Hacia una reforma fiscal integral

Propuesta desde hace cuatro años, aprobada de manera incompleta, mutilada en algunas partes y posiblemente mejorada en otras, la reforma tributaria es sin duda un paso en la dirección correcta.
Las leyes aprobadas son avances en el ámbito tributario. Pero una reforma fiscal realmente integral exige mucho más: transparencia y calidad del gasto, combate a la corrupción, supresión de privilegios injustificados y fortalecimiento institucional.

Acertó el gobierno de Pérez Molina al lograr aprobar las leyes que desde hace mucho tiempo se necesitan para empezar a resolver las crónicas deficiencias financieras del Estado. Pero también le asiste la razón a la sociedad civil y a la oposición política al señalar que las reformas aprobadas hasta ahora son insuficientes, por lo que la ley Antievasión II (Decreto No. 4-2012), y la ley de Actualización Tributaria (Decreto No. 10-2012) deben complementarse con otras medidas fiscales urgentes.

Su éxito depende críticamente de la capacidad de la SAT para aplicarlas de forma apropiada. En una entrevista publicada la semana pasada, el Superintendente comentó las acciones para la aplicación de la ley Antievasión II, lo cual es positivo. Sin embargo, el seguimiento debe ser permanente, y como he solicitado públicamente, la SAT debe rendir informes periódicos (idealmente bimensuales), de los resultados de la aplicación de las reformas. En particular, debe informar de la recaudación recuperada.

Permanecen pendientes reformas a otras leyes tributarias o de fortalecimiento a la SAT. En particular, el Congreso sigue sin aprobar las reformas al Código Tributario y a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, requeridas para que la SAT acceda a información bancaria de los contribuyentes, bajo estrictas garantías de confidencialidad eso sí, y con ello mejorar la fiscalización y el control tributario. ¿Por qué tardamos tanto en aprobar estas reformas? ¿Será el pavor por la posibilidad que la SAT descubra que sus abultados balances bancarios no corresponden con la raquítica situación reflejada en sus declaraciones de impuestos? Ciertamente, este no es un temor de las clases media o baja.

El tema del secreto bancario y el intercambio de información con otros países es la condición para que logremos cumplir, por lo menos, el estándar de transparencia tributaria del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y evitar que con ello que Guatemala continúe en la “lista gris” de paraísos fiscales. Y es que, vergonzosamente, ¡sólo Guatemala queda pendiente de salir de la categoría “otros centros financieros” que se comprometieron a cumplir este estándar internacional, pero que todavía no lo han cumplido!

Es imperativo que lo que se ha ganando con la aprobación de estas leyes, no se pierda con más privilegios fiscales injustificados. El sistema tributario completo está amenazado por varias iniciativas de ley que buscan mantener y ampliar los privilegios para las maquilas, zonas francas, mineras, petroleras, proyectos energéticos, entre otros. Si el Congreso aprobó legislación para que la mayoría de los contribuyentes ejerzamos democráticamente la responsabilidad de tributar, el Estado debe ser responsable asegurando que este ejercicio sea obligatorio para todos por igual. Los ciudadanos debemos censurar enérgicamente cualquier acción o inacción que atente contra este principio fundamental.

Con las reformas aprobadas, la ciudadanía debe exigir transparencia y calidad del gasto público. La agenda legislativa pendiente de aprobación es larga: ley de Fideicomisos Públicos, de Enriquecimiento Ilícito, reformas a la ley Orgánica del Presupuesto, de Contrataciones del Estado y orgánica de la Contraloría General de Cuentas, solo por mencionar algunas. Si se pudo aprobar la reforma tributaria, ¿qué impide la pronta aprobación de estas?

En resumen, las leyes aprobadas son avances en el ámbito tributario. Pero una reforma fiscal realmente integral exige mucho más: transparencia y calidad del gasto, combate a la corrupción, supresión de privilegios injustificados y fortalecimiento institucional.

Lo aprobado debe ser solo el principio.

Ricardo Barrientos es especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Durante el período 1994-2005 se desempeñó como director y asesor técnico en la Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal de ese mismo ministerio. Como consultor independiente ha realizando trabajos de investigación sobre política fiscal, así como sobre evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala. Fue consultor independiente para el Grupo Promotor del Diálogo para el Pacto Fiscal, responsable de cubrir el área de tributación indirecta. Realizó estudios de doctorado en Matemática en la Universidad de Barcelona, España, (2005-2006). Tiene un Certificado en Tributación Internacional de la Universidad de Harvard, Estados Unidos (2000). Es matemático en el grado de licenciado por la Universidad del Valle de Guatemala (1995).

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