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"Estamos viviendo un cierre de espacios de comunicación"
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"Estamos viviendo un cierre de espacios de comunicación"

Lo que sucede en Guatemala es que se dan de los dos tipos. Hay cada vez más amenazas físicas y agresiones, los cuatro casos de asesinato del año pasado que mencionabas. Que es para Guatemala un salto enorme hacia atrás porque desde hace muchos años no teníamos tantos hechos de este tipo contra la prensa, pero además se da la agresión legal.
Si la publicidad electoral sigue siendo privada va a ser del crimen organizado, porque es el que más plata tiene, lo que vamos a tener es un narcogobierno, con "narcodiputados" y "narcoalcaldes". A los partidos políticos debería el pueblo exigirle cuentas, pero eso es más complicado, pero al Tribunal Supremo Electoral sí se las puede pedir.
Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión.
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Es el relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión desde 2008. Guatemalteco, fundador del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Washington, D.C.) y Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos entre 2004 y 2008. Aunque debe monitorear la situación en el mundo, en esta entrevista, Frank La Rue se enfoca en Guatemala: Las agresiones físicas y legales contra los periodistas, la precariedad laboral del ejercicio periodístico y el escaso respaldo de los medios de comunicación a la denuncia de las intimidaciones, la propiedad de los medios de comunicación, y la prácticas monopólicas y su implicación para la democracia.

Que el relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión sea guatemalteco no deja de ser paradójico.  Guatemala registró el año pasado el asesinato de cuatro periodistas, Jaime Napoleón Jarquín Duarte, Luis Alberto Lemus Ruano, Luis de Jesús Lima y  Carlos Alberto Orellana Chávez. Además de un clima de numerosas agresiones físicas, amenazas verbales e incluso acciones legales contra periodistas.

Una situación que se vio reflejada en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2014, realizada por Reporteros Sin Fronteras, en donde Guatemala  ocupó el puesto 125 entre 180 países evaluados.  En una calificación donde 0 representa un total respeto a la libertad de los medios de información y 100 la mayor censura, Guatemala obtuvo una nota de 36.61. Esta evaluación mide el pluralismo de los medios de comunicación, su independencia, el ambiente de trabajo, la auto censura, el marco legal y la transparencia del ejercicio periodístico y la infraestructura

¿Hay un aumento en las agresiones contra la prensa a nivel global o está  focalizado en algunas regiones?

Hay una tendencia a un aumento de la tensión contra la prensa, lo que se debe a dos factores: El primero es que cada vez hay más periodismo de investigación, y leyes de acceso a la información pública, con lo cual es más fácil documentar hechos de corrupción de las autoridades y el vínculo que puedan tener con el crimen organizado. El segundo factor es el uso del internet. Ahora todos los medios tradicionales tienen una versión en línea y además hay medios que están solo en línea que tienden progresivamente a abarcar más público, con lo cual se puede llegar a cualquier parte del mundo en tiempo real. Su importancia se muestra en eventos internacionales como la caída de las dictaduras  de Egipto y Túnez, por ejemplo.

¿Y qué hay de las amenazas, las formas siguen siendo las mismas?

Estas son de dos tipos, las amenazas físicas, que van desde las cartas, la intimidación, la vigilancia hasta las agresiones directas, y  por otra parte las amenazas legales. En el continente americano hemos logrado avanzar en la erradicar el delito de desacato. Hay cada vez menos países con este delito. Un tipo de delito que usaban los gobiernos para intimidar a las personas, no sólo a los periodistas. Mientras que ahora se están usando otros delitos de opinión, como la difamación y la calumnia. En el mundo entero hay un consenso, en las relatorías de Naciones Unidas, de que hay que despenalizar los delitos de opinión.  La difamación y la calumnia, deben tener acciones legales, pero acciones legales civiles, porque lo que se busca es corregir una ofensa o un dato falso, y que el juez ordene la corrección o las disculpas públicas, pero no meter a alguien a la cárcel porque ese es un acto intimidatorio.

¿En el caso de Guatemala, en donde tuvimos cuatro homicidios de periodistas el año pasado cómo se están produciendo estas agresiones?

Lo que sucede en Guatemala es que se dan de los dos tipos. Hay cada vez más amenazas físicas y agresiones, los cuatro casos de asesinato del año pasado que mencionabas. Que es para Guatemala un salto enorme hacia atrás porque desde hace muchos años no teníamos tantos hechos de este tipo contra la prensa, pero además se da la agresión legal. Está el caso de José Rubén Zamora, donde la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y el presidente, Otto Pérez Molina,  las autoridades de más alto nivel, plantean querellas legales directamente en los tribunales.  Esto llama la atención, primero, porque no utilizan al Ministerio Público, para presentar su  denuncia penal; segundo se van directo al tribunal, lo cual significa que ellos buscaron el tribunal que pudiera ser afín a su demanda, y tercero, ponen en entredicho la independencia judicial, la manipulación que el Ejecutivo hace del sistema de justicia. Y por último lo hacen con delitos que no son de opinión. En el caso de la Vicepresidenta usando la Ley de Feminicidio y la demanda del Presidente es por extorsión y amenazas, pero le agregan un delito de opinión que es el de desacato, que irónicamente ya no existe en el país.  Todo el mundo criticó estas acciones, porque además los hace caer en el ridículo, el desacato es el delito que exactamente se elimina en América latina por instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es una violación a la libertad de expresión.  No sólo están violentando la libertad de prensa con las demandas, sino que además lo hacen con un delito que fue eliminado para proteger a la prensa.

¿Aunque se retiraron las demandas, igual puede interpretarse como una intimidación?

Ese es el tema. Es lo mismo que hizo Correa (Rafael) en Ecuador, el presidente Correa demanda al periódico El Universo, por US$40 millones y a dos columnistas por US41.5 millones a cada uno. Al final los condena, pero los perdona. Pero eso no quita el hecho, es un acto intimidatorio. Lo mismo pasó en Guatemala cuando el Presidente y la Vicepresidenta retiran la demanda, además, de paso, dejan mal al sistema de justicia, porque dan la impresión de que el sistema de justicia se deja manipular por el Ejecutivo.

¿Cómo afectan las condiciones de precariedad laboral y  conflictividad social del país el ejercicio del periodismo?

Uno de los planteamientos que he hecho a  nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es que la obligación de protección que tiene el Estado es en todo lugar y ocasión, no sólo por parte física de las fuerzas de seguridad nacional, policía o ejército, sino en toda labor incluso con la población.  La labor periodística es tan importante para la democracia que debe ser protegida en todo momento. Cualquiera que sea la opinión que él o la periodista ejerza públicamente. Ahora bien, también hay una responsabilidad de los medios  en capacitar al personal en medidas de seguridad y en brindarles protección, una queja que hay de los periodistas en el mundo entero es que cada vez más el medio donde publican no asume su responsabilidad, hay una debilidad laboral, los grandes medios a nivel global están cada vez más reduciendo su planta de reporteros y contratándolos por contenido, no tienen al reportero en su plantilla. Entonces esto se vuelve cada vez más peligroso, los periodistas se encuentra sin seguro social, sin seguro de vida, y sin medidas de protección de los medios.

Desde el año pasado el gobierno central por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, viene anunciando la creación de una política de seguridad a los periodistas, pero hasta la fecha no se ven acciones concretas en esa línea. ¿Por qué ha fracasado esa política de seguridad para periodistas por parte del gobierno?

Primero porque es una copia del plan de Colombia, que es muy bueno, pero hay dos factores que no lo hacen aplicable. El plan de Colombia depende de la Presidencia y el mismo presidente Santos (Juan Manuel), está interesado en que esto camine, tiene involucramiento personal del ministro de Gobernación, presupuesto, es una comisión multiinstitucional, tiene al gobierno central, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, pero además tiene a representantes de periodistas, Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, un conjunto de gente que le da diversidad de opiniones. Y tiene dos subcomisiones de análisis de riesgo y análisis de las medidas a tomar, esto funciona porque todo el mundo quiere que funcione. Pero aquí el gobierno anunció hace un año el plan de protección, no le puso presupuesto, no le puso un responsable, habló de crear una comisión nacional y comisiones departamentales, eso de crear comisiones por crearlas es la mejor fórmula para no hacer nada. No hay voluntad política. No hay ninguna seriedad en el planteamiento.

La política de seguridad para periodistas, impulsada por este gobierno, viene acompañado del anuncio de realizar un censo de periodistas...

Eso es malo. En ninguna parte del mundo se plantean políticas de seguridad a periodistas a partir de censos. El periodismo es la carrera más libre que hay, no implica tener un título ni una asociación profesional, ni un registro con el gobierno. Es importante que los periodistas estudien en su especialidad o en otras carreras, es importante tener asociaciones profesionales para la defensa de los derechos, pero un registro con el gobierno no se  debe tener, esto sirve para atender actos públicos, pero el periodismo no necesariamente tiene que cubrir las fuentes oficiales.  Si se exigen estos requisitos es un acto de intimidación, si se plantea un censo debe ser condenado por la prensa como un acto de intimidación porque esto limita las posibilidades de ejercer.

¿Cuál es la mayor amenaza para los periodistas en el caso de Guatemala? ¿Las agresiones provienen más de las autoridades locales, de la autoridad central, del crimen organizado, de la población en general…?

Es muy común que se dé, sobre todo en el caso de los fotógrafos y camarógrafos que son fácilmente identificables por su equipo, la agresión tanto de la población en general como por autoridades. También se ha dado la confiscación o la destrucción del equipo o las agresiones. En el Consejo de Derechos Humanos hemos planteado que la obligación de protección del Estado es en todo lugar y situación, no solo de parte de las fuerzas de seguridad nacional, policías, policía municipal, el Ejército, sino también de la misma población en situaciones como protestas. La labor periodística es tan importante para la democracia que debe ser ejercida en todo momento.

Respecto a las denuncias penales, los periodistas parecieran ser los que menos confían en el sistema de justicia Según la ONG, Udefegua (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos) esto se debe a qué a los periodistas conocen mejor los vicios del sistema de justicia que otros defensores de derechos humanos que ellos atienden. ¿Es esto cierto?

Ese es el problema. La falta de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos, lo que genera es una autocensura, porque se cuidan más de denunciar corrupción, hechos delictivos, sobre todo si involucran a la fuerza pública. Lo cual debería ser la constante, que cuando la población encuentra casos de corrupción de su alcalde, de su policía, o quien sea lo denuncie. Pero cada vez más se ven intimidados porque no hay protección a la prensa que hace investigaciones sobre estos hechos. Cada vez se va dando más el cierre de los espacios, que no es que sea perceptible, porque esos espacios no se cierran totalmente, sino que el temor hace que disminuya la crítica y la denuncia.

¿Esa disminución de la crítica puede considerarse que viene de la mano de la falta de respaldo de las empresas periodísticas?

Así es. La autocensura se da por los periodistas, pero también por el medio mismo, que provoca  que los periodistas no cubran un nota porque toca grandes intereses económicos. El caso de las mineras, los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Hasta el medio tiene miedo de tocar esos temas y aunque un reportero quiera llevarlo, es el director o el editor del medio el que le dice que no. Esto si es lamentable porque estamos viviendo un cierre de espacios de comunicación. Cuando hablamos de la prensa no solo estamos hablando de los periodistas y los medios sociales de comunicación sino también del derecho de la sociedad a estar bien informado, entonces le estamos limitando al pueblo de Guatemala recibir información con diversidad de medios y pluralismo de posiciones.

También haciendo algo de autocrítica muchas veces desde los medios se actúa de manera irresponsable con las publicaciones.

Sí, para eso existen los delitos de difamación y calumnia, y los tribunales de imprenta. El Estado no tiene que ver con el contenido de los medios, eso es censura. Sin embargo la opinión pública si puede involucrarse, y algunos medios piensan que la libertad de prensa es impunidad total, y eso no es cierto. Creo que es el momento en que la sociedad esgrima su crítica de los medios. En muchos países del mundo se está creando un defensor del lector, del público. El ombudsman del auditorio. The Guardian, en Inglaterra, abre sus puertas una vez al año e invita a la gente a acercarse para que la gente les diga qué hacen mal. Eso es periodismo serio. En Argentina crearon una Defensora del Receptor de Noticias, y puede libremente criticar a los medios. Es un ente público, pero no es el gobierno, y debe que explicar su mecanismo al público. Lo más interesante son los mecanismos que los mismo medios hacen, que establezcan un defensor del lector. Algunos incluso le establecen una página, no solo para hacer comentarios, sino para criticar al mismo medio.

Y siempre tiene que estar presente la responsabilidad de las implicaciones legales de las publicaciones.

La gran solución de esto es volver a renovar el compromiso ético profesional, voluntario y personal de los periodistas. El periodismo debe ser una de las grandes carreras de transparencia y ética, esto a veces se ha perdido por la fafa (soborno), el compromiso político, las prebendas para cierta cobertura o críticas, eso hay que eliminarlo.

 

“Si la publicidad electoral sigue siendo privada va a ser del crimen organizado”

La Rue, explica que la libertad de opinión es un derecho absoluto para las Naciones Unidas. Pero para poder ejercer ese derecho es necesario tener acceso a la información que nos permita formar un criterio. Algo que implica desde el sistema educativo hasta los sistemas informativos, pero sobre todo tener acceso a la información de carácter público.

Contar con la información pública es tan importante como el derecho de emitir opiniones, apunta La Rue, porque es así como se complementa la libertad de opinión y pensamiento. Para un periodista el ejercicio de la libertad de prensa  implica el tener acceso a la información del Estado y  exigirle que se garantice la confidencialidad de sus fuentes, y su seguridad, apunta el relator.

De parte de los medios, también hay un reto  correlativo.  La sociedad para ejercer su libertad de pensamiento y opinión tiene que tener acceso a la información pública sin censura con el requisito de diversidad y pluralismo, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esto implica según La Rue, diversidad de Medios y pluralismo de opiniones.  

Cuando se habla de pluralismo también se toca el tema de la propiedad de los medios de comunicación. Por ejemplo no puede haber pluralismo con un monopolio de la televisión abierta.

Esta semana (el 13 de febrero) fue el día internacional de la radio, pero poca gente sabe que Guatemala es uno de los pocos países que en su Ley de Telecomunicaciones no reconoce a las radios comunitarias, no están en la ley. Los anuncios que salen por radio de la Cámara de Radiocomunicación de que “reconocen las radios comunitarias legítimamente autorizadas, pero no a las radios que están robando frecuencia…”, tienen dos conceptos equivocados. Primero no hay radios comunitarias autorizadas, esa categoría no existe en la ley. A lo más hay escuelas radiofónicas que son privadas, pero que no son comunitarias. Lo segundo, no hay robo de frecuencias porque la frecuencia no le pertenece a los dueños de las radios, se les olvida que las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado. Esta es la falsedad que se da en Guatemala, donde se celebra la radio, pero sólo si es privada y comercial.  El problema con los medios públicos como el canal de Lenguas Mayas es que se autoriza un canal autónomo pero no se le da presupuesto y no se le deja cobrar servicios para que compita. Ese es un falso concepto.  Los medios públicos pueden cobrar servicios. ¿Si no tiene fondos como van a poder funcionar? Estas son las ficciones que hacemos en Guatemala y que la gente se las cree. Todo es una falsedad. Aquí el Estado debe ser el ente regulador del manejo de las frecuencias. Argentina y Uruguay tiene dos leyes muy buenas en radio y televisión dividiendo las frecuencias en tres categorías: uso público, privado y comunitario. Yo agregaría una cuarta la categoría étnica, frecuencias que se den a un pueblo para defender su identidad, cultura y tradiciones. Esto es legítimo, pero en Guatemala se quiere decir que solo lo comercial funciona. Al contrario, la visión exclusivamente comercial es la que ha dañado a la prensa y ha permitido la existencia de grandes consorcios como el de Rupert Murdoch, en el mundo o el monopolio de la televisión abierta en Guatemala. Los monopolios de  medios son un atentado a la economía del país y a la democracia.

¿Cómo influye el monopolio de la televisión abierta en los procesos electorales?

Aquí viene lo que tú decías, que además en el caso de la democracia, si alguien tiene  un monopolio de medios se vuelve el que determina los procesos electorales.  Le da espacio a los cuatro partidos más grandes, le da espacio a los diputados por listado nacional y con eso se garantiza que pasen las leyes que le interesan. Fue el caso de la renovación de la concesión de la televisión abierta por 25 años adicionales, casi de gratis,  en todas partes del mundo el Estado cobra por dar en concesión las frecuencias, son negocios millonarios y el Estado no está percibiendo nada.  Además se da a un monopolio extranjero. En muchos países la propiedad de los medios tiene que ser nacional por lo menos en un 51 por ciento y además el contenido tiene que ser de elaboración nacional en un 50 ciento. Lo que sucede aquí que el monopolio de la televisión nos satura con telenovelas extranjeras. Uno tiene que entender es que en la propiedad de los medios Guatemala es un país anómalo, lo que nos presentan como normal, no es normal. En el tema electoral estamos haciendo un informe para el Consejo de Derechos Humanos sobre comunicación político electoral y libertad de expresión. Esto tiene que ver con la reforma electoral que aprobó el Congreso y que espera opinión de la Corte de Constitucionalidad. Que contempla que  el Tribunal Supremo Electoral es el que va a regir la contratación de pautas para las elecciones, y aquí ya protestaron varios medios a través de las Cámaras Empresariales. Que esto es una violación a la libertad de expresión.

¿La principal preocupación en ese caso es por la adquisición de la pauta publicitaria?

La libertad de expresión no está libre de regulaciones. Lo que ellos quieren es que todos los partidos compren libremente, lo que no se dan cuenta es que, quien defiende esa libertad de compra,  está cediendo  al narcotráfico y el crimen organizado, quien será el gran ganador. Claro, hasta ahorita el sector económico es el que ha tenido partidos políticos comprados.

Pero hay nuevos actores…

Claro, lo que entre comillas llaman “capitales emergentes”, tienen más plata que el sector privado y van a ser los grandes financistas del futuro. Si permitimos que no se reforme la Ley Electoral estamos garantizando que la publicidad pagada en los medios en el futuro, será pagada con dinero ilícito, dinero del crimen organizado, narcotráfico… por eso es que rechazo la posición de la cámara, lo que propongo en el mundo entero, y no sólo para Guatemala.  Es que haya una estricta fiscalización de las finanzas de la comunicación en los procesos electorales, a través de la autoridad electoral. En algunos países como en México acaban de pasar una reforma,  donde al IFE,  el Instituto Federal Electoral, ahora concentra toda la publicidad electoral, con fondos del Estados, que se otorgan en 70 por ciento en proporción a los resultados de las últimas elecciones y en 30 por ciento en partes iguales, para que los nuevos partidos también puedan tener fondos estatales.

En el caso de México también encontramos un fenómeno similar de monopolio o duopolio de los medios electrónicos. ¿De dónde surge este consenso para reforma la Ley Electoral y abrir la publicidad en los medios de comunicación?

Sí, es una situación semejante a la de Guatemala, pero surge por el caos que hubo, la crítica que hubo, hasta Televisa y TV Azteca, las dos grandes cadenas aceptaron que se hiciera la reforma.

Entonces, ¿surge de la crisis de las últimas elecciones?

Sí, es una reforma constitucional, incluso. El ejemplo de México nos debe servir, la contratación de la pauta se puede regular, no es una violación a la libertad de expresión. El pueblo sigue siendo informado, en última instancia lo que se está defendiendo es la transparencia de la contratación.  El otro punto que pienso plantear ante el Consejo de Derechos Humanos es que todos los medios puedan tener una posición editorial libre, incluso hay partidos políticos que tienen un medio de comunicación propio.

Pero qué deberían identificar sus filiaciones o a quién pertenecen…

Ese es el tema. La transparencia. El medio puede ser  comercial, de un órgano político, de una organización social, un sindicato, un movimiento campesino, una asociación de empresarios, no importa. El medio puede ser de cualquiera y tener la posición que quiera, pero el punto es que el público tiene el derecho a saber quiénes son los propietarios. Si es una asociación política o algo individual. Una de las propuestas que hago para la transparencia electoral es que todo medio que lleve comunicación política debe darle a la autoridad electoral y al registro mercantil el record de los propietarios, personas políticas e individuales. Esta información debe ser pública.  La identificación de las personas naturales que son propietarios de cada medio, no limita el contenido, simplemente permite al público que interprete cual es la posición que tienen ellos.

¿Dónde queda en esta propuesta la concentración de medios en varios soportes: impresos, radiales, televisivos y ahora digitales?

Dejo aparte al internet, porque es muy difícil de regular y tiene otro tipo de normas, en el internet puede entrar desde un gran medio hasta un ciudadano individual, y yo sí creo que en el futuro el internet va a modificar los medios de comunicación del mundo.  Pero en este momento la población sigue dependiendo de los medios tradicionales, la televisión en primer lugar, la radio y de los medios escritos en tercer lugar porque no hay tradición de lectura en nuestro país, pero efectivamente es esa publicidad la que debe ser regulada. No en el sentido de limitar las opiniones,  ni la participación política, sino en el sentido de garantizar la equidad en el espacio para que un pueblo esté bien informado, el proceso electoral no debe estar determinado por cuántos segundos de jingles,símbolos y banderas salga en televisión. Sino de información real, de que se conozca a los candidatos y candidatas, sus propuestas, sus records de vida. El nivel de transparencia que exigimos de los funcionarios debe ser el mismo a los candidatos cuando se registran como tal.

¿Qué tipo de regulaciones hay sobre la propiedad cruzada de medios en varios soportes?

Estados Unidos es el país más liberal en la economía y en la libertad de expresión, pero la gente no sabe que tiene regulaciones muy estrictas en propiedad de medios. Por ejemplo, quien es dueño de una cadena de televisión en una jurisdicción no puede ser dueño al mismo tiempo de un medio escrito. Este tipo de regulaciones es parte de su tradición antimonopólica. Entonces, una de las propuestas que yo tengo es que se limite la inversión extranjera en los medios al 50 por ciento, porque la inversión extranjera tiende a ser monopólica.  Si hay inversionistas queriendo invertir en otros países es porque quieren hacer grandes conglomerados de comunicación, aprovechando esos vacíos legales. Creo que es importante proteger la soberanía nacional y la democracia, y esto se hace limitando la inversión extranjera en la propiedad de medios, el gasto económico de la publicidad en las campañas, y en el contenido de los medios. El 50 por ciento de los contenidos de los medios audiovisuales debe ser de elaboración nacional.

La variable política es que  el Congreso es sujeto y objeto de la Ley electoral ¿qué tan factible es que ellos mismos cambien el sistema?, incluso si la reforma  se aprueba en Corte de Constitucionalidad, todavía podría ser modificada con enmiendas.

Claro esa es la tragedia. ¿Por qué se pudo dar en México? Pues fue por el escándalo del gobierno, con el presidente Peña Nieto, que incluso lo llamaron “el candidato Televisa”. Él mismo tuvo que entrar con un paso positivo que fue el Pacto por México, dentro de ese pacto anuncia la apertura a una tercera cadena de televisión para romper el duopolio, lo cual es interesante,  pero al mismo tiempo deben entrar reformas al sistema electoral para que la publicidad no sea determinada por poca gente. Porque si la publicidad la determinan los dueños de los medios, que es lo que proponen las cámaras empresariales aquí, el resultado electoral lo deciden ellos. La soberanía radica en el pueblo, quien la deposita en sus representantes electos, dice la Constitución. Aquí va a ser la democracia depositada en los dueños de los medios de comunicación audiovisual porque van a ser ellos los que van a decidir el futuro del país, esto no es posible. Por eso creo que la democracia implica darle plena información a la población, transparencia y regulaciones. Que no es regular la libertad de expresión. Las elecciones se tienen que decidir en Guatemala y no en Miami por un propietario mexicano.

Pero aún con la reforma electoral conservaría el monopolio de los ingresos. Solo le quitaría incidencia política.

Claro, ni siquiera pueden argumentar que les disminuiría el negocio, porque el negocio lo mantienen, pero la diferencia es que al TSE si le podemos pedir cuentas porque es un órgano del Estado. Si la publicidad electoral sigue siendo privada va a ser del crimen organizado, porque es el que más plata tiene, lo que vamos a tener es un narcogobierno, con narcodiputados y narcoalcaldes. A los partidos políticos debería el pueblo exigirle cuentas, pero eso es más complicado, pero al Tribunal Supremo Electoral sí se las puede pedir. El último argumento complicado de esta reforma electoral es que está en la CC, no sólo hay una contradicción en el Congreso, porque a los diputados les interesa dejar las cosas como están, sino que además a la CC, la cual  ya demostró estar a favor de los sectores más conservadores y de las élites económicas y militares de este país. En el caso de genocidio, en el caso de la Fiscal General, y ahora tiene a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el aspecto clave de las telecomunicaciones. Tristemente veo que las cámaras empresariales son quienes controlan la CC ejerciendo presión. Espero que la CC con un poco de dignidad y vergüenza no se atreva a echar atrás esta tibia y pequeña reforma electoral.

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