Segundos antes, el conductor había sido advertido por otros colegas, sobre el “retén”, supuestamente integrado por trabajadores del gremio, quienes detenían a cualquier vehículo de transporte público cuyo chofer se atreviera a desafiar la decisión de paralizar el servicio. Pero no sólo detenían la camioneta sino que, además, bajaban a garrotazos y golpes a quien la manejaba y a quienes eran conducidos en la misma.
De manera que el mandato colectivo animó al transportador a utilizar una vía alterna y buscar el camino que le permitiera llevar a su público usuario, vecinas y vecinos de la colonia 1o de Julio, en la zona 5 de Mixco, a su destino. No daban las cinco de la mañana de ese día y quienes intentaban llegar a sus lugares de trabajo vivían, nuevamente, la experiencia traumática de escapar de la agresión de otros pilotos, víctimas a su vez del asedio delincuencial y de la inutilidad gubernamental.
La noche anterior, como muchas veces antes, casi dos decenas desde el inicio del año, un piloto del transporte público urbano había sido asesinado. En respuesta, los demás conductores decidieron paralizar el servicio y exigir seguridad a las autoridades. Y, como mecanismo de presión para garantizar la paralización total de las unidades, un grupo de choque, como lo han hecho en otras ocasiones, se posicionó en la ruta y armado de bates y palos, entre otros objetos, se preparó para impedir que circulara el transporte.
La 1o de Julio es una de las veinte colonias que pertenecen administrativamente al territorio de los 132 kilómetros cuadrados que integran el municipio de Mixco, en el departamento de Guatemala. Está habitada por cerca de veinte mil personas quienes ocupan los cuatro mil 428 hogares que la conforman. Ya sea por razones de trabajo- la Población Económicamente Activa (PEA) está integrada por el 40.5 por ciento de sus habitantes-, o por razones de estudio, al menos siete de cada diez habitantes de la Colonia, son usuarios del transporte público cada día.
Y en los últimos tres años, prácticamente ninguna de dichas personas es ajena a una escena como la vivida esta semana por quienes tan solo querían llegar a trabajar para poder tener con qué alimentar a sus familias o a estudiar para ampliar sus probabilidades de superación económica y social. Son la casi totalidad de usuarias y usuarios del transporte público en horas de la casi madrugada entre las cuatro treinta y seis de la mañana.
Se levantan cuando la oscuridad domina el entorno y se preparan con la idea incierta de qué sucederá ese día. ¿Habrá servicio de buses? ¿Estará otra vez paralizado? Y si hay paro de buses, ¿los que intenten trabajar serán golpeados junto con su clientela? Con semejante zozobra, no es extraño que quien finalmente logre llegar a puerto seguro, rompa en llanto a la menor oportunidad, como mecanismo de escape emocional a la carga de terror en que vive y se transporta.
Según la Defensoría de Usuarios del Transporte, unidad de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en los 68 días transcurridos en 2013 hasta el 9 de marzo, había 76 muertos y 46 heridos (entre pilotos, ayudantes y usuarios) del transporte público. Un 72 por ciento más que el mismo período, igual de trágico, del año anterior.
La respuesta del presidente de la República, Otto Pérez Molina, también padre del alcalde municipal de Mixco, el igualmente militar retirado Otto Pérez Leal, la violencia en el transporte es debida a la reacción por las capturas realizadas contra presuntos pandilleros. Así de simple, así de inútil la respuesta como inútiles también las acciones y quienes las han tenido a su cargo.
Una respuesta igualmente absurda como la recomendación de no utilizar los buses que conducen a dicha colonia como mecanismo para reducir el riesgo. Como si quien habita una colonia de trabajadoras y trabajadores puede disponer de otro tipo de transporte que no sea el servicio público urbano o extraurbano.
Hipótesis sobre el origen de los ataques hay varias que superan la casi supina afirmación presidencial. Desde el comprometimiento en las extorsiones de fuerzas de seguridad o mejor dicho, altos jefes de éstas, tanto civiles como militares; hasta la directa participación de empresarios del transporte en la organización de los ataques. Informaciones dentro de estas líneas de investigación, hay suficientes en manos de las autoridades. Por lo tanto, no actuar en esa dirección y cumplir con la responsabilidad de ofrecerle al público de la 1o de Julio y a todas y todos nosotros en general, la posibilidad de desplazarnos seguras y seguros en el transporte público, es un acto criminal que por acción o por omisión, compromete a las autoridades.
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