La marcha comenzó el 1o de mayo en la ciudad de Quetzaltenango y estuvo integrada por autoridades ancestrales, comunidades en resistencia, organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento estudiantil, jóvenes organizados y medios de comunicación alternativos. En su proclama de la marcha, las organizaciones participantes expresaban hartazgo «por que unos pocos se sigan enriqueciendo a costa de la pobreza, desnutrición, educación, salud, justicia, vivienda y tierra de miles de familias guatemaltecas, principalmente de las que viven en las comunidades y aldeas donde habitan pueblos originarios y campesinos».
Las comunidades de las personas olvidadas por el sistema caminaron 218 kilómetros. Marcharon con sus hijas e hijos a tuto, con la frente en alto. Paso a paso, sus pies morenos roturaron los miles de metros que su marcha consumió. La columna multicolor y multicultural serpenteó a lo largo de la ruta Interamericana hasta llegar a la ciudad. Llegó a la plaza y fue recibida con una alfombra de pino cuyo aroma fue extraído con cada paso que rozaba las hebras fragantes.
A cinco semanas de que se realicen las elecciones generales, la Marcha de la Dignidad es probablemente la expresión más fuerte de conciencia ciudadana sobre el proceso en marcha. Al usar el término voto en sustitución de boto, en referencia a desechar basura, el conglomerado manifiesta su rechazo a la oferta plagada de personas con señalamientos de conducta criminal.
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Las delegaciones de pueblos originarios denunciaron, a lo largo de las ocho jornadas que duró su trayecto, las prácticas excluyentes del sistema que nos rige. En lo que va del presente año, afirman, se tiene conocimiento de que existen más de 560 órdenes de captura contra personas defensoras del derecho a la tierra y al territorio. Estas órdenes han sido emitidas a solicitud de entramados empresariales en asociación con autoridades judiciales o de la Fiscalía: empresas como la telefónica Tigo, cuyo involucramiento en un soborno al Congreso ha sido expuesto en las cortes.
Casos ilustrativos de la criminalización derivada de la colusión entre empresarios y autoridades judiciales, probablemente basada en el cohecho, son los procesos en contra de Abelino Chub, Bernardo Caal, Carlos Choc y los miembros de la Gremial de Pescadores de Izabal. También lo son los juicios armados contra Rigoberto Juárez y Rubén Herrera en Huehuetenango.
Ellos han enfrentado cárcel. Han sido privados de su libertad porque han defendido el territorio ancestral y han buscado proteger los recursos naturales. Han sido amenazados por la voracidad y la corrupción. Aunque algunos, como Rubén, Rigoberto y Abelino, lograron salir en libertad, otros, como Bernardo y Carlos, continúan en prisión por ser el rostro visible de la defensa del territorio y de los recursos naturales.
Porque este sistema solo ha respondido con represión cuando las voces se han alzado para reclamar derechos. Porque este sistema solo tiene en mente a los pueblos cuando necesita un voto cada cuatro años. Porque este entramado perverso de autoridades, políticos y empresarios se amalgama para succionar los recursos naturales en detrimento de la vida. Porque la indiferencia es la menos adecuada de las actitudes que ha de tomar la sociedad. Por todo ello es que han marchado y venido a la ciudad.
Por eso la frase «elijo dignidad» completa el enunciado inicial. Se trata de esa dignidad que es mucho más que solo declararla. Es la dignidad de marchar con la pobreza como vestuario y con la exclusión de más de cinco siglos para levantar el estandarte de la resistencia y el llamado a luchar con dignidad por la vida y la justicia.
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