Los primeros, en sendo campo pagado advirtieron, negrita incluida, estar dispuestos “a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan”. Sentencia que fue precedida por la explicación de que, en última instancia, las graves violaciones a los derechos humanos de la población civil en las zonas de conflicto, se debieron a la decisión de la insurgencia de seleccionar el occidente del país “para involucrar a sus habitantes en la llamada ‘guerra revolucionaria’”. No niegan los hechos, solo buscan otro culpable.
En tanto, el abanderado del PP en una entrevista pocos días después, continúa semejante línea de explicación de masacres, tierra arrasada, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, trata de niños y niñas en adopciones ilegales, abusos y violaciones sexuales. El candidato, ciego en su análisis de la historia —o quizá carente de autocrítica sobre el rol del Ejército en la misma—, tuvo la desvergüenza de requerir que alguien le pruebe que en Guatemala hubo genocidio. Al igual que la Avemilgua busca otro culpable de las atrocidades cuya responsabilidad se ha atribuido a los agentes del Estado.
Mucho se ha criticado a algunos candidatos y candidatas por su limitada cultura general en las respuestas a una serie de preguntas y pruebas que les ha hecho Emisoras Unidas. Difícilmente, por muy profunda que sea la ignorancia sudada por los y las entrevistadas, haya alguien que supere la magnitud de la ignorancia —consciente o subconsciente— reflejada por quien muchos ven ya sentado en la poltrona presidencial.
Ignorancia en primer lugar porque, al parecer guiado por sus orientaciones ideológicas, se ha abstenido de estudiar y comprender de qué se trata la afirmación de que en Guatemala, derivado de todo el contexto en el que tuvieron lugar las masacres cometidas por el Ejército nacional, se cometieron actos de genocidio. Si tan solo en su publicitada preparación para ocupar el cargo al cual aspira obsesivamente desde hace casi una década, hubiese leído las convenciones internacionales —si es que le sigue dando roncha leer los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)—, estudiado sus implicaciones y comprendido a plenitud su significado, probablemente el estribillo de sus respuestas sería otro.
Sin embargo, todo indica que no ha pasado de leerse los manuales militares y los análisis de su gremio por lo que a la sabida disposición de negar la responsabilidad por los crímenes cometidos, se añade la taimada afirmación de que los hechos señalados y documentados no tuvieron lugar. Profiere así el candidato, como lo produjo antes el mascarón, una nueva afrenta a las víctimas y sus familias. En fin de cuentas, tal parece que no importa el hecho de que sean más de 240 mil las personas directamente golpeadas con ejecución o desaparición forzada, de que se violara a mujeres y niñas o de que se asesinara no natos o recién nacidos —para “quitarle el agua al pez”—, pues en la cabecita de quienes dirigen el mascarón o de quien quiere gobernar este país, al fin de cuentas les pasó por estar en el lugar equivocado.
Aunque Otto Pérez Molina se vanagloria insensatamente de ser un general de la paz, como si los acuerdos firmados para concluir el conflicto armado fuesen una obra suya, niega de forma sistemática los resultados de esos mismos acuerdos, tal el caso del informe producido por la CEH. De manera que, si bien en apariencia son aguas en distinto río, al final el candidato y la Avemilgua terminan desguando en el mismo chorro: en el la impunidad y la negación de la historia.
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