Un legado que entonces parecía irreversible, pero dos décadas después la libertad de expresión sólo se ejerce bajo riesgos, constreñida en un clima de intimidación y en medio de grandes restricciones estructurales. ¿Prevalecerá esta conquista democrática, o será definitivamente conculcada?, es una pregunta ante la que nadie debería permanecer indiferente porque las consecuencias nos afectan a todos.
El principal desafío que enfrentamos hoy es preservar la independencia de la prensa para garantizar el ejercicio de un periodismo comprometido con la fiscalización del poder. Esta es una función de la prensa imprescindible en una democracia, por el imperativo de hacer efectiva la rendición de cuentas del poder público ante la ciudadanía; pero, además, porque sólo en una sociedad bien informada se puede promover la dimensión participativa y electoral de la democracia, desde la participación ciudadana en las políticas públicas --presupuesto, impuestos, salud, educación, etc -- hasta el derecho a elegir la mejor opción en un sistema electoral libre y competitivo.
Pluralismo político, transparencia, y debate público, son condiciones intrínsecas a una democracia, asentadas en un Estado de Derecho y apuntaladas en el ejercicio de una prensa que actúa como contrapoder. Cuando en 1999 se instauró el pacto Alemán-Ortega que desembocó en la partidización de todos los poderes del Estado, la prensa independiente se convirtió en la principal reserva democrática del país, actuando como un infranqueable valladar contra la corrupción pública. Sin embargo, bajo el régimen autoritario que se instauró en el 2007 se ha producido una alarmante regresión: mientras Ortega avanza en la concentración del poder total, la prensa es ahora más débil y menos influyente y el derecho a la libertad de información, que tiene un sustento constitucional, se encuentra bajo sitio.
La mayor amenaza a la libertad de expresión ahora no es la represión física y el asesinato de periodistas como ocurre en Honduras o México, sino la intimidación estatal, la cooptación económica y el bloqueo sistemático al acceso a la información pública. Este es el argumento que desarrolla y documenta el “Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión 2010-2013”, realizado por el Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).
El cierre de espacios
Desde hace seis años, se experimenta una creciente pérdida de espacios democráticos en la televisión, la radio y la prensa escrita. La estrategia oficial se basa en la premisa de que no es necesario pagar el costo político de cerrar un medio de comunicación, si se le puede comprar o cooptar. El resultado es un acelerado proceso de concentración de la propiedad de los medios televisivos, apoyado en el uso discrecional de la asignación de las frecuencias radioeléctricas por parte de TELCOR, el ente regulador. De los nueve canales de televisión abierta, ocho están en manos de un duopolio. La familia presidencial controla directamente los canales 4, 6, 8, y 13, usufructuando de forma ventajista los fondos de la cooperación venezolana que ha sido privatizada, mientras el empresario mexicano Angel González, hasta hace poco socio del comandante Ortega en canal 4, controla los canales 2, 9,10 y 11. Hay una división del trabajo para llevar el mensaje a diversas audiencias: unos se dedican abiertamente a la propaganda oficial salpicada con la nota roja, y otros se enfocan de manera casi exclusiva en el entretenimiento. En esta gran caja de resonancia del poder, el crecimiento de la audiencia es inversamente proporcional al espacio destinado al debate público.
Fuera del control del duopolio televisivo aún quedan el canal 12 y otros tres canales de cable que difunden noticias y opiniones, pero el entorno económico e informativo para el desarrollo de los espacios independientes es cada vez más precario. Algo parecido o peor ocurre con las radioemisoras y se acentúa en los departamentos con los medios locales. A menor fortaleza económica de las pequeñas y medianas empresas, mayor es la incidencia del uso y abuso de la publicidad estatal por el partido de gobierno que otorga premios y castigos para sujetar a los medios.
En la prensa escrita, la pérdida más notoria para la agenda ciudadana ha sido la reorientación informativa y editorial de El Nuevo Diario bajo las directrices de sus nuevos propietarios. De manera más o menos explícita, este medio renunció a la función de fiscalizar el poder (que no es igual a hacer “periodismo opositor”) anteponiendo otras prioridades a su tradición de periodismo crítico e investigativo.
De forma paralela a la pérdida de espacios independientes en los medios, se ha producido otro proceso igualmente antidemocrático al entronizarse un esquema de comunicación pública sectario y secretista. Un modelo de control que sustituye los derechos ciudadanos con prebendas y clientelismo, y recurre a la fuerza sin miramientos cuando enfrenta una verdadera oposición. La centralización de la información y el monólogo oficial afecta no solo la labor de los periodistas, sino también los derechos constitucionales de los ciudadanos, sean estos miembros de la sociedad civil, empresarios, o Diputados. El irrespeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en el 2007, empieza por la falta de voluntad política de la Presidencia de la República y su Secretaría de Comunicación. El desacato a la ley de parte de la pareja gobernante, se extiende de forma generalizada en el estado a través del bloqueo al acceso de las fuentes públicas, y en el caso de los empleados estatales alcanza niveles sin precedentes de censura y privación de la libertad de conciencia.
Nuevos y viejos desafíos
Frente a este panorama, que afecta por igual a medios y ciudadanos, los medios independientes enfrentan formidables desafíos.
El primero es el de la credibilidad. ¿Cómo generar información confiable en un contexto de polarización política y de cierre del acceso a las fuentes públicas? ¿Cómo fiscalizar al poder cuando las otras instituciones --Contraloría, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Poder Electoral-- no funcionan como poderes autónomos? Aún bajo el ataque y la presión del poder, la prensa está obligada a mantener los más altos estándares profesionales y no puede caer en la tentación de sustituir a las instituciones públicas. Como hemos insistido en otras ocasiones, los medios y periodistas no somos detectives, ni jueces, y mucho menos partidos políticos opositores. En las noticias e historias de cada día, debemos delimitar dónde está esa línea gris que no podemos cruzar. El compromiso democrático impone demandar la reforma política, pero nuestra labor primordial será siempre producir información confiable y aplicar el mismo rasero crítico a todos, incluidos los poderes privados que como grandes anunciantes ejercen una influencia económica determinante sobre los medios.
Todo esto es mucho más difícil sin acceso a la información pública, pero hay que compensar el vacío con más rigor y creatividad en la investigación periodística. La prensa de calidad prevalecerá si logra concebir una agenda propia, combinando la inmediatez de las noticias con profundidad, y sobre todo contando buenas historias a través de crónicas, reportajes, y entrevistas, que marquen la diferencia frente al bombardeo del amarillismo y el periodismo predecible.
Los medios también están obligados a promover su propia rendición de cuentas ante las audiencias para lo cual resultan imprescindibles los Códigos de Etica, los Observatorios de Medios, y sobre todo la promoción del debate público. La autorregulación de la prensa es un imperativo ético y profesional, antes que se imponga, como en otros países, un remedio peor que la enfermedad a través de leyes represivas emanadas desde el poder.
Medios y ciudadanos también comparten el desafío que plantea la revolución de las nuevas tecnologías, para promover una agenda de cambio democrático. Los nuevos medios digitales representan un enorme potencial comunicativo a favor de los derechos ciudadanos, pero la promesa de democratizar las comunicaciones demanda una convergencia entre medios independientes y movimientos sociales. La experiencia reciente demuestra que cuando los movimientos sociales auto convocados en las redes alcanzan la calle, los medios digitales se convierten en su vehículo natural de propagación.
Las oportunidades están a la vista. Mucha más gente puede opinar ahora de forma instantánea y los medios se benefician de la interacción con sus audiencias, pero aún falta mucho por hacer para mejorar la calidad del debate público. Los medios ya no tienen el monopolio de la oferta informativa y ahora cualquier ciudadano puede convertirse en un bloguero desde su casa de habitación o su oficina, pero al final, solo prevalecerán los medios que logren organizar la conversación en la red a través de un periodismo de calidad. El público está demandando un nuevo tipo de medios digitales: un híbrido que combine noticias al instante, investigación periodística, debate público, una plataforma multimedia, y periodismo de utilidad. Y la experiencia de Confidencial digital enseña que en Nicaragua ya se están dando los primeros pasos.
Por último, y no menos importante, está la responsabilidad que tiene el sector empresarial, hoy aliado del régimen de Ortega, con el futuro de la libertad de prensa. La independencia económica de los medios es condición sine qua non para afianzar su independencia editorial. La empresa privada puede convertirse en el soporte de un entorno económico favorable, o en el sepulturero de la libertad de prensa. Es lamentable constatar que la tendencia al secretismo y a imponer represalias publicitarias contra los medios que fiscalizan al poder, no es patrimonio exclusivo del poder público. Un proyecto de reconstrucción democrática del país requiere empresarios comprometidos con la libertad de expresión, que de verdad sean tolerantes a la crítica y al pluralismo de opiniones. No será fácil lograrlo, y a lo mejor resulta imposible, pero al menos hay que intentar un diálogo antes de que sea demasiado tarde.
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*Texto basado en una ponencia presentada en el Foro del Pen Internacional, capítulo Nicaragua, en el Día Internacional del Periodista.
Publicado en Confidencial, 22 de septiembre.
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