“Ha desaparecido el que siempre había sido el enemigo público número uno de los empresarios”

Hugo Maúl Rivas tiene una percepción pragmática de los tributos. La experiencia de casi 10 años con el proceso del Pacto Fiscal lo ha vuelto un tanto crítico y otro tanto escéptico al intentar una compatibilidad entre la teoría y la práctica fiscal del Estado de Guatemala.

Si fuéramos puristas no podríamos criticar estas medidas de fiscalización sobre la realidad de ingresos y egresos que tienen las empresas. Lo que sucede es que en otros países sí funciona la SAT y aquí no.
Si somos muy críticos, volvimos a caer en el pasado: cobras más y gastas como antes. Si no somos tan críticos, hay que pensar que están trabajando en un paquete de leyes, que hay que esperar un poco, y darles el beneficio de la duda.

No obstante, como Director del Área Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, Maúl se muestra expectante, en alerta, aunque no optimista. Detallar un perfil de la política económica de Guatemala y estudiar los métodos de recaudación que son implementados cada cierto tiempo son parte de las cosas que lo mantienen ocupado.

Esbozando sus ideas doctoralmente sobre un pizarrón, Maúl comparte en esta entrevista su manera particular de evaluar una coyuntura perseguida durante varios años por los sucesivos gobiernos del país: los primeros pasos firmes de un pacto fiscal.

Gran parte de su análisis recae en sus intereses personales sobre la historia económica liberal del siglo XIX y cierta obsesión por la política pública en relación a la economía y la literatura, la economía y el pensamiento sistémico. Con todo ello su advertencia consiste en poner atención sobre el déficit fiscal, a la posibilidad de un endeudamiento que, según los expertos, la “actualización tributaria” no ha desterrado y apenas mitigará en un uno por ciento del Producto Interno Bruto.

¿Cómo evalúa esa forma tan apresurada de consenso para viabilizar una reforma tributaria?

Antes que nada hay que identificar al malo de toda la historia reciente de la reforma tributaria y decir que hoy, con la nueva ley aprobada, misteriosamente ha desaparecido. Su nombre técnico de “Límites a los Gastos Deducibles”, pero tuvo muchas otras formas… otros nombres. Fue conocido como Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal (ISET). Se restableció luego con otro nombre: Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA). En junio del 2004 apareció una vez más con el nombre de Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). Todos ellos, tras presión político-económica, fueron declarados inconstitucionales.

En la nueva propuesta, este tipo de medidas ha dejado de existir.

¿De qué servían?

En sí, intentaban plantear un límite en los costos de producción de las empresas para que reportaran datos reales sobre pérdidas y ganancias en sus métodos de funcionamiento. Por ejemplo, lo más que podían reportar era 97 por ciento en pérdida, no más. El 3 por ciento restante, es decir, la ganancia neta de la empresa, era la que debía pagar impuesto. Un 31 por ciento de este 3 por ciento.

Lo que pasa hoy es que este “control” para las empresas deja de existir. Y con la ley, las empresas pueden reportar lo que les convenga. Imagina un 100 de pérdida y nada de ganancia. Ese 0 de ganancia no paga impuestos.

El problema es que el Estado queda atado, debe confiar y tener fe en lo que reporten de ganancias y pérdidas todas las empresas.

Lo que siempre había sido el enemigo público número uno de los empresarios prácticamente ha desaparecido.

Y eso facilitó el consenso…

Según yo, fue por este detalle que deja de existir. La reforma en realidad no levantó los gritos de ningún sector. Ni de las izquierdas onegeístas, como diría Mario Roberto Morales, ni tampoco de los progres guatemaltecos, menos aún de los empresarios.

Todos estos grupos, por ejemplo, mostraron una encarnizada oposición con la reforma que se hizo en 2004. El Colectivo de Organizaciones Sociales, dirigido por Carlos Barreda y Orlando Blanco, hoy ha replegado sus manifestaciones y sus peticiones. No sólo el CACIF, que no lo defiendo, ha guardado sospechoso silencio ante la nueva medida.

¿Funcionaron en su momento estos controles impositivos para que el Estado recaudara más impuestos?

En realidad, en países serios no existen estos límites a los gastos deducibles. No es imaginable. ¿Por qué? Porque en países como Inglaterra, España o Estados Unidos la administración del sistema tributario es un monstruo al que no se le va una. Además de la independencia de las presiones políticas y de no tener chapuces en su integridad. Son, por plantearlo de alguna manera, administraciones tributarias serias.

Si fuéramos puristas no podríamos criticar estas medidas de fiscalización sobre la realidad de ingresos y egresos que tienen las empresas. Lo que sucede es que en otros países sí funciona la SAT y aquí no.

¿Podemos confiar en el fortalecimiento de la SAT con la aprobación de Antievasión II?

Estás hablando con alguien como yo, que soy un descreído. La experiencia dicta que entre la teoría y la práctica hay una brecha enorme. La ley Antievasión II efectivamente le da una serie de herramientas de fortalecimiento a la SAT pero pasarán al menos dos años para que las disposiciones operativas contempladas empiecen a funcionar. Con una dificultad de asimilación grande en la sociedad, de padre-dios-nuestro.

En el pasado se han inventado un montón de cuestiones para fortalecer el sistema de recaudación. El régimen de utilidades y los límites que te explicaba, por ejemplo, fueron una de ellas. Es decir, la SAT nunca ha dado la altura. Y me cuesta creer que esta vez funcione.

¿Ha sido simplificado el modo de recaudación?

En parte sí. Se refleja en la progresividad. Hasta el momento, en el papel, la progresividad te reflejaba una recaudación bestial: 10, 15, 25, 31 por ciento… En la práctica, hacé de cuenta que se trata de poner un cartel de alto voltaje a una reja y si pones la lengua apenas hace cosquillitas.

La simplificación de los rangos es algo que hicieron bien. Aunque desde mi perspectiva el problema fue subir de Q36 mil a Q48mil el mínimo vital. Allí creo que se les fue la mano. Además de considerar una exención mediante el IVA a los que ganan hasta Q60mil. En esa ampliación tan grande dejarán escapar a un importante número de contribuyentes que hubieran podido tributar con otro tipo de medidas.

La progresividad más que hacerla del lado de los ingresos, debiera hacerse desde los egresos del Estado. Si se hace como ahora, se requiere de una SAT muy fortalecida, técnica, independiente de los sectores con poder de veto. No es el caso de Latinoamérica y mucho menos para Guatemala.

¿Qué significaría la progresividad del gasto público?

Nada más establecer porcentajes de gasto específicos sobre los más pobres, la clase media, y sobre la media-alta. La mayor parte del gasto público se distribuiría en sectores necesitados, y no tanto en los que posean mayor riqueza. Sería varios rangos que hablarían de progresividad.

Sin embargo, de gasto es de lo que menos habla la ley aprobada.

Por eso la propuesta del G40 ponía al mismo nivel de importancia la reforma de recaudación de los tributos y el modo de encausar los ingresos del Estado. ¿Cómo? Haciendo reformas a la ley de compras y contrataciones, a la ley orgánica del presupuesto, al servicio civil, a los fideicomisos... En fin, todas las que el gobierno necesita modificar salvo que la propuesta original contemplaba un paquete conjunto, y no esperar varios meses para ver si se podían aprobar.

¿Y qué significado esconde la reforma si sólo ha examinado el tributo?

Si somos muy críticos, volvimos a caer en el pasado: cobras más y gastas como antes. Si no somos tan críticos, hay que pensar que están trabajando en un paquete de leyes, que hay que esperar un poco, y darles el beneficio de la duda.

¿Aumentar el mínimo vital refleja algo en el número de los contribuyentes? ¿Obedece realmente a la devaluación de la moneda?

Realmente no hay incremento en el número de los contribuyentes. Hay, en sí, una gracia para aquellos que ganan entre Q3 y Q5 mil, digamos que se despreocupan de andar corriendo y buscando una forma de llegar a completar sus facturas cada fin de año.  

Tampoco crece la cifra de tributantes porque el empleo formal no se ha incrementado. Obedece a esto y no a la devaluación de la moneda. El impuesto se puede cobrar únicamente a aquellos trabajadores que detectas por medio del IGSS, en relación de dependencia, a los demás no los encontrás, están fuera de esta dinámica y se dedican al comercio informal. Decir que la reforma tributaria afecta a los trabajadores de Guatemala es tan sólo otro discurso de la izquierda onegeizada. La gran clase trabajadora de Guatemala es informal –un 80 por ciento–, y sí, están a la buena de dios, ni dan ni reciben nada del Estado.

¿Y se ha pensado alguna propuesta para incluir al comercio informal?

Se habló en un momento del monotributo. O el régimen del pequeño contribuyente que fue ampliado de Q60 mil a Q150 mil sobre sus ventas anuales.

No obstante, el Gobierno argumenta que el comercio informal se autoregulará o se incluirá en la jugada mediante el pago de impuestos indirectos como el IVA.

Bueno, de hecho pienso que este detalle fue también parte de lo que viabilizó la aprobación de este Pacto Fiscal. En la propuesta del Grupo Promotor había un esquema especial donde los grandes distribuidores, como las telefónicas, tenían que cobrar el IVA a cuenta de los minoristas, en este caso, por ejemplo, los vendedores de tarjetas y recargas. Si daban facturas a los distribuidores estos debían retener un monto y presentarlo luego al fisco. Desde luego, esa medida no pasó. En 2004 fue odiada tanto por el CACIF como por los sectores de la izquierda onegizada. Hoy se quedaron callados.

Pero mirá, este recurso a largo plazo podría tener resultados favorables y simplificar e incentivar un incremento en el régimen de pequeños contribuyentes. Aun si es este sector el más desfavorecido con la reforma al pagar, ahora, un 7 por ciento.

¿Qué significa, por ejemplo, que la carga tributaria se incremente un 1 por ciento del PIB tras la implementación de la reforma tributaria?

Con el pacto fiscal que se dio con los acuerdos de Paz lo que se buscaba era llegar a tener suficientes recursos del Estado para beneficio de todos. El problema es que se asumieron compromisos no sólo de recaudación sino también de gasto. Al 13 por ciento del PIB que contemplaba la propuesta original no hemos llegado. Y sin embargo, con todos los compromisos de la firma de la Paz, los gastos llegan al 15 por ciento del PIB. Se están cumpliendo los acuerdos de Paz, sí, pero solo desde los egresos.

Ya nos estamos gastando lo que no tenemos de recaudación y eso es deuda. Hay gasto pero no de la forma que se previó.

¿Entonces la reforma tributaria sí nos habla abrumadoramente de un déficit fiscal?

Sí, es un paquetazo pero con déficit. Es deuda. No van, no deben, no podrán reducir el gasto público. Aunado a las “inversiones” que ya tiene el Estado, lo que preocupa es que este Gobierno ya trae muchos compromisos, muchas promesas, quieren seguir gastando y la reforma, solo con eso que menciono, ya se quedó corta.

El déficit es como una bola de nieve que crece, que puede convertirse en un problema gigante. Cada quetzal que el Estado recibe ya tiene cierto porcentaje encaminado a pagar la deuda. A estas alturas, cada quetzal tiene 30 por ciento más o menos que sirven para el déficit. El porcentaje que queda de cada quetzal luego del pago de la deuda también cumple con otros propósitos previamente comprometidos: Deportes, USAC, Cocodes, Comudes… La alerta es en realidad ésta. 

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