Un cambio fundamental es que las reglas del juego no sean las mismas. Sin modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el monopolio del poder para la decisión queda en manos de los mismos actores: los partidos políticos que hoy forman el sistema. Los mismos esquemas responsables de la norma que solamente ha favorecido el mantenimiento del estado de cosas que tolera y fomenta la corrupción y la opacidad en la administración pública.
De ahí que se insista en la reforma. Sin embargo, dueños de la puerta del poder político, como han sido hasta hoy, los partidos representados en el Congreso pretenden dar atol con el dedo al convocar a mesas de discusión para reformas legales que en materia electoral solo serán vigentes hasta el próximo proceso. De esa manera, el evento actual se realizaría en las mismas condiciones en las que hasta ahora han construido un sistema que se cae en pedazos cada día que pasa.
Un argumento esgrimido es la necesidad de respetar la ley y de no alterar el calendario de recambio que establece la Constitución. Se trata de un candado legal que no requiere ser quebrantado si existe la voluntad real de atender el reclamo social y ofrecer un cambio en las reglas del juego.
El primer paso, según han planteado exconstituyentes, es la modificación del decreto de convocatoria a elecciones a fin de aplazar el evento a razón de llevar a cabo la primera vuelta en noviembre y la segunda en diciembre. Esto permitiría que el cierre de inscripciones llegara hasta julio como mínimo. En ese ínterin se deberían producir las reformas necesarias a la LEPP, que deberían incluir la derogatoria del artículo que impide la entrada en vigor de las reformas en este proceso electoral.
Los otros cambios habrían de encaminarse a la modificación de los artículos que limitan la participación de los comités cívicos en la propuesta de candidaturas al Congreso, lo cual en la actualidad es un monopolio de los partidos políticos. Es factible introducir este cambio y, además de democratizar, facilitar la participación de candidaturas independientes al Organismo Legislativo. Esto pasa por modificar los artículos relativos a estas agrupaciones, así como el que les da exclusividad de ello a los partidos políticos.
Es también factible incluir modificaciones que garanticen la efectiva propuesta de candidaturas de mujeres en igualdad de condiciones, al igual que la posibilidad de que los pueblos maya, garífuna y xinca puedan contar con representación a partir de la obligatoriedad de incluir un mínimo del 50% de nominaciones de participantes de estos pueblos en los distritos donde el censo los ubique como mayoritarios.
Son los cambios mínimos indispensables para abrir la posibilidad de democratizar la participación social sin alterar el calendario constitucional de intercambio de autoridades. Mínimos para facilitar el inicio del proceso de renovación. Indispensables para modificar las reglas del juego, ahora controlado por las mafias que han asaltado y destruido el débil andamiaje del Estado guatemalteco.
De no producirse estas reformas y mantener a ciegas un calendario electorero no electoral, el descontento ciudadano seguirá creciendo y pasará la factura a los únicos responsables de la debacle del sistema: los actuales partidos políticos y las cabezas visibles de estos.
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