La semana pasada, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso se reunió para intentar revivir a un muerto político: la “ley de promoción de inversiones y empleo”, una iniciativa con un nombre engañoso, ya que en vez de inversiones y empleo, su aprobación lo único que logrará es que varias empresas no tributen pese a tener capacidad de pago. Una injusticia para las empresas honestas, competitivas e innovadoras, que saben hacer ganancias y generar empleos, sin depender de los privilegios que logren del Estado.
En dicha reunión, la Comisión de Economía, integrada mayoritariamente por diputados al servicio de las empresas que esperan cebarse con los privilegios fiscales, declararon “finalizada” la discusión de la ley, pese a las voces de rechazo y alarma. El pleito que esta iniciativa de ley ha generado dentro del sector privado es tan grande, que quienes quieren ocultarlo se atreven a asegurar públicamente que “todo el sector empresarial” apoya la ley, lo cual es evidente y obvio que no es así, un entredicho muy incómodo al percatarse que no todos los empresarios buscan exenciones tributarias. A ver, me consta que en Guatemala hay empresarios honestos y competitivos.
Quienes están acostumbrados a sobrevivir únicamente si alguien les da ventaja injusta o privilegios, naturalmente tienden a pensar que lo que dicen es verdad absoluta, y que se les tiene que creer sólo porque ellos lo dicen. El show de la Comisión de Economía es un chiste de mal gusto, si no una afrenta a la inteligencia de la ciudadanía cuando se declaró “finalizado” un debate sobre una propuesta de ley que es evidente que es objeto de rechazo y denuncia por parte de sectores importantes. Esta ley perjudicará no sólo a los miembros de la Cámara de Comercio de Guatemala, sino también a otras entidades del Estado y a la ciudadanía en general.
También creen que lo que ellos proponen es lo único que puede hacerse. Y en cuanto a la necesidad de atraer inversiones y generar empleos, la “ley de promoción de inversiones y empleo” no sólo no es la única opción (para quienes se forrarán con ella, seguro que es lo que más conviene), sino que definitivamente es cualquier cosa menos lo mejor. Vamos, no nos subestimemos como país o como sociedad, podemos proponer algo mejor que este adefesio legislativo. Podemos aspirar a ser competitivos y desarrollarnos sin necesidad de recurrir a privilegios injustos. Si los que pagamos impuestos podemos hacerlo, entonces ¿por qué ellos no?
La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República podría abrir una mesa plural y legítima, dejando de lado el interés parcializado de la Comisión de Economía (un espacio endogámico en el que se predica a sus propios conversos). En este foro público deberían asistir las empresas que piensan beneficiarse de los regímenes de exención de impuestos. Por un lado llegarían las maquilas que quizá sí necesitan con urgencia legislación nueva, pero por otro, me pregunto, ¿llegarían las empresas grandes que dejarían de tributar? ¿Se atreverían en este momento a dar la cara, o están agazapados esperando el momento en que el Gobierno les suelte la carroña para morderla?
Si hoy pago mis impuestos correctamente, me siento con el derecho de saber quiénes sí necesitan la legislación, y quiénes simplemente se van a forrar no pagando los impuestos que yo sí pago, y que gozarían de ventaja ilegítima al competir conmigo. Ése es un derecho cuya discusión definitivamente está lejos de finalizar.
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