Previamente, el gobierno del presidente Colom lo había requerido a raíz de los daños provocados en el 2010 por la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya. A principios de este año, la solicitud se realizó durante la visita a Guatemala de la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y se reafirmó durante el encuentro que sostuvo el canciller Caballeros con la secretaria de Estado Hillary Clinton –en esta ocasión también se solicitó el desembargo que opera sobre Guatemala para la venta de armas y apoyo militar.

Las ventajas del TPS son evidentes: los beneficiarios, siempre y cuando se encuentren inscritos ante las autoridades americanas, no son deportables, pueden obtener un permiso de empleo y autorización para viajar a sus lugares de orígenes y volver a los Estados Unidos. Aunque los privilegios otorgados no se extienden a las familias, los inmigrantes mejoran las condiciones de incertidumbre, estabilizan su residencia y pueden optar por mejores trabajos.

En este sentido, un TPS garantiza un flujo sostenido de remesas. Las remesas para Guatemala son un elemento esencial para su estabilidad, no solo corresponden a cerca del 40% de las exportaciones sino que según estudios del Banco Mundial significan avances en términos de pobreza que no se han podido hacer mediante los efectos del crecimiento económico (teoría del derrame) o la acción del Estado. En otras palabras, las remesas generan grandes impactos positivos en aspectos estructurales en los que no es necesario incurrir en costos políticos o mejorar la gestión del Estado.

Ahora bien, la viabilidad del TPS para Guatemala depende de varios factores. El primero, la naturaleza misma por la cual existe este estatus temporal. De acuerdo con el Immigration Act de 1990 (IMMACT90 Sec. 244), el secretario de Seguridad Nacional podrá designar a un país para TPS debido a las siguientes condiciones: constantes conflictos armados (como la guerra civil); un desastre ambiental (tales como terremotos, huracanes o una epidemia) u otras condiciones extraordinarias temporales que impiden que a los inmigrantes regresar a su país de origen.

Invocar como causal para obtener el estatus temporal los daños provocados hace dos años por la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya pareciese un poco complicado más aún cuando el PIB del país creció en el 2010 y 2011, 2.8% y 3.9% respectivamente y cuando la reconstrucción no fue uno de los principales temas de la reciente reforma fiscal. No obstante lo anterior, en política exterior todo se puede.

Segundo, obtener el TPS implica costos políticos para el gobierno del presidente Obama. La incertidumbre económica, el año electoral y el nuevo auge de las ideas libertarias de los Republicanos, hará que los Demócratas actúen con mucha cautela en temas migratorios. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el TPS implica considerables costos administrativos para atender las solicitudes de los inmigrantes guatemaltecos, pues se habla que existen más de un millón trescientos mil guatemaltecos en los Estados Unidos, 60% en estatus de ilegitimidad. Hasta el momento solo ocho estados –el último Siria en el 2012– son beneficiados por el TPS, entre estos solo El Salvador posee una cantidad similar de inmigrantes a la de Guatemala en el territorio de los Estados Unidos. De igual forma, es relevante anotar que un TPS podría disminuir bruscamente las cifras de deportación –Guatemala es el segundo país del mundo con mayor deportación desde los Estados Unidos– y poner en duda uno de los criterios con que se mide la eficiencia de la política migratoria.

En consecuencia, parece que el choque en torno a la despenalización de las drogas y la solicitud de un TPS formasen parte de una estrategia que busca en parte apalancar recursos que permitiesen mejores condiciones para el desempeño del gobierno. No obstante, las causas y las condiciones para poder otorgar el TPS están complicadas, el que las remesas produzcan cambios estructurales debiese ser un punto para analizar detenidamente por los Estados Unidos o por lo menos para buscar otra vía para salvaguardarlas.

Por otra parte, parece algo paradójico que el Gobierno apele a un TPS. Este fue uno de los instrumentos artífices del fracaso de la reunión de Antigua sobre despenalización y de los roces entre los Presidentes de istmo. El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen vigentes estatus de protección temporal sobre sus nacionales y muy seguramente pensaron detenidamente las implicaciones futuras que tendría en las relaciones con los Estados Unidos el asistir a la reunión de Antigua. En este sentido es relevante preguntarse si Guatemala está dispuesto a través de este instrumento a alinearse con los Estados Unidos y perder grados de autonomía, tal como sucedió con aquellos gobiernos que no asistieron a Antigua o si por el contrario –debido a su participación en el Consejo de Seguridad– es el momento ideal para negociar y no perder independencia.

Finalmente, queda la duda de qué tan propensos son los Estados Unidos en brindarle al Presidente un premio electoral. No puede desconocerse que después de iniciar el debate en torno a la despenalización ya no es un allegado de los Estados Unidos y que otorgar un TPS generaría grandes proporciones de simpatizantes al Partido Patriota en el exterior y el interior del país. Por el momento la respuesta de los Estados Unidos ha sido aumentar en cerca de 40% el flujo de deportados desde enero de 2012 en comparación con el 2011.

Lo perverso de todo este asunto es que el Estado, en lugar mejorar la capacidad distributiva y la atención de servicios sociales, sea quien promueva la migración de sus connacionales para disminuir la tensión social y los índices de pobreza, y que sean los inmigrantes –y por qué no, los americanos– quienes realmente resuelvan el problema estructural de la distribución interna de los recursos.