¿Qué significa que el gobierno pierda más de un millardo de quetzales en caso el Congreso apruebe la iniciativa de ley 4644, “ley de promoción de inversiones y empleo”? Por una parte, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que la decisión de a quién mutilarle el presupuesto es discrecional del Ministerio de Finanzas Públicas.
Un rol ingrato, porque un recorte de Q 1,300 millones del presupuesto nacional equivaldría a, por ejemplo: el presupuesto de educación preprimaria o la cuarta parte del presupuesto de educación monolingüe; el triple del presupuesto para la prevención de la desnutrición crónica; más de cuatro veces el presupuesto para prevención de la mortalidad materno infantil; la mitad del presupuesto para compra de medicamentos y atención médica; cuatro veces el presupuesto para infraestructura de la PNC; el triple del subsidio para vivienda popular; etc. ¿En dónde cortaría la cartera de Finanzas?
Pero algunos de los recortes presupuestarios que provocaría la aprobación de la “ley de promoción de inversiones y empleo” no serían decisión discrecional de Finanzas, sino que se aplicarían de manera brutalmente automática. Este es el caso de los aportes constitucionales o establecidos por leyes específicas que se calculan con base a los ingresos: si caen los ingresos, estas asignaciones presupuestarias se deben recortar.
Por ejemplo, el Icefi ha estimado que de aprobarse los privilegios fiscales propuestos en esta iniciativa de ley, importantes entidades del Estado resultarían perdedoras, ya que sus presupuestos deberán recortarse. Considerando una caída en los ingresos ordinarios, es posible estimar que el presupuesto de la USAC sufriría un recorte automático de alrededor de Q 65 millones, que en términos sancarlistas equivale a desatender a alrededor de 7,500 estudiantes. ¿Están los miembros del Consejo Superior Universitario conscientes de esto?
En el caso de las municipalidades, los datos de la SAT permiten estimar que los aportes por IVA-Paz para los gobiernos locales sufrirían un recorte automático de Q 54 millones, en tanto que los aportes por situado constitucional sufrirían un recorte automático de Q 129 millones, totalizando un recorte de Q 183 millones en los presupuestos municipales. Esto es particularmente relevante a propósito de la campaña agresiva en la que se ha embarcado el Alcalde de Villa Nueva (¿financiada con recursos del presupuesto municipal?), predicando que la “ley de promoción de inversión y empleo” es una suerte panacea mesiánica que redimirá a todas y todos los villanovanos. Pero Villa Nueva no es el único municipio en Guatemala, así que cabe preguntar, ¿están conscientes de esto los casi 340 alcaldes municipales? ¿Los miembros de la Anam y la Agaai o cualquier otra asociación de alcaldes?
Otro caso importante es el sector justicia. Por ejemplo, la aprobación de esta ley implicaría un recorte automático de Q 52 millones en el presupuesto del Organismo Judicial, y dentro de este, un recorte de Q 3 millones en el presupuesto del Ministerio Público. Ahora que el tema de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia está más que candente, ¿están conscientes de esto los magistrados actuales, y lo tendrán presente los candidatos bajo la evaluación de las comisiones de postulación? ¿Está al tanto la Fiscal General?
Este es un tema muy serio. Es una cuestión de prioridades en el esfuerzo por la construcción de un Estado democrático: ¿qué es más importante, los privilegios para un sector, o la descentralización del Estado, o su capacidad para cumplir obligaciones fundamentales como la educación, la seguridad o la justicia?
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