De acuerdo con las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico —pactada por la entonces guerrilla y el gobierno del presidente Álvaro Arzú y avalada por la ONU— divulgadas en febrero de 1999, se “ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya (…) perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a grupos identificados por su etnia común”.
Pese a la magnitud de esa tragedia, hasta el 17 de junio pasado ningún alto mando castrense había sido capturado para responder judicialmente por esas graves ofensas contra la humanidad. La detención del general retirado Héctor Mario López Fuentes, uno de los arquitectos de la estrategia contrainsurgente mientras fungió como jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGG), apunta en esa dirección.
La aprehensión —ocurrida 11 años después de haber sido solicitada por agrupaciones de sobrevivientes y casi 29 años después de los hechos que se le imputan— es consecuencia de largo proceso que ha requerido, entre otras cosas, la obtención, revisión y validación de cerca de 30 mil folios, incluidos los planes militares de campaña “Victoria 82 y “Fortaleza 83” y el “Plan de Operaciones Sofía”. Esos documentos demuestran, según organizaciones de derechos humanos, la estrategia militar para aniquilar a civiles sospechosos de ser base social de la insurgencia armada, en particular en Quiché.
Contrario a otros países, como Argentina y Bosnia, en donde los perpetradores militares de crímenes contra civiles han sido juzgados y sentenciados, en Guatemala los castrenses han evitado —con amnistías, como la decretada por Mejía Víctores antes de entregar el poder, por ejemplo— tan siquiera aclarar su papel en la represión.
Por lo tanto, constituye una bocanada de aire fresco el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos en casos como el citado. Eso demuestra el afán de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, de perseguir todo tipo de criminalidad y procurar justicia, lo cual no tardará en colisionar con los intereses electorales de algunos grupos oscuros que sientan en riesgo su impunidad.
La acción de las agrupaciones civiles que promueven la vigencia de los derechos humanos y de la Fiscalía no debe ser interpretada como actos de resentimiento o sed de venganza con signo antimilitar. Al contrario, tienen que ser consideradas como pasos firmes y necesarios en contra de la impunidad, fundamentales para la reconciliación nacional. Juzgar el genocidio y a quienes lo perpetraron va en esa dirección, la cual servirá para honrar la memoria de las víctimas y para declararles a las nuevas generaciones el compromiso de que ese tipo de crímenes no tienen que repetirse.
