Al parecer la sociedad guatemalteca no tiene la suficiente conciencia acerca de estos beneficios porque prácticamente permanece inmóvil frente a la pérdida constante y creciente de los bosques naturales. Los resultados de la última evaluación de la dinámica de la cobertura forestal indican que los bosques naturales se pierden a un ritmo de poco más de 100,000 hectáreas anuales. Estos niveles de deforestación generan un enorme flujo de productos forestales que ocurre, en un 95% del volumen total, al margen del control de las autoridades. Hace meses publique un artículo sobre la deforestación incontenible que padecemos y que ayuda a entender la dimensión de la problemática.
Hoy se puede afirmar que el uso de los bosques en Guatemala está totalmente fuera del control de las instituciones establecidas para regular y fomentar su uso ordenado y procurar su conservación para garantizar los beneficios que proveen en el largo plazo. Las dinámicas generadas en torno de los bosques tienen, al menos, dos propósitos claros. Por un lado, garantizar con el uso de leña, la necesidad energética de la población rural. Por otro lado, el lucro desmedido en torno de la madera cuya demanda nacional e internacional mantiene un ritmo sostenido de crecimiento. Estos propósitos se materializan en la medida que se profundiza el enfoque mono-sectorial en la gestión de los bosques en detrimento del enfoque multi-sectorial. Es irrefutable que el uso de la leña no solo se mantiene sino es creciente por la inexistencia de opciones energéticas modernas que deben ser impulsadas en el marco de una estrategia que involucra, al menos, a los ministerios encargados de la energía, la economía, los aspectos culturales y el ambiente. Así mismo, es innegable que el flujo ilegal de productos madereros es posible por la inacción o bien el contubernio de la Policía Nacional Civil, los Jueces, los Fiscales del Ministerio Público, los Alcaldes, los Gobernadores departamentales, entre los principales.
La deforestación y el consecuente flujo de productos forestales se viabilizan, entonces, a partir de una combinación de incapacidad, ilegalidad, corrupción e impunidad acumulada. La formas que adopta esta combinación en Guatemala incluye la inducción o la usurpación misma de tierras boscosas en áreas protegidas o en zonas que necesitan protección; la explotación forestal sin autorización; la mala utilización de las licencias de manejo; la mala utilización de las notas de envío; el financiamiento proveído por propietarios de aserraderos para la explotación forestal ilegal y el consecuente autoabastecimiento; la inducción de plagas y enfermedades forestales para obtener licencias de aprovechamiento; el incumplimiento de los compromisos de reforestación, lo cual equivale a promover la deforestación por las mismas autoridades; el transporte de madera ilegal; el contrabando de madera; la cosecha y comercialización de especies arbóreas protegidas por convenios internacionales; la declaración de volúmenes inferiores a los utilizados; la inducción a legislar a favor de intereses particulares en detrimento del bien común –como el caso de la modificación del reglamento de tránsito de productos forestales–; entre otros.
La existencia de todas estas modalidades revela la incapacidad gubernamental en su conjunto –no solo de sus instituciones sectoriales forestales– así como de los poderes legislativo y judicial para establecer un sistema que garantice el cumplimiento legal en materia forestal por las empresas, las organizaciones y los ciudadanos que utilizan los bosques. Esa incapacidad es difícil de deslindar de la corrupción en la medida que las autoridades son permisivas y permanecen inmóviles frente a la evidente ilegalidad extendida en todo el territorio nacional, o bien porque reciben beneficios directos de esta.
En síntesis, esta combinación de incapacidad, corrupción, ilegalidad e impunidad esta menguando uno de los componentes más estratégicos de la seguridad ambiental nacional y por supuesto y más allá de la retórica, incrementando la vulnerabilidad de los guatemaltecos más pobres, sobre todo ahora que las desastres inducidos por el cambio climático se hacen más recurrentes.
De manera inmediata, se hace pertinente demandar al próximo Gobierno el establecimiento de un nuevo enfoque en la administración de los bosques nacionales para frenar definitivamente la deforestación; y concretamente, también es urgente demandar a las autoridades forestales una revisión y adecuación del “Reglamento de tránsito de productos forestales”; de la “nota de envío de bosque y de empresa” para el transporte de productos forestales; de los “compromisos de reforestación” y de los casos de “exención de licencias forestales”.
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