Recientemente, cuando disertó ante desarrolladores turísticos, demostró no solo que él es un ignorante completo en lo que a la industria turística se refiere, sino que ni siquiera en ese asunto logró colocar a personas responsables, capaces de proveerle elementos para un discurso que superara su cantinflesco pensamiento.
Decir que la gente hace turismo «para quemarse los pies en las playas» es no entender nada sobre esa industria y pone en evidencia que sus funcionarios no han tenido el mínimo interés en hacer de ella un eje fundamental para el desarrollo del país.
El turista llega a un destino porque espera encontrar actividades agradables e interesantes, sea para el descanso y el placer, sea para comprender y aprender mejor determinada cultura y sociedad. Nadie viaja ni mucho menos paga para quemarse los pies, sufrir vejámenes o ver sufrir a los pobladores del lugar visitado.
El primero de los grupos es el más significativo económicamente, aunque los otros también pueden serlo, siempre y cuando el país receptor sepa promoverlos y atenderlos. Países con liderazgos mucho más coherentes y serios que el guatemalteco han conseguido mejorar no solo los flujos turísticos, sino, sobre todo, convertir esta actividad en una fuente de ingresos significativos.
Guatemala no es uno de ellos, y no porque nuestras playas en el Pacífico sean de arena negra, como absurdamente afirmó quien lamentablemente aún dirigirá los destinos del país por 18 largos meses más. Para que el turismo fluya, es indispensable que exista una infraestructura básica que le permita al turista movilizarse con comodidad y rapidez. Con carreteras como las que existen en Guatemala, eso es imposible.
Pero también es indispensable que los puntos de atracción ofrezcan seguridad, buenos servicios y condiciones óptimas para realizar las actividades propuestas: cuestiones que en los distintos destinos turísticos guatemaltecos brillan por su ausencia. De todo ello sabe cualquier desarrollador turístico, más aún si lo hace desde la esfera pública. Pero en Guatemala el Inguat no es un ente proactivo, mucho menos responsable en lo que a todas estas cuestiones se refiere. Diseñado más como una agencia de promoción, es, a estas alturas de la historia contemporánea del país, un instrumento más para el clientelismo y el tráfico de influencias, incapaz de aportar una política que permita que el turismo sea un eje importante para la economía del país.
Todo lo contrario: a pesar de que se apropia del 10 % de lo que en hoteles y hospedajes ingrese, no asume la responsabilidad de reinvertir esos recursos en tareas de mantenimiento, remozamiento y mejora de los sitios turísticos. Millones y millones de quetzales se diluyen anualmente en jugosos sueldos para un ejército de empleados que, llegados al Inguat por compadrazgo, mayoritariamente se dedican a cobrar su sueldo, sin que sus actividades tengan mayor impacto en la mejora de los ingresos de divisas.
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En condiciones como esas es imposible hacer del turismo una industria fundamental para el desarrollo del país, una en la que, en lugar de tener tres o diez grandes hoteles, los vecinos sean capaces de adaptar adecuadamente sus viviendas para recibir a los turistas con calidad y profesionalismo. Las acciones gubernamentales deben permitir que la pequeña industria turística no solo se formalice, sino, lo más importante, encuentre entes estatales capaces de apoyarla para su consolidación. En contraposición, bancos con recursos públicos como Banrural, Bantrab y CHN, en lugar de servir como entes activos para el desarrollo del país, se han convertido en agencias para el enriquecimiento ilícito de amigos y parientes de los gobernantes.
Los datos del Banco de Guatemala son contundentes: mientras en 2013 los turistas dejaron 1,020 millones de dólares, en 2017 apenas ingresaron 960 millones por ese concepto, con una significativa tendencia a la baja en esos cinco años, pues solo en 2014 hubo un leve aumento a pesar de que el número de turistas sí se incrementó en el período. En comparación, las remesas enviadas por los expulsados del país pasaron de 5,105 millones en 2013 a 8,192 en 2017. De esa cuenta, si en 2015 las remesas fueron cinco veces más que los ingresos turísticos, en 2017 la relación subió a más de ocho.
El fracaso en la política turística es, pues, más que evidente, como lo es también que la población, que podría haber encontrado en esta actividad una oportunidad de ingresos satisfactorios, ha optado por salir masivamente y remitir parte del fruto de su trabajo a sus familias.
Por lo tanto, el presidente Morales no debe invitar a los turistas a quemarse los pies en las playas. Debe hacer al menos algo para que esas playas atraigan al menos a la mitad de los turistas que día a día ya abarrotan las playas costarricenses, ya no digamos las mexicanas y brasileñas, y el turismo se convierta en un efectivo motor del desarrollo del país.
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