El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya nos puso al tanto de que el próximo 11 de septiembre no toca elegir a las autoridades que por cuatro años tendrán en sus manos la dirección de nuestro país.
Creo necesario recordarle al TSE algunos puntos importantes para la sociedad al momento de votar. No me refiero a aspectos relevantes para el común elector, sino para quienes, por una u otra razón, el derecho a sufragar pareciera un martirio: las personas con capacidades diferentes.
Vivir en la oscuridad, en el silencio o sin poder movilizarse con facilidad, es muy difícil para cualquier ser humano. Apegado al principio constitucional de igualdad y a lo que establece la Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción, decreto 16-2008, el TSE debe desde ya contemplar acciones para brindarles a las personas con capacidad diferente la certeza de que su voto también cuenta.
Hoy día hay, por lo menos, 50 mil ciudadanos con diferentes capacidades aptos para ejercer su derecho a votar, un caudal que muchos de los partidos seguramente no saben que existe y que bien harían en conocer e incluir en sus propuestas de gobierno.
Entre los aspectos que el TSE debe considerar para las próximas elecciones está asegurar que cada centro de votación a donde acuda una persona con diferente capacidad tenga el acceso adecuado. Muchos de esos centros, a pesar de que están en instituciones públicas, no cuentan con rampas que faciliten ese acceso. Además, debiese de instalarse un lugar especial perfectamente señalizado dentro de cada centro que les permita a los ciudadanos con diferente capacidad sentirse más cómodos al momento de votar. Un lugar donde se incluya, entre otras cosas, atrios bajos y papeletas en braille.
Hace un año Juan Carlos Eggenberger, director de TeletónFundabien, reveló a Prensa Libre que atendían a siete mil personas con discapacidad física y que el 30 por ciento de los casos habían sido causados por problemas sociales, entre ellos violencia. Si el Estado ya les falló una vez al no brindarles seguridad, que no les falle de nuevo al negarles ejercer su derecho de una forma igualitaria. El dificultarles el acceso es como negarle el derecho.
Sin duda, la intención no es revictimizar a las personas que sufren una discapacidad. La intención es hacerlos sentir ciudadanos que cuentan, ciudadanos que valen.
Un amigo que tiene diferentes capacidades me comentó que ir a votar se vuelve difícil, especialmente para las personas que tiene que abordar un bus para hacerlo. “No basta con que el bus sea gratis, será muy difícil subir a una persona con diferente capacidad”, me dijo.
Es importante también que los ciudadanos con diferente capacidad actualicen sus datos para que acudan a los centros de votación más cercanos a sus casas y que el TSE coordine con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad u otras organizaciones que apoyan a estas personas, para encontrar soluciones y respuestas de cómo mejorar facilitarles su ejercicio democrático.
Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción.
Artículo 7: “La comisión respectiva del Congreso de la República deberá impulsar la revisión, actualización, reformas y derogatoria de leyes, decretos y acuerdos, para que sean compatibles con las necesidades y aspiraciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias especialmente aquellos que sean lesivos a su dignidad o limiten su participación en gestión administración y organización de los servicios y programas de apoyo a las personas con discapacidad, y cuyos financiamientos provengan de aportes estatales, recaudaciones a través de rifas o loterías, donaciones o financiamiento de la cooperación internacional, para asegurar su participación e involucramiento en la toma de decisión en los temas que le conciernen”.
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