La premisa de los impulsadores de la EdG es que si se conforma y prepara un liderazgo sólido en la administración pública y en los partidos políticos, con agentes provenientes de distintos sectores sociales capacitados para ofrecer soluciones concretas a los asuntos públicos, esto llegaría a mejorar el crecimiento económico, el desarrollo social, y la calidad de las políticas. Digamos que hasta allí, vamos bien.
El problema es que se atribuye los males del subdesarrollo nacional a la administración pública pero nunca se menciona que si ésta tiene niveles de eficiencia y capacidad funcional tan bajos (29% y 7% respectivamente según un estudio del BID), es porque desde mediados de los años ochenta se ha invertido menos en el sector público, se han privatizado la mayoría de servicios, sumado a que el Estado percibe una de las cargas tributarias más bajas de la región.
Es obvio que este Estado mínimo derivado del modelo neoliberal no provee incentivos necesarios para captar y retener a futuros funcionarios públicos que dirijan agencias gubernamentales para garantizar servicios eficientes. Tampoco advierte el documental sobre la raquítica capacidad del sistema político, el clientelismo y las formas patrimoniales de hacer política, donde históricamente los dineros de las gremiales empresariales corrompen al sistema. Varios estudios prueban que el hecho de que las políticas públicas no se sostengan de manera inter-temporal tiene que ver con el diseño del sistema político, el procedimiento para sancionar leyes en el Congreso, el poder de veto del poderoso sector económico y su control sobre el aparato tecnocrático a su servicio, con lo cual no existe una autonomía del Estado vis-à-vis de los intereses del poder económico.
Así pues, al escudriñar la naturaleza y el propósito de esta iniciativa, no se puede evitar levantar una ceja y preguntarse a quién servirá la iniciativa, ante todo cuando uno de los componentes del programa de estudios es que los estudiantes formulen propuestas de ley. Esto me recuerda a una institución estadounidense que tiene un objetivo similar a la EdG, el Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC por sus siglas en inglés) cuyo propósito principal es prefabricar iniciativas de ley para representantes conservadores en cada uno de los Estados por medio de modelos de legislación que incluyen borradores de leyes anti-inmigrantes e incluso la ley que acaba de dejar libre a George Zimmerman en el sonado caso de Treyvon Martin en Florida. Lo anterior responde a una agenda de la derecha conservadora desde los años setenta, plasmada en el famoso Manifiesto Powell que busca crear instituciones como ALEC para sellar la utopía del libre mercado y limitar el papel del gobierno.
Dado que la EdG piensa invitar a integrantes de partidos políticos y sabida la historia de pronunciamientos y oposición sistemática del sector privado a leyes o iniciativas que no calzan sus intereses (reforma tributaria, desarrollo rural, minería, y un largo etc.), uno podría fácilmente adivinar cuál es el tipo de legislación que promoverán de acuerdo con sus principios de libertad, justicia y propiedad.
Sorprende que uno de los socios naturales no sea el INAP, donde actualmente se realiza una investigación sobre estudios organizacionales en las instituciones públicas para precisamente entender el entorno institucional con el fin de hacer eficientes y eficaces las acciones en la administración pública. Me temo que sin el conocimiento local ni la convicción de que el servicio público es para el bien común, la EdG pasará a ser otro de esos elefantes blancos al servicio de los mismos, pero no a favor de los empleados públicos y mucho menos de la población guatemalteca más necesitada.
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