Entre las necesidades de inversión y la desconfianza

 Una crisis estructural como la actual no se genera espontáneamente, más bien es el resultado de periodos relativamente largos, caracterizados por ejercicios de Gobierno, en general, fallidos, producto de lo cual se pierde el control sobre asuntos de interés nacional. Cada visión, orientaciones ideológicas, estilos y modalidades que caracterizan a determinado Gobierno, representa por supuesto, un factor de suficiente peso como para emprender caminos de progreso o bien para adicionar nuevos ingredientes a la crisis ya establecida. Si bien admiradores de cada uno de los Gobiernos que hemos tenido pueden enumerar algunos logros, estos son tan escasos, puntuales, de escaso respaldo social, carentes de institucionalización o volátiles, que terminan diluyéndose en medio de la fuerza arrasadora de las crisis. No se trata de exaltar el pesimismo ni descalificar ciertos logros, pero no puede obviarse que éstos son escasos, tal como lo muestra la dura y fría realidad.

Una tasa mediocre de crecimiento económico —3.3, 0.5 y 2.8, en 2008, 2009 y 2010, respectivamente— una inequitativa distribución de los beneficios de ese crecimiento —como ejemplos de sus efectos se reporta 51% de pobreza general y 15% extrema, casi 50% de desnutrición crónica—, tasas alarmantes de agotamiento, deterioro y contaminación de la naturaleza —por ejemplo, una tasa de deforestación bruta de 2.45%, una de las más altas en Latinoamérica y un nivel de gestión del agua que no supera el 3% con respecto a las necesidades totales de gestión— y una débil, incompleta y disfuncional institucionalidad publica son elementos que sintetizan algunas dimensiones de la crisis. Con estas condiciones, no podemos más que concluir que hemos tenido más de dos décadas perdidas.

En medio de estas condiciones, las instituciones políticas y sus dirigentes destacan por su incapacidad, indiferencia o ignorancia. En tanto convencen a la ciudadanía para que los elija en cargos públicos, se declaran los salvadores nacionales, pero una vez en el ejercicio del cargo, se declaran incompetentes —explícita o implícitamente— pues, según dicen, han heredado una crisis que escapa de su control.

Estas reiteradas declaraciones de incompetencia, que se derivan de una ausencia de conocimiento profundo sobre la realidad nacional, la carencia de una visión acerca del tipo de desarrollo que se necesita, la incapacidad de plasmarla en una agenda básica para navegar y establecer estructuras y procesos para sustentarla, así como la incapacidad de convocar a grupos de interés y construir puentes para desarrollar un trabajo colectivo, se constituyen en un agravante de la crisis. Otro agravante de enorme peso que unido al anterior genera una verdadera bomba destructora es la corrupción endémica del Estado, con la cual parece que estamos ya acostumbrados a convivir, pues nuestro rechazo a este cáncer no pasa del diente al labio.

Esta realidad y esta dinámica engendran un círculo vicioso perverso que se alimenta del rechazo, por parte de comunidades organizadas, a todo tipo de iniciativa de inversión, en respuesta a la desconfianza que generan las actuaciones gubernamentales, sobre todo ahora que se han exhibido con fuerza las alianzas político-económicas a favor de proyectos políticos personales y de beneficios privados, respectivamente. Estas alianzas, varias de las cuales giran en torno a la minería —minerales metálicos y combustibles, principalmente petróleo y carbón—, la energía y los agro-combustibles, han tenido consecuencias negativas, incluso, en espacios territoriales con protección legal especial.

Este círculo vicioso no es nuevo, pero se ha exacerbado —en correlación con la velocidad a la cual se ha exacerbado la crisis nacional— a tal grado que iniciativas productivas, inclusive, de pequeña y mediana escala, son vistas con desconfianza. No faltan por supuesto, quienes, haciendo negocio de la crisis e ingobernabilidad resultante, se esmeran en caldear los ánimos de todo el mundo o en operar como extorsionistas desde posiciones públicas. Estos escenarios no conducen a nada más que a agravar la crisis de autoridad existente en los cuatro puntos cardinales y a seguir profundizando el agujero en el que nos encontramos.

Creo que las necesidades de inversión para dinamizar la economía son evidentes y frecuentemente aludidas en toda clase de foros y discursos políticos, sobre todo ahora en plena competencia electoral. Estas iniciativas, que deben impulsarse a partir de un nuevo enfoque, deben garantizar, al menos, (i) que van a beneficiar a un amplio conglomerado de micro, pequeñas y medianas empresas, (ii) que los recursos financieros generados en el seno de esas empresas, van a tener un efecto multiplicador en el ámbito rural y van a desencadenar nuevos emprendimientos productivos de beneficio local, (iii) que las iniciativas no van a colisionar con espacios naturales que tienen regulaciones especiales y objetivos primarios de conservación o que, sin tener ese reconocimiento legal especial, son claves para la provisión de bienes y servicios a determinadas comunidades, por lo que deben intervenirse bajo criterios de mínimo impacto; así mismo, que esas iniciativas no van a exceder ciertos niveles —institucionalmente definidos por las autoridades correspondientes— de emisión de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, (iv) que los ingresos fiscales derivados de esas iniciativas, pequeñas, medianas y grandes, van a privilegiar la creación de bienes públicos —hospitales, escuelas, caminos rurales de primer orden, infraestructura hidráulica para almacenamiento y conducción de agua, infraestructura de saneamiento, centros de recreación publica, ente otros—, (v) finalmente, la garantía en el cumplimiento de las anteriores orientaciones, va a ser otorgada por un sistema funcional de instituciones públicas que, en el caso puntual de las iniciativas productivas emprendidas por micro, pequeñas y medianas empresas, va a proveer asistencia técnica e investigación aplicada, apoyo a la organización social, acceso a mercados, acceso a recursos financieros, infraestructura productiva, especialmente caminos rurales. La sinergia entre los gobiernos central, departamental y municipal resulta indispensable, pues se necesita garantizar la atención de necesidades diferencias a nivel de territorios particulares.

URL-Iarna produjo una propuesta de desarrollo para el altiplano accidental con base en estas orientaciones. La hemos presentado a este y al anterior Gobierno y aunque se han mostrado cien por ciento proclives a la misma y los apoyos ofrecidos han sido elocuentes, su implementación es cero.

Puede ser este esquema y estas orientaciones u otras, pero sin visión, sin capacidades, sin incentivos, sin recursos y sin planes concretos de trabajo, no vamos a ningún lado.