Ricardo Barrientos es especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Durante el período 1994-2005 se desempeñó como director y asesor técnico en la Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal de ese mismo ministerio. Como consultor independiente ha realizando trabajos de investigación sobre política fiscal, así como sobre evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala. Fue consultor independiente para el Grupo Promotor del Diálogo para el Pacto Fiscal, responsable de cubrir el área de tributación indirecta. Realizó estudios de doctorado en Matemática en la Universidad de Barcelona, España, (2005-2006). Tiene un Certificado en Tributación Internacional de la Universidad de Harvard, Estados Unidos (2000). Es matemático en el grado de licenciado por la Universidad del Valle de Guatemala (1995).

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Guatemala en la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP)

La semana pasada se realizó en Brasilia la primera reunión anual de alto nivel de la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).

En su declaración (septiembre de 2011), los países participantes en la OGP se comprometieron a aumentar la apertura de los gobiernos, fomentar y proteger la participación ciudadana, promover la transparencia y luchar contra la corrupción con innovación y tecnología. Para ser elegible en la OGP deben cumplirse los siguientes cuatro criterios: (i) transparencia fiscal; (ii) ley de acceso a la información pública (LAIP); (iii) publicar las declaraciones de probidad de los altos funcionarios de gobierno, especialmente los de cargos de elección popular; y (iv) promover la participación ciudadana, ofreciendo garantías y protección para las libertades y derechos ciudadanos.

La adhesión de Guatemala a la OGP se formalizó en julio de 2011 mediante una carta del entonces vicepresidente Espada, ratificada en enero de 2012 por la vicepresidenta Baldetti. En la última misiva se informa que Brenda Quiñónez, la primera persona nombrada como Secretaria de Control y Transparencia del Organismo Ejecutivo (SCT), sería la persona responsable de la OGP en nuestro país.

Sin embargo, nuestra participación en el arranque de esta importante sociedad global ha sido accidentada. Por conflictos con la vicepresidenta Baldetti, Quiñónez renunció y la recién creada SCT permaneció acéfala por varias semanas. Y fue hasta el mismo día de clausura de la reunión de la OGP (18 de abril), cuando se nombró a Verónica Taracena como la nueva secretaria de la SCT, y con ello responsable en nuestro país de la OGP. Sin embargo, al parecer Taracena es la persona que la vicepresidenta quiso imponerle al nuevo superintendente de la SAT como intendente de aduanas. Este último, un mal paso si a transparencia y recuperación de la confianza ciudadana vamos.

El principal propósito de la reunión de Brasilia fue la presentación del plan de acción de cada gobierno. El plan de acción del gobierno de Guatemala habla de incrementar la integridad pública y la efectividad del manejo de los recursos. Como esfuerzos del gobierno se enumeran la creación de la SCT, las iniciativas de ley 4461 y 4462, gestión por resultados y gobierno electrónico. Se compromete a implementar un sistema de evaluación de gestión por resultados y control del crédito público. Finalmente, asegura que el plan se socializó con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, pero no se indica cuáles, ni cuál fue el criterio de selección (una muestra de opacidad, ¿no?).

Este plan de acción es una agenda parcial de transparencia fiscal, pero es solo uno de los cuatro criterios de elegibilidad para la OGP. Ya tenemos una LAIP, pero el plan de acción publicado no dice nada de las dos condiciones restantes: publicar las declaraciones de probidad de los funcionarios de gobierno (como mínimo elaboración de la iniciativa de ley y compromiso político de aprobarla), y garantías y protección para la participación de la sociedad civil.

La idea de adherirse a la OGP es que el gobierno y la sociedad civil trabajen de la mano, sin autoritarismo ni jerarquía. Y así lograr que, precisamente, el gobierno se abra a la ciudadanía.

Claramente un alfil de la vicepresidenta Baldetti, hasta el punto que se pretendió forzar su nombramiento como intendente de aduanas, la nueva secretaria Taracena tiene, entre otros muchos, el gran desafío de lograr que Guatemala sea un miembro efectivo y de vanguardia en la OGP. Sin discriminación ni preferencias, sabiendo escuchar, recibir críticas y propuestas, pero sobre todo, dejando de lado el autoritarismo, con el cual se quiso actuar en la SAT, hace solo unos días.