El reciente estudio global sobre homicidio (Global Study on Homicide) publicado este año por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) compara datos mundiales del año 2010 y provoca, por ahora, muchas más preguntas que respuestas.
Por lo pronto, confirma lo que otros estudios menos recientes, ya habían ilustrado con claridad: Latinoamérica es la región con más alto índice de homicidios en el mundo.
¿Por qué? Entre 1960 y el fin del siglo XX, Latinoamérica sufrió insurrecciones y contrainsurgencias en todo el continente. No fueron simultáneas sino pendulares y probablemente costaron la vida de medio millón de personas. Pero casi todas terminaron hace varios años.
La desigualdad social es otro factor, aunque su correlación con la violencia no es clara. Uno de los países que se reclama más reformista en lo social, Venezuela, es también una de las naciones más asoladas por la criminalidad violenta. Su tasa de homicidios, de 49 por cada 100 mil personas, según la UNODC, es superior a la de Colombia, de 33.4. (Un reportaje reciente de Jackson Diehl, del Washington Post, afirma que la tasa real de homicidios en Venezuela es de 60 por cada 100 mil, “más del doble que Colombia, antes renombrada por su violencia”).
El narcotráfico, fundamentalmente el de cocaína, es el delito que integra verticalmente al Hemisferio. Y a primera vista, descartadas otras razones, pareciera ser la causa de la extraordinaria letalidad de nuestro continente.
Véase, por ejemplo, los más significativos hechos de violencia acaecidos este mes.
• En Rio de Janeiro, centenares de comandos policiales apoyados por helicópteros y blindados de la Fuerza Armada brasileña, ocuparon la favela Rocinha el domingo 13, en un operativo con nombre oximorónico: ‘Choque de paz’. Rocinha está cerca de algunas de las áreas más opulentas de Rio, y el narcotráfico es el negocio principal de los grupos criminales que la controlaban.
• En México, el ministro del Interior (o secretario de Gobernación), Francisco Blake murió al estrellarse el helicóptero que lo llevaba a Cuernavaca.
Después de decenas de miles de muertos en la guerra del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales (que, dada la corrupción existente, es muchas veces la guerra del Estado contra sí mismo), la muerte por accidente aéreo del secretario de Gobernación –tres años después de la de su predecesor Juan Camilo Mouriño, también por accidente aéreo– promovió todas las teorías conspirativas posibles, incluyendo la numerología siniestra en el día capicúa (11-11-11). Es que en una ‘guerra’ que ha tenido en sus capítulos recientes la confrontación letal entre hackers y Zetas, cualquier cosa es posible.
• En Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró abatir al jefe de la Farc, “Alfonso Cano”, el 4 de este mes. Fue obviamente un durísimo golpe para la hoy más vieja organización insurgente en el mundo; aunque queda por ver cuál va a ser el resultado final del remplazo de ‘Cano’, inclinado a la negociación, por un duro como el nuevo jefe insurgente ‘Timochenko’. Pese a su trasfondo ideológico, la Farc está vinculada con el narcotráfico (como casi todos los otros actores de la violencia en Colombia).
Quizá por eso, los defensores de la ortodoxia en la llamada ‘guerra contra las drogas’ impulsada por Estados Unidos durante los últimos 30 años, sostienen que, dado que el Perú se ha convertido en el primer productor de cocaína en el mundo, la situación es dramática, que se ha retrocedido mucho y que corremos el riesgo de convertirnos ‘en un narcoestado’.
El argumento, sobre lo mal que estamos se ha hecho particularmente estridente desde que el más bien pacífico y apaciguador (aunque crítico de las políticas tradicionales) Ricardo Soberón se hiciera cargo de Devida.
Las reservas expresadas por Soberón sobre lo contraproducente de la erradicación, por ejemplo, han suscitado histéricos ataques, en los cuales se menciona los éxitos presuntamente espectaculares de la erradicación en Colombia (sobre cuyas falacias escribí en Caretas 2198, del 15 de setiembre).
Debatir sobre estrategias alternativas de lucha contra el narcotráfico, para superar la cadena de fracasos y agravamiento del problema que trajo la posición oficial estadounidense en Latinoamérica, ha sido atacado en varios casos casi como si fuera complicidad con el narcotráfico.
En estos días, sin embargo, una voz nueva y elocuente se ha unido a aquellos que exigen revisar a fondo y discutir las estrategias de lucha contra el narcotráfico.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo, en declaraciones recientes publicadas en The Observer (y reseñadas en un artículo de John Mulholland en The Guardian, publicado el sábado pasado), que “el mundo necesita discutir nuevas perspectivas… continuamos pensando con el mismo modelo que hace 40 años”.
El nuevo análisis y el cambio, dijo Santos, debía buscar “intentar arrebatar la violenta rentabilidad que da el narcotráfico… si eso significa la legalización y el mundo cree que esa es la solución, yo le daré la bienvenida. No estoy contra ella”.
Político pragmático antes que nada, Santos añadió, sin embargo, que Colombia no tomaría una acción unilateral: “No me convertiré en la vanguardia de ese movimiento porque me crucificarían… pero participaría con gusto en esa discusión…”. La razón para hacerlo fue expresada con inusual elocuencia por el presidente colombiano: “Nosotros perdimos a nuestros mejores jueces, nuestros mejores políticos, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, en esta lucha contra las drogas y el problema sigue ahí”.
Yo pienso que puede evitarse la legalización de la cocaína, si se lleva a cabo un combate eficaz contra el crimen organizado y se lo combina con acciones eficaces de educación, salud pública, mitigación del daño causado por las drogas; a la vez que se deja de perseguir a los grupos más débiles y pobres: los campesinos cocaleros, sobre todo.
La lucha contra el crimen organizado es fundamentalmente la lucha contra la corrupción. Y si hay la suficiente entereza, integridad y competencia, se lo puede vencer.
En el proceso, sin embargo, es necesario discutir abierta y honestamente todas las alternativas. No intentar hacer pasar la propaganda como análisis o razonamiento ni menos tratar de descalificar a quienes piensan, menos mal, en forma diferente.
¿Está el Perú, por ejemplo, en riesgo de convertirse en un narcoestado? En los últimos 40 años, nunca estuvo más lejos de ese peligro que hoy.
La economía de la droga es mucho menos importante ahora que antes; no hay grandes organizaciones de narcotráfico y la violencia es mucho menor en el Perú que la que existe en otras naciones.
El informe de la UNODC posee la enfática elocuencia de las hojas de cálculo: Si Honduras tiene 82 homicidios por cada 100 mil habitantes; El Salvador, 66; Guatemala, 41; México, 18; Brasil, 22; Colombia, 33; Venezuela, 49 ( o 60); ¿saben cuál es el índice de homicidios en el Perú? De 5 por cada 100 mil habitantes. Solo Chile lo tiene más bajo entre los hispanoparlantes.
Lo que menos nos falta es problemas. Pero de ahí a distorsionar la realidad y afirmar que estamos a punto de ser conquistados por el crimen organizado y convertirnos en un narcoestado, hay la gran diferencia entre la exactitud y la falsedad. En el pasado tuvimos ese peligro, y de hecho fuimos gobernados por narcotraficantes. Pero hoy no existe ni el problema ni, menos, el peligro.
Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2207 de la revista ‘Caretas’, el jueves 17 de noviembre, 2011
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