El espectro de interlocutores en estos debates es muy amplio. En un extremo se ubican los que por convicción ideológica no entienden, menos aceptan, que tributar es un acto de responsabilidad democrática. En una posición más moderada, están quienes alegan que no pagan impuestos porque el Gobierno es corrupto, dando a entender que si hiciera lo que se supone debe hacer con servicios públicos de calidad, accederían a tributar por molesto que resulte.
Por supuesto, la corrupción no es excusa para no pagar impuestos, ya que sería pretender usar la irresponsabilidad de otros para justificar la propia. No obstante, este alegato tiene cierta base, en el sentido que un gobierno corrupto se deslegitima ante los ciudadanos, fomentando o confirmando la desconfianza hacia las autoridades.
Así, al margen del disgusto por tributar, el reclamo ciudadano por la corrupción es legítimo. Pero además, debe enfatizarse en esta coyuntura, en la que se agudiza el rechazo a la reforma tributaria, en la que politiqueros populistas vociferan vítores y esperanzas; porque las acciones de inconstitucionalidad presentadas prosperen, llamando a la comodidad de no pagar impuestos.
Es muy difícil contrarrestar este llamado a la irresponsabilidad. Por ejemplo, en el caso del impuesto de circulación de vehículos, todas las personas con las que he conversado sobre el tema se encuentran molestas. Al escuchar las quejas y el rechazo, no puedo sino comprenderlos y entender que los automovilistas no tienen motivo o razón alguna para ver justificado pagar el incremento impositivo. Sin más elementos, tienen razón.
Sin embargo, protestar por un impuesto sin considerar lo que el Gobierno piensa hacer con esos recursos adicionales, es una visión incompleta. Por ejemplo, si el Gobierno anunciara de manera creíble y transparente que el incremento al impuesto de circulación de vehículos se destinará al financiamiento de un sistema de transporte público efectivo, eficiente, seguro y respetuoso de la dignidad de los usuarios, muchos contribuyentes comprenderían que se trata de una molestia, pero con un propósito justo y necesario. No todos en Guatemala están en contra de un mecanismo que de manera justa transfiera recursos de los que gozamos del privilegio de conducirnos en automóvil particular, a favor de los que a diario sufren los vejámenes del sistema público actual.
El punto acá entonces es que, si nos interesa el bien común y ser solidarios, nuestra protesta justa no debiese ser en contra del incremento al impuesto, sino de la incapacidad del Gobierno para garantizar la transparencia, efectividad y calidad del gasto.
Es decir, no sería mejor que los empresarios –en vez de impugnar la reforma en la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de no pagar impuestos (ojo, la reforma sí les afecta y no sólo a la clase media), fueran consistentes con su discurso de exigir más transparencia y eficacia en el gasto público. Y los ciudadanos en general hacer nuestra parte, dejando de quejarnos porque ahora tenemos mayores responsabilidades tributarias, sino precisamente, porque se nos exige más, podemos exigir más. En lo personal, si pagaré el doble de impuesto de circulación, exigiré el doble por soluciones verdaderas para el sistema de transporte público y la inmensa cantidad de problemas cuya solución es responsabilidad del gobierno.
No es cuestión de agachar la cabeza y callar. Por el contrario, si debemos tributar más es el momento de redoblar nuestro esfuerzo por demandar lo justo, con la solvencia moral que otorga que primero nosotros hayamos cumplido nuestra parte.
Esto se llama contrato social, ¿no?
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