
Institucionalización de la impunidad
Desde el punto de vista de la justicia transicional, es decir aquellos procesos y mecanismos encaminados a resolver los problemas derivados de abusos a gran escala y violaciones a derechos humanos, aún hay enormes deudas pendientes. Deudas que se acrecientan con la acción misma del Organismo Ejecutivo, al parecer empeñado en institucionalizar la impunidad.
El discurso de toma de posesión del actual gobernante, Otto Pérez Molina, arroja luces al respecto de su línea de acción política en la materia. Contenido que desarrolla la afirmación realizada cuando era aún candidato, relativa a negar el genocidio perpetrado contra la población maya, por parte del Estado guatemalteco.
Al poco de haber tomado posesión, el discurso y el contenido se materializan en un hecho que la misma prensa dejó de analizar en su dimensión completa cuando, el mismo gobernante se atrevió a indicar a los tribunales que no juzgaran el genocidio como delito en Guatemala. A la clara negación de un hecho más que documentado, en su expresión del desacuerdo Pérez Molina añadió la intromisión abierta en la indispensable independencia de poderes. Una cosa es que él, más como exmilitar operando durante la comisión de los actos de genocidio que como político en funciones de gobernante, disienta de la conclusión jurídica sobre los hechos y otra muy distinta es que pretenda usar su investidura para desviar la acción de la justicia.
Según se han dado los distintos hechos, pareciera ser que la tendencia va hacia la institucionalización de prácticas encaminadas a negar la historia, a borrar la memoria y a disputar, junto a la misma Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-, la verdad jurídica sobre los crímenes de lesa humanidad.
Así lo documentan los pasos dados en la última semana de mayo, relativos a la disolución de la Dirección de Archivos de la Paz, dependencia de la Secretaría de la Paz -SEPAZ-, o la tendencia a la desaparición o anulación del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR. En lo concerniente al aspecto ideológico, destaca en este entorno la afirmación del titular de la SEPAZ, el abogado Antonio Arenales Forno -galardonado por el Ejército guatemalteco-, en el sentido de que él no está de acuerdo con que se diga que aquí hubo genocidio.
Para el jefe de la SEPAZ, como para el gobernante, cabe el mismo señalamiento. En lo personal pueden disentir de la verdad jurídica pero no cabe, de hecho es ilegal, que utilicen su investidura para torcer un proceso o para proteger a quienes están o sean juzgados por estos actos criminales.
Y lamentablemente eso es lo que sucede. No es un secreto que cualquier declaración presidencial, en cualquier país, es asumida como una opinión que marca líneas de acción o rutas a seguir. Si a estas se suman declaraciones de la institucionalidad oficial y las mismas se refieren a campos y ámbitos de justicia que incluyen temas de trascendencia nacional como los juicios por genocidio, la situación se complica. Y se complica mucho más aún si también le suman acciones de disputa jurídica por parte del Estado de manera oficiosa. Así se podría interpretar la intencionalidad de pedir a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un análisis jurídico al respecto de la procedencia de juzgar el genocidio en las cortes nacionales. Este análisis requerido a la PGN, sería alimentado con una consulta que el Ejecutivo intenta hacer a la Corte de Constitucionalidad (CC), con el mismo motivo.
De concretarse estos elementos, el riesgo mayor sería que la propia CC emitiera dictamen sobre la consulta, siendo que en el entramado judicial le correspondería conocer en última instancia las resoluciones judiciales por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esta parece ser en todo caso, la intención detrás de realizar semejantes consultas, encaminadas a inhabilitar a la entidad a fin de desarticular jurídicamente los procesos y por lo tanto institucionalizar la impunidad. En tal sentido, a los poderes fácticos, ocultos o paralelos que han sostenido al crimen organizado en su intervención en el sistema de justicia, se sumaría, nada más, pero nada menos, que el propio Organismo Ejecutivo, como promotor de la institucionalización de la impunidad. Camino peligroso, vergonzoso pero también, imperdonable.
Iduvina Hernández. Mujer guatemalteca, defensora de derechos humanos. Ha sido reportera y jefa de redacción en la Agencia ACEN-SIAG, reportera redactora en revista Crónica, así como integrante de su Consejo Editorial. Docente de periodismo en la Universidad Rafael Landívar y en el Programa Centroamericano de Periodismo (PROCEPER). Entre otros, obtuvo el Galardón a la Excelencia Periodística, de APROFAM (1990); el Premio Centroamericano de Periodismo sobre Refugiados, de ACNUR (1994); y el galardón a la mejor columna de opinión escrita, de UNICEF (2000). En 1996 se dispuso a tomar un año sabático del periodismo y ha superado la década en el campo de los derechos humanos.
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Comentarios
Se suma la intervención en
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Se suma la intervención en FLACSO y la "elección" del Procurador de Derechos Humanos. Si esto es solo el comienzo, qué vendrá?
Viene una reforma
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Viene una reforma constitucional ad hoc a la medida de los intereses de los titiriteros, la eliminación de indios y sindicalistas bochincheros. Señores, welcome back to the hell!
A ver... 1) Estan juzgando a
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A ver...
1) Estan juzgando a Rios Montt y la estrategia de defensa del geronte genocida es decir "En los hechos yo era politico, no comandante militar. Los comandantes de campo actuaron por su cuenta". Lo que no exime al geronte genocida de responsabilidad, pero ciertamente pone la mira (judicial) sobre la oficialidad que dirigio operaciones sobre el terreno.
2) El actual presidente de Guatemala era uno de esos "comandantes de campo" en el destacamento de Nebaj del Quiche por aquellos anios. Y vaya si hubo muertes inocentes bajo su comando.
3) El resto de los comandantes que actuaron y ejecutaron el genocidio y los crimenes de lesa humanidad eran companieros de camada de la escuela con OPM (o sea, son hermanitos en armas, hasta son compadres, se los aseguro).
Es obvio que cuando empiecen a revolver la bosta, el presidente y sus "amiguitos de la escuela" van a resultar salpicados por la marron substancia.
Es obvio que van a intentar hacer desaparecer las pruebas de las atrocidades que ellos (camisita arremangada) cometieron.
La batalla la estan librando en varios frentes:
1) El mediatico con Silvia Gereda y el Legionario Trujillo vociferando "guerrilleros" a las ONG que quieren recuperar la memoria.
2) El legal usando todo tipo de triquinuelas y chicanas en los juicios que se van abriendo y cerrando el acceso a evidencia
3) El politico designando amigos en la procuraduria de derechos humanos, tambien cerrando archivos y controlando acceso a la evidencia
4) Si todo eso falla, agarrense... porque van a abrir el otro frente, el de los metodos del 82 (solo que esta vez convenientemente van a acusar al narco de muertes de testigos y fiscales)
Que quieren que les diga. Si un militar en actividad por aquel entonces no cometio ningun delito lo natural seria que favorezca la investigacion para levantar el manto de sospecha que cae sobre el uniforme de la patria y su persona.
Si se esmera tanto por tapar todo... "por algo será" (usando la frase que ellos usaban con los desaparecidos).
Los gobiernos militares se
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Los gobiernos militares se caracterizan por su habilidad de desplegarse de tal manera que ejercen control social, tanto dentro como fuera de las instituciones de gobierno. Su presencia suele coincidir con momentos de crisis, especialmente económica, en la que la Oligarquía de un país busca estrategias para establecer o fortalecer el modelo económico que le favorece.
Si lo anterior es correcto, se pueden identificar rasgos propios de los gobiernos militares, aunque la forma en que estos se presentan varían según el sistema político y el grado en que se ha consolidado la institucionalidad democrática. Los rasgos se enumeran a continuación:
1. Personaje Altamente Mesiánico que centra la legitimidad del gobierno y ofrece resolver los principales problemas que se presentan en la crisis social. Modifica aspecto esenciales de cualquier entendimiento democrático, tales como ordena, por encima de cualquier poder del Estado, en tanto su visión de “salvador” le imprime la “necesidad” de imponer a los que están “haciendo mal las cosas”, o frente a quienes “no entienden el cambio”.
2. Intervención del gobierno central (a veces acompañada de presencia del Ejército) en órganos independientes/autónomos o de la sociedad civil.
3. Defensa del proyecto económico oligárquico en medio de crisis que tenderían a una modificación profunda y estructural del modelo tradicional.
4. Ruptura del Estado de Derecho mediante la constante violación de la normativa legal nacional e internacional, suele redundar en violación a los derechos humanos, impunidad y corrupción.
5. Represión a la oposición mediante el uso de la fuerza en diferentes mecanismos.
6. Imagen pública y comunicación social que justifican sus acciones.
7. Negación de la diversidad, argumentando la homogeneidad de la población sobre la que se define la unidad de la “patria”.
Excelente artículo Iduvina, felicidades.
Tristemente es nuestra cruda
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Tristemente es nuestra cruda realidad. Un pueblo atomizado por tantas circunstancias que incluyen hasta las religiosas, resulta fàcil de tomar para una instituciòn que sì està organizada pero no para perseguir el bien del paìs sino para defender los de la clase dominante y los de la nueva èlite econòmica como resultado de tanto latrocinio, despojo y crimen en contra de comunidades indefensas. Aùn asì el comùn de los mortales chapines, no acierta a entender ni a buscar en la autèntica historia, la razòn para oponerse a estas arbitrariedades. Este abogado que proviene de nuestra alta sociedad, se ha prestado a querer tapar el sol con un dedo. Claro, como no fuè su familia la diezmada ni le importan las vidas de niños, ni ancianos ni embarazadas, que siga diciendo con esa terrible boca que tiene lo que su minùsculo cerebro le dicta.
Esta pantomima de justicia
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Esta pantomima de justicia MADE IN USA, y aplicada por la mafia local, va a terminar acusando a las víctimas; para obtener justicia de verdad, hay qué dirigirse a otras instancias.
El caso del holocausto guatemalteco, o genocidio sobre cientos de miles de campesinos, obreros y profesionales, tanto indígenas, como ladinos y mestizos; debe ser llevado al Tribunal de Nuremberg y al Tribunal de la Haya, que es donde se juzga a los genocidas.
Respecto a los acusados, se necesita repartir correctamente la responsabilidad:
Son los EEUU que lo planificaron y proveyeron las directivas, entrenamiento, armas, equipo tecnológico, bombas prohibidas.
En guatemala, las altas esferas de poder impusieron gobiernos, que dieron las órdenes de implementar el plan sobre el terreno.
Y en la práctica se le dió el trabajo sucio a algunas unidades del ejército, y especialemente a cuerpos paramilitares y parapoliciales.
Pero, quién pedirá justicia para a los soldados y policías rasos, los galoneros, suboficiales y oficiales intermedios; forzados a enfrentar los ataques de la guerrilla, bajo el credo del Kaibil: "si retrocedo mátame" ?
Y que en muchos casos, fueron drogados y empujados a punta de balloneta y metralla, para que cometieran actos deshumanizados.
Los miles de ellos, que fueron a la guerra contra su voluntad y que murieron, también son víctimas del holocausto nacional. Y en su mayoría eran pobres e indígenas.
¡Sí estimada Iduvina! ¡Qué
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¡Sí estimada Iduvina! ¡Qué bien hizo usted en tocar este tema! Creo, no se quién, alguna organización o persona jurídica, debe poner ¡YA! un amparo porque el siguiente paso es la destrucción de los archivos. Solo observe la mirada y la cara del tal Arenales Forno y se dará cuenta qué tipo de alma y espíritu tiene. ¡¡¡FELICITACIONES!!!
Juan José Guerrero Pérez
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