Enajenación oficial

La maquinaria comunicativa de la presidencia batalla día con día para mantener la ilusión. De hecho, han sido magistrales en el empleo de subterfugios y en la utilización de eufemismos para disfrazar el fracaso de la gestión durante los primeros seis meses.
Los campos pagados en prensa escrita, en radio y televisión, pretenden imponer la imagen de que todo marcha sobre ruedas, de que vivimos casi en un paraíso y de que nos gobierna el súmmum de la democracia.

En los casi ocho años que estuvo en campaña, el hoy partido oficial se vendió ante un electorado ávido de autoritarismo, como la opción para “enderezar el rumbo”. Los seis meses transcurridos desde la toma de posesión han bastado para poner al desnudo el cascarón vacío que resultó ser el partido en el poder en lo que respecta a constituirse en un efectivo instituto político para gobernar.

El ejercicio democrático no les funciona, no les resulta, les es ajeno. Eso puede explicar el que la imagen mediática del figurín emblemático del proyecto, el general retirado Otto Pérez Molina, se asemeje cada día más a un dictador de república bananera antes que a un estadista capaz de sortear los desafíos que el gobierno de este país representa.

De allí que, intentando copar cualquier ámbito o espacio de aparición pública, intervenga negando lo innegable o justificando lo injustificable. Por ejemplo, sobre el proceso de remilitarización que se vive en el territorio nacional. La voz presidencial rechazó de tajo dicha afirmación. Sin embargo, tal y como se ha planteado en varios espacios, la realidad es otra.

Hace una semana en la aldea Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, la población revivió las experiencias vividas durante el conflicto armad interno. Una patrulla ingresó a la comunidad, ocupó la escuela de la aldea y empezó a interrogar a los niños y niñas que allí estaban. La presencia castrense modificó la normalidad del pueblo y, gracias a la actitud reflexiva y madura de la población, se logró el retiro de la tropa sin mayores consecuencias.

La acción castrense no le resultó ajena a las y los pobladores. Esa precisamente, fue una maniobra utilizada para recabar información  que luego se utilizó para concretar las acciones de “limpieza” (exterminio) que contemplaban los planes de campaña que guiaron el genocidio.

Esos hechos, el despliegue territorial de ocupación –que le significa también acumular fuerza política–, así como la gestión hegemónica del aparato de inteligencia militar formal e informal en materia de seguridad, son apenas los botones de muestra del desmentido a la cínica afirmación presidencial.

En otros terrenos, la situación no es muy diferente. De cara a no perder el respaldo ante el riesgo de anulación de los programas sociales, el partido en el gobierno se aseguró de crear un ministerio específico para el manejo de los mismos. Seis meses después, los resultados son inexistentes y el gobierno ha tenido que aceptar, a regañadientes, que los fondos originalmente destinados a esta cartera fueron trasladados a otros terrenos del Ejecutivo.

En materia de seguridad, el emblema discursivo del partido en el poder, la situación tampoco pinta con la mejoría que la exhiben. La cacareada reducción del número bruto de muertes violentas en comparación con el mismo semestre del año anterior, en realidad solo es la continuación de una tendencia que se marcaba desde hacía tres años. Habría que ver cuánto impactan en dicha cifra, que  está muy lejos de reducir la horrorosa tasa de homicidios que nos mantienen como un territorio violento y peligroso, la cancelación de programas de seguridad con enfoque preventivo.

Sin embargo, los campos pagados en prensa escrita, en radio y televisión, pretenden imponer la imagen de que todo marcha sobre ruedas, de que vivimos casi en un paraíso y de que nos gobierna el súmmum de la democracia.

Enajenación pura, al mejor estilo fascista que descansa en la complicidad en el manejo de la información que intenta disfrazar una situación muy distinta de la realidad.

 

 

Iduvina Hernández. Mujer guatemalteca, defensora de derechos humanos. Ha sido reportera y jefa de redacción en la Agencia ACEN-SIAG, reportera redactora en revista Crónica, así como integrante de su Consejo Editorial. Docente de periodismo en la Universidad Rafael Landívar y en el Programa Centroamericano de Periodismo (PROCEPER). Entre otros, obtuvo el Galardón a la Excelencia Periodística, de APROFAM (1990); el Premio Centroamericano de Periodismo sobre Refugiados, de ACNUR (1994); y el galardón a la mejor columna de opinión escrita, de UNICEF (2000). En 1996 se dispuso a tomar un año sabático del periodismo y ha superado la década en el campo de los derechos humanos.

-A A +A
3

Entradas recientes