Todo esto en relación al tan escabroso tema relacionado a la candidatura de Sandra Torres. Los argumentos de corte jurídico-técnico abundan, pero no son estos los que precisamente me interesan. Sin embargo, tomemos literal el argumento articulado por la oposición política y la derecha del país: la expresa prohibición constitucional que pesa sobre Sandra Torres y el comportamiento consecuente con esta situación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ante tal coyuntura, la gran mayoría de los círculos de debate en los contextos urbanos es afirmar que, en efecto, se está preservando el Estado de Derecho.
Ahora, quiero invertir el argumento. Supongamos que una expresa prohibición constitucional limitara la sucesión de propiedad a los jóvenes de 18 años, de piel blanca, apellido alemán, italiano, vasco o inglés de familias guatemaltecas que viven en la ciudad capital. Supongamos que esta expresa prohibición fuese resultado del reconocimiento histórico a la injusta acumulación de capital en manos de blancos que han desplazado históricamente a las comunidades indígenas en Guatemala. ¿Qué argumentos presentarían la derecha tradicional, la medio-ilustrada ala libertaria y los alienados clasemedieros que suspiran pertenecer a dichos estamentos?
No dudo ni por un momento en que se haría uso de los escritos del Señor de la Brède y Barón de Montesquieu para —de forma muy burda y caricaturizada (como siempre)— referirse al “espíritu de ley” como un elemento primordial y superior a la mera ley escrita. Esta equivocada forma de leer a Montesquieu deja de lado el sentido real del autor, para quien el interés era lograr el balance de poderes limitando los excesos del monarca y del pueblo. Pero aceptemos que la interpretación payasa de la derecha fuese cierta, y de tal suerte los juniors levantarían la mano diciendo: “El derecho universal a la propiedad no puede ser negado por el Estado y yo tengo derecho a la propiedad privada, según me explicó un profesor gringo”.
Mi argumento se impregna de sarcasmo y sorna, pero no es menos real que la argumentación propia de la oligarquía cuando a su ideología conviene.
Ahora bien, ¿qué pasa si Sandra Torres argumentara que dicho candado constitucional viola su derecho universal a ser electa y que además las condiciones de la Guatemala de hoy (con una pluralidad de partidos) no son las de la Guatemala del 85, donde el temor era la falta de alternancia? ¿No sería válida, en algún grado, esta argumentación? ¿No debiese ser, al menos, escuchada por los jueces del máximo tribunal? Sin duda, el autor de Cartas Persas, al haber sido un amante de la descripción analítica y positivista de la realidad social, estaría de acuerdo conmigo. A mí no me simpatiza en lo personal Sandra Torres. Pero sí me preocupa la invisibilización que se hace en este particular contexto de las lecciones más importantes aprendidas de la historia política.
Correctamente entendida la historia romana, el paso de la República al Imperio no es la transición de “la tierra de la libertad al comunismo” (como se quiere enseñar en la academia de derecha) sino, por el contrario, el deseo de terminar con un régimen político que entre muchas otras cosas sometía a todo el pueblo romano a mantener a todo un estamento de senadores (que en sus buenas épocas sumaron 600). Figuras como Marcus Tullius Cicero, tan alabadas por la derecha libertaria en sus críticas al exceso de gasto de César, jamás criticaron los gastos de funcionamiento de un senador: 400 esclavos por senador pagados por el Imperio (según consta en las fuentes históricas de Dión Casio Coceyano, historiador romano mucho más serio en su recuento de hechos que germanos hablando de italianos, como lo sería Mommsen). Menos se ha comprendido la genialidad romana en término del balance de poderes. Nada sería Roma sin la figura del Tribuno de la Plebe, figura inviolable que defendía los derechos de la plebe frente a los clásicos vejámenes patricios. La Roma que debe admirarse es la Roma que se produce luego de las guerras de Mario y Sila, la Roma que hereda la herencia de los Gracos; la Roma que nos enseña que si al pueblo no se le otorgan beneficios concretos el simple balance republicano de nada sirve.
Repito que no tengo simpatía por la candidatura de Sandra Torres, pero sí por el ideario de la izquierda moderna. Y en dicho sentido, hay que preguntarse: ¿lo escrupuloso de la revisión en esa candidatura no puede deberse a que la oligarquía haya jurado “nunca más otro Portillo”? Habrá quien argumente que se ha defendido —hasta ahora— el Estado de Derecho, que en efecto es el Estado de los modernos optimae. Se ha cumplido con los nominales requisitos republicanos. Pero esto no es un avance, sino un reflejo de un país que siempre se conforma con lo estético y lo externo. Siendo esto así, y sin aprender de la historia, recordemos que en la historia romana, cuando la salida legaloide era la forma de gobierno en interés de la República de unos pocos, siempre el pueblo terminaba siendo instrumento de políticos aprovechados para generar la violencia.
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