Apostar a ello desde la perspectiva de una persona sensata significaría que se está seguro que se ha realizado una excelente gestión o que se posee un gran poder político para lograr la mayoría calificada –2/3 partes– que se requiere para lograr la elección en el Congreso.
Para no caer en desafueros es conveniente revisar detenidamente las atribuciones del Procurador: promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de Derechos Humanos; investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos Humanos; recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la modificación de un comportamiento administrativo objetado; emitir censura pública por actos o comportamientos contra los derechos institucionales; y promover acciones o recursos judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente.
Luego de examinar detenidamente los informes de gestión de los últimos cuatro años, explorar el plan estratégico de la Procuraduría y de verificar la continuidad de varios proyectos como el de Recuperación del Archivo de la Policía y su informe “Derecho a Saber”, mi percepción es que la gestión del señor Procurador ha sido meramente escueta o cosmética, buscando un equilibrio o acomodo con el gobierno de turno en detrimento del fortalecimiento institucional de la organización a su cargo. Algunos ejemplos en los que se sustenta este juicio son su actitud pasiva frente a casos paradigmáticos del gobierno anterior como el de Perenco en la laguna del Tigre, el de Tropigas en la bahía de Amatique o el de las familias del Polochic –ampliamente documentado por PzP.
No puede obviarse que la misma actitud distante se observó frente a la falta de transparencia en la información de Mi Familia Progresa, las irregularidades del Registro Nacional de las Personas –Renap– o la inoperancia e ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral. Tampoco puede pasarse inadvertida la participación en el grupo de garantes del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia G4, espacio en el cual pareció que la Procuraduría se alejó de sus atribuciones técnicas de denuncia, intervención e investigación, para dedicarse más a manifestaciones –algo tibias– que tenían un carácter más político y mediático.
En este sentido, llaman también la atención el actual comportamiento blando frente a los casos de los militares enjuiciados y las opiniones –ahora firmes– expresadas cuando ya existía un nuevo presidente electo: “Quiero hacer constar que el gobierno de la UNE nos tiene que dar respuesta de las 28 mil personas que fueron asesinadas solo durante su período. Entre estos se cuentan más de tres mil 700 mujeres, cerca de dos mil niños, menores de 17 años y menores de un año, así como más de 700 adultos mayores” (http://www.prensalibre.com/jalapa/Procurador-UNE-debera-responder-crimenes_0_603539683.html).
Desde otra arista, es increíble que la Procuraduría cuente con amplios espacios de promoción y no sea capaz de aportar en la construcción de ciudadanía. Hablo por ejemplo de los resultados de la infinidad de capacitaciones que ha brindado la entidad sin que mejoren las condiciones de los derechos humanos en el país, de proyectos intrascendentes en los que se nota la ausencia total de control como el diario digital “El Mirador” cuyo énfasis parece que son las noticias del entretenimiento y la farándula www.elmirador.org.gt –puede también verse el link en la página web de la Procuraduría www.pdh.org.gt– o de campañas insulsas a lo largo del país como las de “empadrónate y vota” o “Agenda Nacional de Derechos Humanos” cuyas vallas destacan la robusta figura del señor Procurador sin realizar ningún aporte.
Las vallas son un buen modelo de la gestión cosmética a que me refiero. Que si las vallas fueron donadas o no, es otro punto –si lo fueron el Procurador no debió aceptarlas por una cuestión de probidad–, pero hubiese sido interesante que las vallas tuviesen algo de fondo, algún contenido para la ciudadanía, que informaran o condenaran por ejemplo las acciones que atentasen contra el libre ejercicio del voto o que al menos explicaran cómo participar o cuál es objeto de realizar un ejercicio participativo para elaborar una Agenda Nacional de los Derechos Humanos, algo que ni siquiera en la misma Procuraduría conocen –solo existe escasamente dos pequeñas referencias en la página web de la institución– y quienes lo conocen no creen que pueda tener algún efecto.
Finalmente, hay que decir que hechos bochornosos como el ocultamiento de información respecto al monto de los salarios y viáticos o el culebrón de la agresión a la licenciada Gladys Monterroso no le hace bien a la institución. En un país tan inequitativo y pobre, el ombudsman debe ser ejemplo no solo por sus conocimientos sino por sus valores, comportamiento y en especial trasparencia.
Todos sabemos que el señor Procurador no es ningún ingenuo y es por ello que me pregunto ¿Con los anteriores antecedentes, cuál es la carta que tiene bajo la manga para atreverse a buscar una segunda reelección? ¿Descubrió el Procurador una fórmula mágica para poder lograr una mayoría calificada en el Congreso o existen deudas electorales por saldar? ¿Será que los señores diputados y el partido de gobierno están pensando que es mejor malo conocido que bueno por conocer?
Finalmente, realizo una reflexión desde el punto de vista institucional, si el sistema de pesos y contrapesos de las distintas ramas del poder no funciona ¿es conveniente que al Procurador lo elija el Congreso?, ¿se podría lograr en este marco que la figura de Procurador no se acomode con el gobierno de turno?
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