Sin entrar en juicios de valor, entre los pendientes que esta administración de gobierno deja, está el proceso de conformación del panel arbitral originado por la reclamación de los Estados Unidos en el marco del DR CAFTA.
Este proceso ha estado marcado por la poca información disponible, e inclusive por el escaso interés que ha despertado en los ámbitos político, empresarial, sindical e institucional, inmersos como estábamos en el proceso electoral. A partir de agosto de este año, cuando el USTR anunció su intención de solicitar la conformación del panel arbitral, no se han producido otras reacciones, salvo aquellas de respaldo del sector privado a la gestión del Ministro de Economía.
Este periodo de silencio hacía suponer que la intención del gobierno de Estados Unidos era esperar al cambio de gobierno, para tratar este tema con la nueva administración.
Sin embargo, esta semana, entre el 6 y el 8 de diciembre se ha previsto una serie de reuniones en el Departamento del Trabajo, en Washington DC, entre autoridades públicas de Guatemala y los Estados Unidos, para tratar nuevamente este tema.
El Ministro Velásquez, en una comunicación dirigida al embajador Kirk, director del USTR, le hace saber su anuencia a participar en estas reuniones, fijando como supuestos, que las mismas deberán llevarse a cabo en el marco del capítulo XVI del Tratado –derechos laborales- y no del XX– solución de controversias. Asimismo, el ministro Velásquez, pide a los Estados Unidos, que previo a cualquier posible acuerdo, este país debe renunciar a la intención de conformar el panel arbitral.
Faltando algo más de cinco semanas para el cambio de administración, parece razonable preguntar si el contenido de estas reuniones, la agenda y las eventuales propuestas de los funcionarios guatemaltecos, han sido compartidos con la administración Pérez Molina y sus funcionarios. ¿Este elemento habrá formado parte de las discusiones en el proceso de transición?
¿Formará parte de la delegación que participará en estas reuniones, algún funcionario de la nueva administración?
¿Serán los Ministros de Economía y Trabajo capaces de cambiar la hasta ahora inflexible posición del gobierno de los Estados Unidos en esta materia? Al menos el Ministro de Trabajo ha sido muy optimista en una entrevista pública ofrecida sobre este tema.
Si las respuestas anteriores son positivas, cabe preguntarse cuál es la propuesta que se lleva a Washington sobre los temas no resueltos con relación a la potestad sancionatoria de la Inspección General de Trabajo, el establecimiento de un sistema de fianzas para las maquilas, y el aumento del número de inspectores. Hay que recordar que estos tres aspectos, y la aparente falta de voluntad del gobierno de Guatemala por asumirlos, fueron el punto de quiebre que hizo pedir al USTR solicitar el panel arbitral.
¿Será posible solucionar estos temas estructurales a poco más de un mes del fin de gobierno?, y si es así, por qué no se hizo antes…
Si los funcionarios guatemaltecos hacen cambiar la posición del gobierno de Estados Unidos, la reclamación se encausaría hacia la Comisión de Comercio del DR CAFTA, ofreciendo un respiro al país. Posiblemente exista mayor información al regreso de la delegación guatemalteca. Sin embargo, si irremediablemente el panel arbitral se conforma, sería conveniente ir trazando una estrategia para abordar este litigio, que vaya más allá de exigir al demandante que pruebe que las violaciones a los derechos laborales perjudican el comercio internacional entre Guatemala y Estados Unidos.
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