En este se expresan las evidencias de la privatización de la política y de la profunda corrupción que empezó en su nueva oleada en 1985. Demuestra la falsa democracia que nos han impuesto a través de los partidos políticos las élites empresariales, los militares y la complicidad entre Iglesias y medios de comunicación. Dice Sartori que la crisis de la democracia consiste en que una mayoría elige a una minoría que va a gobernar para otra minoría.
Los nuevos casos de corrupción que tocan a los partidos políticos asociados al narcotráfico, a los grandes constructores, a las empresas telefónicas, a los medios de comunicación y a las farmacéuticas transnacionales nos permiten entender el cleptocapitalismo como una nueva forma de acumulación a través de la captura del Estado. Todo, derivado del gran poder de ciertas élites que no están dispuestas a ceder ni una pizca de los privilegios que la matriz colonial les ha otorgado a través de la corrupción y la violencia. Ahora se dice que es también a través de la corrupción legal. O sea, la captura del Estado les permite aprobar leyes que en nombre del desarrollo y de la democracia consolidan sus privilegios y su hegemonía.
En medio del incremento de feminicidios, extorsiones, muertes violentas, motines en las cárceles, y del miedo ciudadano, el poder no duerme, sino que actúa permanentemente. Avanza inexorablemente aun cuando los pueblos y los pobres están dando un ejemplo de lucha a través de la Marcha por la Dignidad y la Justicia, que muchos de nosotros, desde nuestro espacio social confortable, vemos, aplaudimos y felicitamos, pero no acompañamos. Ciudadanos virtuales somos.
El botón de muestra es la ley de infraestructura vial que el sector económico poderoso pretende ver aprobada en la actual legislatura. Sabe que el voto de los congresistas tiene un precio que dicho sector puede pagar. Si de veras hubiera interés en el desarrollo del país y responsabilidad social, debería esperar el nuevo Congreso y contribuir a moralizar un tanto la política y la economía. Alfred Kaltschmitt [1], en complicidad con los interesados en la ley, pretende engañarnos diciendo que esta tiene una gran incidencia en el desarrollo económico, cuando la verdad es que no es la ley la importante, sino la infraestructura en sí misma.
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La ley tiene muchos vicios que afectarán a la sociedad y a la descentralización. Crea un nuevo elefante blanco, la Sivial, que estará integrada por los más cercanos al poder económico y político. Lo mismo sucedió con la privatización de la energía eléctrica y de la telefonía, que tienen superintendencias controladas por ellos y para ellos. Por ejemplo, el caso de Acisclo Valladares, quien es yerno del dueño de una poderosa telefónica, estuvo en la intendencia respectiva y ahora es el flamante y denunciado ministro de Economía. El sector económico se apropia de la leche, de la vaca y del pasto.
Argumenta Kaltschmitt que no habrá peaje en las carreteras existentes, pero oculta que en las nuevas sí los habrá al tenor del artículo 124 de dicha iniciativa, que establece esa forma de cobro por el uso de las carreteras aun cuando los ciudadanos pagamos el impuesto de circulación. Menciona que hasta el FMI dice que la infraestructura ayuda a reducir la pobreza, pero no menciona que ese ente internacional también dice que el país necesita consensos para crecer. Es decir, las imposiciones políticas clientelares que permiten la captura del Estado no son viables en la democracia.
Esa iniciativa debe reflejar el interés en la redistribución equitativa de la riqueza, ya que, al amparo de ella, el botín del impuesto sobre los combustibles concentra los recursos en un elefante blanco (Estado privado) y en la capital de la república, en tanto a los municipios les deja migajas y, lo más dramático, la obligación de las carreteras o los caminos secundarios, mientras que los todopoderosos constructores (algunos de ellos aún sobreviven a la corrupción develada por la Cicig) se encargarán de las más importantes y, por lo tanto, las más costosas. ¡Más desigualdad!
Claro que necesitamos infraestructura, pero no en las condiciones que señala la iniciativa de ley. Se requiere ampliar la participación de las municipalidades, de los sectores sociales y de los pueblos indígenas, mayor diálogo y consensos y consultas al amparo del Convenio 169 para lograr un verdadero y legítimo desarrollo, y no el que pretende dicho instrumento.
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[1] Prensa Libre, 7 de mayo de 2019, página 22.
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