Una parte de esa demanda son las casi ya olvidadas leyes de transparencia. Empezaron como un faraónico paquete legislativo, en el que parecía que el Ejecutivo hizo acopio de todo lo que sonara a transparencia, y en marzo de 2012 lo entregó al Congreso sólo para luego olvidarlo por un buen tiempo.
Conforme se hizo cada vez más evidente el rechazo ciudadano a su propuesta de más deuda bonificada para pagar contratos ilegales y sin respaldo presupuestario (la “deuda flotante”), el Ejecutivo y quienes sienten un apetito voraz por esos bonos empezaron a desesperarse. Entre otras, una de las medidas desesperadas fue “empaquetar” las leyes de transparencia con los bonos. Según ellos, quizá de esa forma podría lubricarse un poco la cosa y mitigar la ira ciudadana por su voracidad por los bonos espurios.
Así, empezó toda una operación política para empujar la aprobación de las leyes de transparencia, extrayéndolas de lo más profundo del tonel del olvido político. Sin embargo, antes de aprobar cualquier cosa, en la Vicepresidencia de la República, como toda una oficina de censura inquisitorial, se encargaron de revisar los borradores de los dictámenes y asegurarse que no se fuera a colar nada “dañino”. Es decir, se encargaron de suprimir elementos que harían efectivas estas leyes para combatir la corrupción y prácticas ilegales enquistadas en el Estado. Incluyendo, por supuesto, a la misma “deuda flotante”.
Le tocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sufrir el bochorno público de entregar el dictamen resultante luego de la censura vicepresidencial. Sin embargo, la jugarreta no pasó desapercibida. El resultado fue críticas y señalamientos, propagando la desconfianza, temiéndolas un “lavadero de cara” para los bonos y que resultaran en nueva legislación que no le hará ni cosquillas a la corrupción y la “deuda flotante”.
Luego de la camorra que recibió el dictamen de la Comisión de Legislación, se abre la oportunidad para que el Congreso de la República y el Ejecutivo dejen la tontería y atiendan, por lo menos por una vez, una demanda ciudadana legítima. Creo también que es el momento para que los y las ciudadanas pongamos atención y actuemos por todos los medios y exijamos que las autoridades y representantes hagan lo que les corresponde.
Por un lado, la Presidencia del Congreso de la República debiese convocar a una comisión especial que separe por temas la aprobación de las leyes de transparencia. Primero, debe corregir el dictamen a las propuestas para reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, eliminando la censura y demás “gracias” introducidas en la Vicepresidencia. La prioridad de aprobación debe focalizarse en los temas de presupuesto, la nueva ley de fideicomisos y las reformas a la ley de probidad.
La controversia y señalamientos que han causado las propuestas para reformar la Ley de Contrataciones del Estado y las leyes orgánicas de la Contraloría General de Cuentas y de la SAT evidencian que requieren más discusión, por lo que su aprobación debe separarse de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.
El Ejecutivo por su parte, debe retirar la iniciativa número 4729, mediante la cual propuso los bonos. Además, debe asumir el compromiso de no buscar más la aprobación de los bonos, ni intervenir mediante censura y “revisiones” a puerta cerrada en la Vicepresidencia.
Estos serían pasos que el Ejecutivo y el Legislativo podrían dar para empezar a enmendar los errores más recientes, y sobre todo, cumplir con lo que harta obligación tienen de hacer: atender las demandas de la ciudadanía.
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