Hace más de tres décadas, la zona ixil retumbaba con el tronar de las bombas y los morteros, con el ulular de los helicópteros (las máquinas que vuelan, como se traduce del idioma ixil) y se estremecía con el dolor y el llanto de las gentes. Hombres y mujeres; adultos, adultas y jóvenes; ancianas y ancianos; niños y niñas; en realidad no hubo distinción por edad o género. Tan solo por pertenencia étnica: eran ixiles, algunos quichés; en definitiva y según la definición estatal contrainsurgente que tenía vigor en 1982y 1983, todas y todos eran indios y si eran indios eran guerrilleros y si eran guerrilleros eran el enemigo interno y si era el enemigo interno, había que aniquilarles.
Ésa era la lógica de la estrategia desarrollada para enfrentar a un adversario convertido en enemigo. Para justificar la acción militar sobredimensionada e hiperempoderada para borrar de la faz de la Tierra a quien entrara en dicha definición. La lógica militar, gestada al tenor de los análisis e informes de los servicios de inteligencia, que se relacionaban mediante el canal de inteligencia -esa intrincada red que avanza desde la información en la base y en el terreno, y que sube nivel por nivel en la cadena de agentes, oficiales y unidades de la segunda sección (hoy dirección), del Estado Mayor de las fuerzas armadas, hasta llegar a donde se procesa para producir los análisis de los que derivan las decisiones y planes de acción estratégica que luego vuelven, bajando, nivel por nivel, al desarrollo operativo-, terminó por dibujar un supuesto enemigo representado en cada ser viviente de procedencia ixil en Nebaj, Cotzal y Chajul, en Quiché.
Producto de sus análisis, el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), hoy Estado Mayor de la Defensa Nacional, estableció, entre otros, el Plan Victoria 82 (general y nacional) y de éste derivó, también entre otros, el Plan Operación Sofía (operativo concreto en el terreno). Un Estado Mayor integrado por el Jefe de Estado, el ministro de la Defensa Nacional y el Jefe de EMGE. Puestos que ocuparon José Efraín Ríos Montt (jefe de Estado y Ministro) y Héctor Mario López Fuentes (Jefe de EMGE), en el período que se analiza en las cortas. Ellos tomaron las decisiones con base en la propuesta de los análisis producidos por la Sección (hoy Dirección) de Inteligencia, conducida en ese lapso, por José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Es decir, la cadena de mando se refleja en dos dimensiones referidas a la producción de la información y al diseño de las acciones o respuestas. Estas últimas convertidas en órdenes de carácter militar. Basados en este esquema, los altos mandos se propusieron aniquilar a su enemigo interno y ese enemigo resultó ser, en última instancia, todo ser ixil en el área en cuestión. En ese entonces, el Estado conducido por sus fuerzas armadas tenía el poder, los medios y la decisión para llevar adelante sus planes. La población que los sufrió, sólo tuvo el recurso de la montaña para esconderse y, al final, ni esto le bastó pues, habiendo órdenes de aniquilar al enemigo, también fue perseguida en la montaña. Allí, sus pocos recursos de vida fueron eliminados, al igual que lo habían sido sus pertenencias. Quienes no murieron por las balas y los morteros o bayonetazos, murieron de hambre, de susto, de frío: de dolor.
Hoy, tres décadas después, tenemos la oportunidad única de cerrar ese ciclo de barbarie al que el racismo estructural nos llevó como sociedad. Mucho terreno tenemos todavía por andar. No será una autopista ni un camino de rosas. Habrá escollos, espinas y grietas, pero habrá camino. Un camino que está siendo marcado por el coraje de las mujeres ixiles que nos dieron lección de dignidad al denunciar, en la corte, cientos de kilómetros y miles de días después de su martirio, el dolor que representó la violación que sufrieron. Camino que se abona con la valentía de los hombres y las mujeres ixiles que vienen a decirle a los jueces lo que no pudieron decir hace 31 años: que el Estado representado en el ejército, les persiguió, les ejecutó, les aniquiló en un claro desborde y abuso de poder, nutrido por el racismo que permitió el genocidio.
No se juzga si hubo o no hubo genocidio. Eso ya está probado. Se juzga si los hoy procesados y presentados a los tribunales -recuérdese que López Fuentes fue declarado inimputable (pero no inocente), por incapacidad física y mental-, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, tienen responsabilidad en esos hechos, en función de las posiciones que ocupaban en el período. Para ello, hay un tribunal establecido funcionando en el marco del Estado de derecho y hay un proceso penal que contempla los medios de prueba para la acusación (más de 800) y para la defensa (bastante deficiente e inútil).
Cuando llegue la sentencia, cualquiera que sea su contenido, Guatemala no será la misma y tendrá para sí, un gran camino por recorrer. Mientras tanto, sólo podemos agradecer a las organizaciones de derechos humanos y a la población ixil que ha conducido el caso, muchas gracias por llevarnos ante el espejo del racismo y ofrecernos la oportunidad de empezar a enmendarlo, juzgando y condenando el genocidio.
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