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Elección de Fiscal General: Los “no operadores” o los operadores que dicen no serlo
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Elección de Fiscal General: Los “no operadores” o los operadores que dicen no serlo

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Tiempo aproximado de lectura: 33 mins

Alrededor de la elección de Fiscal General existe un fuego cruzado. Diferentes actores (sociedad civil, abogados, decanos) reconocen los múltiples intereses y sectores que tratan de influir en la Comisión de Postulación que deberá integrar la nómina de seis candidatos de la cual el presidente Jimmy Morales elegirá al profesional que sustituya en el cargo a Thelma Aldana. Ahí aparecen los operadores políticos, supuestas manos ejecutoras capaces de mover voluntades y lograr que los comisionados apoyen a sus elegidos. Todos hablan sobre ellos y todos niegan serlo. Aunque existe consenso en la existencia de redes que tratan de manejar los hilos. Cabe preguntarse si la multipolaridad de agentes y objetivos permite que alguien se imponga.

“Qué bien que nos están observando. Nosotros hemos pedido a los medios de comunicación, a diferentes entidades guatemaltecas y extranjeras, que nos den acompañamiento. Porque no tenemos temor alguno de que ustedes presencien cómo estamos llevando a cabo este proceso de selección de fiscal. Lo estamos haciendo con transparencia, con moralidad y con la plena confianza de que nuestro trabajo va a ser desempeñado de igual manera”. Quien habla es José Antonio Pineda Barales, presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Postulación, el jueves 12 de abril. A su alrededor, los otros 14 comisionados. Frente a ellos, ante el edificio de la Corte Suprema de Justicia, cientos de personas convocadas por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que se congregaron en ese lugar para exigir la elección de un “fiscal intachable”.

El nombramiento es, probablemente, el más importante que tiene lugar en Guatemala en los próximos años. Hay, incluso, quien lo ve más relevante que los comicios presidenciales de 2019. El país se encuentra en medio de una crisis política desde abril de 2015, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), emprendieron una titánica lucha por combatir la corrupción e impunidad. Desde entonces están en el centro del debate. Quién acompañe al comisionado Iván Velásquez durante el año venidero será clave para determinar si el Estado se compromete a mantener la línea de investigaciones contra la corrupción o da un paso atrás y se alinea con sectores como el Congreso, el Ejecutivo o algunas facciones del sector empresarial, abiertamente enfrentados al órgano internacional.

Una elección de estas características implica muchos intereses encontrados. También, diversos sectores que observan de cerca y tratan de influir en las decisiones de los comisionados. Para ello, una de las fórmulas tradicionales ha sido la figura de los “operadores políticos”.

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“Un operador es alguien que tiene vínculos con algunos miembros de la postuladora, vínculos con jueces que tienen grandes influencias, vínculos con algún caso particular que este ahora en el MP, gente que ha sido muy anónima pero que aparece en publicaciones por aquí y por allá”, explica Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, una de las oenegés más activas en la vigilancia del proceso de elección.

Hablamos de una especie de mediadores que, gracias a sus buenos contactos, logran influir en las comisiones de postulación que por mandato legal tienen la responsabilidad legal de allanar el camino para la designación de los operadores de justicia más importantes: Fiscal General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) y de Cortes de Apelaciones, director del Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros. Las preguntas son obvias: ¿quiénes operan? ¿en nombre de qué intereses? ¿Cuáles son sus mecanismos?

De operaciones bajo la mesa

Para la realización de esta nota, buena parte de las fuentes (decanos, abogados, miembros de la sociedad civil) prefiere hablar a condición de que no se mencione su nombre. Por su parte, los señalados como “operadores”, niegan tal condición. Lo que todos admiten es la existencia de grupos con intereses encontrados y su voluntad de influir.

Antes de comenzar, algunas consideraciones.

Entre los grupos “con intereses” mencionados por algunos de los entrevistados están: sector político, sector empresarial, militares, crimen organizado, gremio de abogados, sociedad civil y cooperación internacional. Una aclaración: no se pretende equiparar los intereses de los guatemaltecos que buscan mayor eficiencia en las instituciones a los de grupos delincuenciales que pretenden influir en la designación de un fiscal fácil de alinear. Su único elemento en común es tener una idea sobre el perfil que debería tener la persona escogida, aunque con características antagónicas.

El elemento determinante entre estos grupos es lo partidarios o detractores que son de la labor impulsada por la Cicig y la lucha contra la corrupción. Es decir, desde el apoyo absoluto de buena parte de la sociedad civil (no toda) hasta el rechazo, más o menos velado, de gran parte de la élite política alineada en el denominado “pacto de corruptos”.

Al hablar sobre los 15 comisionados, existe un consenso generalizado en dividirlos en tres grupos. Por un lado, las universidades privadas tradicionales (Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Mesoamericana, Mariano Gálvez y Del Itsmo); por otro, la estatal Universidad San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (que tiene dos asientos, el presidente de su Junta Directiva y el presidente de su Tribunal de Honor) y el Órgano Judicial; en tercer lugar, las universidades de nueva creación, también denominadas peyorativamente “de cartón” (Da Vinci, Regional, Panamericana, San Pablo, Rural y de Occidente).

Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) sobre las comisiones de postulación entre 2014 y 2015, ubicaba a los representantes del primer bloque de universidades como representantes de las economías tradicionales, mientras que al resto de comisionados los situaba como cercanos a las economías emergentes. No obstante, las votaciones que se desarrollaron entre el lunes 9 y el jueves 12, y que dejaron 14 aspirantes a fiscal entre los que se escogerán los seis candidatos, no muestran un comportamiento homogéneo a la hora de puntuar.

En este complejo contexto, aparecen los operadores como figuras clave entre los grupos de interés y los comisionados. Pueden estar exclusivamente dedicados al sector justicia o formar parte del cabildeo tradicional. Pueden haber convertido sus artes en un modus vivendi u operar circunstancialmente dependiendo de quién ostente el poder en ese momento.

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Se trata de un complejo sistema de alianzas, fidelidades, desencuentros, animadversiones que se desarrolla bajo la mesa, antes y durante el tiempo en el que los comisionados definen sus deliberaciones.

Como indica una abogada que ha participado en comisiones de postulación para magistrado de la CSJ y cortes de Apelaciones, “no hay certezas, solo voluntades”. Esta letrada señala que las prácticas en el pasado han incluido la invitación a comidas, fiestas y eventos para comprar apoyos. También la venta de tesis o los “compromisos adquiridos”. Es decir, A apoya a B para alcanzar un puesto y luego B le devuelve el favor apoyando a los candidatos afines a A en las comisiones de postulación en las que toma parte. No olvidemos que el gremio tiene elecciones prácticamente todos los años. Puede ser al Colegio de Abogados y Notarios, a la Corte de Constitucionalidad o a otras instituciones de Justicia.

Para explicar la complejidad del proceso podemos recurrir a Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego (enero a julio de 2015). En su libro “Comportarse como adultos”, afirma que “es fácil imaginar una habitación llena de humo, donde un grupo de hombres muy malos (con alguna mujer de por medio) conspira para obtener beneficios a costa de los más débiles y del interés de la mayoría. Esta imagen, sin embargo, no se ajusta a la realidad”.

Esto no implica que no existan intereses, conexiones, presiones, cabildeos, deudas e intentos de ubicar los candidatos más afines en un puesto tan decisivo como el jefe de la fiscalía.

Sin embargo, implicados directamente, como el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Rolando Escobar Menaldo, manifiesta no haber percibido sugerencias y niega tener conocimiento de que los comisionados se reúnan más allá de las sesiones de la Comisión de Postulación.

El exrector de la USAC que interpuso un amparo

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exdecano de la facultad de Derecho de la USAC (2000-2004) y exrector de esa universidad (2004 a 2012, en dos períodos) es uno de los nombres que no falta en ninguna quiniela sobre operadores. En su época como máximo responsable de la institución, diversos sectores le acusaron de armar una red clientelar de apoyos internos que él siempre ha negado. Ahora se le vincula con dos de las denominadas “universidades de garaje”. La Regional, en la que ejerce como coordinador académico y a la que está ligado desde sus inicios (fue aprobada por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior en 2014 y comenzó a impartir clases en 2016), y la Rural, por sus nexos con el diputado de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee, que es su rector. Además, hay fuentes que consideran que tiene influencia en el decano de la USAC, Gustavo Bonilla.

Políticamente, una representante de una oenegé ubica a Gálvez en una posición “intermedia”. “Busca candidatos que no sean muy pro ni muy anti Cicig”, asegura. “Es elegante, independiente, un factor con el que negociar”, dice otra fuente de la sociedad civil.

El exrector de la USAC sabe que su nombre aparece en todas las quinielas. No rehúye las preguntas en la cafetería de un hotel de la zona 10 de la capital. Repite en varias ocasiones que él fue quien “pidió por primera vez que se votase públicamente. Pero eso no lo dice nadie”.

—¿Es usted un operador político?

—No. Soy un abogado colegiado, tengo 30 años de ser abogado, me interesa mi país, el fortalecimiento de la justicia, de las instituciones, y por eso no soy apático en estos procesos, sino que trato de apoyar a los mejores perfiles.

—¿Ha intentado influir en este proceso?

—En este proceso no tengo preferencias. Mi preferencia es que se elija a la persona correcta, que fortalezca la lucha contra la corrupción la impunidad y el crimen organizado. Mi relación más directa es una acción de amparo que interpuse en contra de la Comisión de Postulación.

(Gálvez interpuso el lunes 8 de abril un amparo contra la comisión. Está en manos del juez Tercero de Primera Instancia Civil. Debía haberse conocido en 48 horas pero todavía no hay decisiones. Hay al menos una decena de amparos más que podrían modificar el resultado o incluso invalidar el proceso, como ocurrió en 2010 con la elección del fiscal Conrado Reyes, anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Gálvez cree que dejar fuera a los aspirantes que quedan por debajo de los 60 puntos va contra el “principio de objetividad”.)

—¿Pone ese amparo de forma individual? ¿Alguien se lo ha sugerido? ¿Quiere favorecer a algún candidato?

—Nadie me lo ha sugerido, ni me lo ha pedido, ni tengo interés en nadie. Como somos en Guatemala probablemente pongan nombre y apellido a quien supuestamente quiera beneficiar, pero tengo todo el derecho a hacerlo.

—¿Por qué le mencionan como operador?

—Entiendo que es algo lógico. Llevo más de 30 años de abogado, he sido decano de la facultad de leyes, rector de la universidad más grande, he sido activo en mi gremio. No puedes elegir sin hablar con colegas, sin proponer. Esa incidencia que he tenido, los cargos que he ocupado, me ha llevado a tener relevancia en estos procesos.

—¿Intentaron influir sobre usted cuando era comisionado?

—Alrededor de las comisiones de postulación siempre hay grupos de presión.

—¿Cómo?

—No se tienen que poner una playera. Funciona a través de grupos, personas, financiamientos. Tratan de influir. Lo cual es muy dañino en el caso del crimen organizado. En los demás sectores puede ser razonable. Somos una sociedad, interactuamos, hay distintos intereses, aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de narcotráfico o de crimen organizado, hablamos de impunidad.

Al menos tres fuentes consultadas consideran que Gálvez es depositario de dos votos y un posible tercero. Los de las universidades Rural y Regional, representadas por los decanos Mario Raúl García Morales y Yuri David Búcaro Chicas e influencia sobre Gustavo Bonilla, decano de la Usac. El señalado lo niega tajantemente.

El primero afirma no haber recibido presiones de nadie e incluso califica el ambiente en la comisión como “arisco”, “de querer conservar las cosas lo más asépticas posibles”. Preguntado por si Fidel Reyes Lee, fundador y rector de la institución en la que trabaja y diputado por la UNE, había sugerido algún candidato, responde: “en absoluto. El tendrá sus dinámicas, sus intereses, pero en estos casos, particularmente en este, soy sincero. En absoluto”.

El segundo no concede entrevistas y rechaza hablar con la prensa en los recesos de las sesiones.

Sobre el tercero, Gálvez afirma: “cómo no voy a conocerle si fue mi secretario”. Niega las tesis que le sitúan como influyente en tres de los votos. También niega haber hablado con los comisionados sobre la elección. “Con cualquier comisionado podemos conversar sobre temas del gremio, de interés nacional, pero siendo un tema tan delicado debemos respetarnos”, dice.

El caso de la USAC sirve para demostrar cómo diferentes sectores pueden tratar de influir sobre un mismo comisionado. Por un lado, integrantes de la sociedad civil consideran que el rector Bonilla puede ser influenciable por Gálvez. Por otro, dentro de la propia universidad hay sectores, como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) o la Asociación de Estudiantes de Derecho, que también controlan la actuación del decano. Por último está la posición de la propia institución dentro de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad. Esta plataforma, lanzada tras la crisis abierta durante el intento de Jimmy Morales de declarar “non grato” a Iván Velásquez en agosto de 2017, está liderada, entre otros, por Carlos Alvarado, actual rector de la USAC; es decir que existe un alineamiento con los sectores de la sociedad civil que han hecho campaña por la elección de un “fiscal intachable. El martes no acudió a la conferencia de prensa que anunciaba la marcha (pero sí participó en la manifestación del jueves) y fue sustituido por Mario Godínez, decano de Agronomía. Este señaló que los lineamientos marcados al representante de la USAC es votar por “gente idónea, no comprometida con el crimen organizado”.

Para resumir su posición política en el contexto de la elección de fiscal, Gálvez considera que “Guatemala está dividida; unos a favor de la Cicig, otros en contra. Yo creo que no hay que tener una posición ciega ni a favor ni en contra. Se deben analizar las ejecutorias. En su momento, consideré que era conveniente crear una comisión contra la impunidad en Guatemala. ¿Por qué? Porque nos estábamos convirtiendo en un narcoestado; porque en las elecciones de colegios (profesionales) había grupos que hacían elecciones en hoteles para 1,000 o 1,500 colegas, rifaban motocicletas, viajes, relojes. Eso no se hace haciendo escrituras públicas. No había fuerza en Guatemala capaz de enfrentar esos grupos. A día de hoy no me arrepiento. Pero creo que no puede uno decantarse en una posición a favor o en contra. Habrá que ver las ejecutorias”.

La paradoja de la Universidad Da Vinci

Freddy Cabrera es otro de los imprescindibles cuando se habla sobre operaciones políticas. Entre 2013 y 2017 participó en comisiones de postulación al ser decano de la Universidad Da Vinci, otra de las señaladas como instituciones “de cartón”. Las fuentes consultadas muestran disparidad de opiniones sobre su papel. Mientras algunas consideran que opera, aún a través de terceras personas, otras creen que no es una pieza influyente en esta elección.

Quienes creen que Cabrera sigue moviendo piezas entre bambalinas le vinculan directamente con el presidente, Jimmy Morales, y su alianza con el alcalde metropolitano Álvaro Arzú Irigoyen. En su despacho, insiste en mostrar hastío por ser señalado siempre que hay una comisión de postulación.

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—¿Es usted el operador de Jimmy Morales?

—No soy operador de Jimmy Morales. Hay envidia hacia mi persona. Dios es el que me ha bendecido, eso da envidia a mucha gente. No soy de los bufetes grandes, soy hijo de un taxista.

—Pero usted tiene una relación directa con el presidente.

— Estudió conmigo hace 30 años. Fue compañero en básico y diversificado. Tenemos una amistad, nos miramos una vez al año en navidades en nuestros convivios. Al convivio del año pasado no llegó, llegamos los amigos pero no llegó él. No soy asesor, no soy consultor, no tengo relación. Tiene la responsabilidad de ser presidente, yo de abogado.

—¿Por qué le señalan a usted como operador?

—No lo sé. Estoy completamente asombrado. Estaba el FRG, era operador, estaba la UNE, Patriota, FCN, era operador. Nada que ver. Tengo ahora cuestiones de docencia, he estado viajando a México, a Nicaragua, en México me dieron un doctorado Honoris Causa, estoy yendo y viniendo, cada cual tiene su función legal y esa no es la mía.

—Cuando usted era rector de la Universidad Da Vinci se habló mucho de su posición política en las comisiones.

—¿Posición política? ¿Qué es la política? ¿Ir en las comisiones? Veo a Rolando Escobar (Menaldo), nos miramos en un restaurante, nos saludamos, estuve en varias comisiones con ellos, nos hicimos amigos. Si hubiera sido un operador, no sería amigo de ellos. Nos llevamos bien porque supimos respetar el espacio de cada uno. Este el país del “se dice”. “Se dice que Freddy Cabrera”. En otros países como España se da la fuente. Pónmelo y dime qué es lo que yo estoy haciendo.

—¿Ha tratado de influir en algún comisionado?

—No. Toda la gente merece respeto.

—¿Cree que actualmente haya alguien operando para influir?

—No sé si alguien está operando. Ni siquiera en algún momento. Lógicamente, coincidimos, hablamos, pero en estos momentos hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Nadie sabe cuál es el trabajo de un comisionado. Son muchas horas, nadie te paga, es ad honorem, por tu país, pero también obligado, esas discusiones que son complicadas, tiene que llegarse a un consenso.

—¿Alguien le habló a usted cuando era comisionado?

—Claro. Te hablan las instituciones, la sociedad civil, la embajada de Estados Unidos, en su momento. El embajador actual creo que es muy respetuoso de esto, pero antes la embajada te hablaba.

Juan Carlos Rodil Quintana es el decano de la Universidad Da Vinci. Niega seguir el dictado de su antecesor e incluso marca distancias. “No hago política, yo estoy aquí por motivos académicos”, afirma, en un receso de las sesiones, en el interior de la Corte. Reconoce que el apelativo “de cartón” es perjudicial para sus intereses y reitera, una y otra vez, que su motivación está en la educación y no en la política.

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Sus vínculos familiares y su historia personal reciente tienen que ver con la política. Es hijo de José Rodil Peralta, quien dirigió el CANG en 1982 y asesoró a Efraín Ríos Montt, entonces dictador, acusado de genocidio y recientemente fallecido. En 2015 apoyó la aventura política de la hija del General, Zury Ríos, a través del partido Visión con Valores (Viva). Él insiste en que no se le vincule con su papá (“somos personas distintas”) y limita su alianza con Zury Ríos a la amistad personal. “Hace dos años que no la veo”, dice. Aunque reitera su confianza en sus cualidades políticas.

Se muestra molesto con el apelativo “universidad de cartón” y reivindica su apuesta por el interior del país. La Universidad Da Vinci tiene su campus central en Huehuetenango. En la capital, en el centro financiero, tiene su facultad de Derecho, la que dirige Rodil Quintana.

El decano reivindica que su tendencia a la hora de votar se ha acercado a universidades tradicionales como la Landívar o la del Itsmo. Dice que no es una cosa buscada, sino que las valoraciones de los aspirantes le han llevado ahí. Aunque su comportamiento en las puntuaciones le viene bien para argumentar contra quienes creen que instituciones como la suya fueron creadas, precisamente, para influir en estas comisiones. Una abogada que ha formado parte de estos equipos de selección recuerda que las universidades, aún con el apellido “de cartón”, “son un negocio”. Y también ponen en juego su “prestigio comercial”.

La ausencia del “Rey del tenis”

Si hablamos de operadores hay un nombre que se escucha por encima de los demás desde hace más de una década. Se trata de Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como “Rey del tenis”. Es la figura por excelencia, la persona que, según las fuentes consultadas, más poder ha acumulado y a quien se le atribuye la capacidad de tejer una serie de complicidades que le permitía influir en comisiones de postulación claves como la que escogió a los integrantes de la CSJ en 2014.

“Un tipo muy interesante, se manejaba solo. Un imperio en sí mismo”, dice un miembro de una organización de la sociedad civil.

“Alguien muy hábil, bien conectado, era lo que se le llama que se vende al mejor postor”, dice otra integrante de una oenegé.

“Fue colocando y colocando en todas las instituciones. Defensa Pública, MP, jueces, sistema penitenciario y Gobernación. Todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Era un hombre sumamente poderoso”, dice una abogada.

El mito de López Villatoro cayó el 23 de febrero pasado, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo arrestaron por cohecho activo junto al magistrado Giovanni Orellana Donis. La investigación desarrollada entre el MP y la Cicig acusa al abogado de haber comprado una casa al juez a cambio de favores, precisamente, en una comisión de postulación.

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Entre las fuentes consultadas existe disparidad de criterios a la hora de considerar su influencia. Una considera que su posición venía “retrocediendo”. Otra indica que “se nota que no está, pero las prácticas son las mismas”. En la misma línea, una tercera cree que López Villatoro “está descartado porque como cabeza de grupo no puede operar”. Una cuarta considera que, aún encarcelado, tiene capacidad para manejar otros peones.

Debido a su actual situación, encarcelado en Mariscal Zavala a la espera de ser ligado a proceso, López Villatoro declinó ofrecer declaraciones. Una fuente cercana a él consideró que su figura ha sido “sobredimensionada”, afirmó que su participación en otros procesos estaba amparada en su derecho constitucional como abogado y rechazó que tuviese previsto tratar de influir en la actual elección de Fiscal General.

“Tienen que tener a alguien, no pueden estar sentados esperando. Algún grupo de diputados, los que están en antejuicio, los acusados cercanos a un grupo del Ejército… deben estar trabajando para que la cosa no salga tan mal para ellos”. Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, pone en palabras la sospecha de muchas oenegés.

En las múltiples conversaciones mantenidas para la elaboración de este reportaje aparecen diversos nombres que se suman a los ya apuntados. Ninguno de ellos es nuevo. Todas las fuentes mencionan a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien fue señalado como operador político del gobierno de Otto Pérez Molina. Dos entrevistados mencionan a Vitalina Orellana, magistrada de la CSJ a quien vinculan con el “Rey del tenis”. Plaza Pública se puso en contacto con la oficina de prensa de la institución pero no recibió respuesta a la solicitud de una entrevista. El resto de nombres son solo apuntados por una única fuente. Es el fuego cruzado. Las “voluntades, pero no certezas” de las que habla la abogada. “Aquí evidencias no las hay”, dice, “se cubren entre ellos”.

Para entrar en el sexteto que pasará al despacho del presidente Morales, son necesarios diez votos de quince comisionados. “No veo a un operador que pueda gestionar ese número”, dice Fuentes.

Sin caer en la connotación peyorativa del concepto “operador”, muchos de los entrevistados hablan de un factor que hay que tener en cuenta: la embajada de Estados Unidos. El cambio de administración de Barack Obama a Donald Trump provocó también la salida del antiguo embajador, Todd Robinson, y la llegada de Luis Arreaga. Plaza Pública se puso en contacto con la oficina de prensa de la embajada para conocer la posición del Gobierno estadounidense sobre la elección de Fiscal General y preguntar si había realizado sugerencias, pero no obtuvo respuesta. En una reciente entrevista con elPeriódico, Arreaga manifestó que “buscamos que el Fiscal General sea honesto, independiente y capaz. De hecho, la Comisión de Postulación tiene una responsabilidad muy grande en escoger a seis candidatos y es prematuro opinar si el proceso ha sido transparente o no. Aparentemente sí ha sido transparente, hay muchos detalles que habría que ver”.

La Cicig, que es un elemento clave tanto en el contexto político del país como en esta elección, también declinó hacer valoraciones.

Hasta ahora, las deliberaciones se han centrado en cuestiones que los comisionados pueden defender como técnicas. El lunes, cuando se elija la nómina de los seis aspirantes definitivos, puede quedar más clara la agenda de cada uno. “Llevan sus listas y ahí comienza el debate”, dice un miembro de una oenegé.

“Es posible que la Comisión elija tres – tres (entre partidarios y distantes hacia la Cicig). Es una postura que se ha hablado mucho”, dice Elvyn Díaz, de la ICCPG.

A partir de entonces, corresponderá a Jimmy Morales, abiertamente enfrentado con el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, decidir quién será el próximo jefe del MP. La influencia de la comunidad internacional es clara y muchos hablan de la posibilidad de que haya marcado extraoficialmente “líneas rojas”. Sin embargo, como recuerda una abogada, Morales ya se ha mostrado desafiante en otras ocasiones, como cuando trató de declarar “non grato” al comisionado.

A pesar de la existencia de redes de fidelidad y apoyo nadie garantiza que la próxima persona que ocupe la jefatura del MP se mantenga deudor de quien le ayudó en su llegada al cargo. El caso de Thelma Aldana, cercana al Partido Patriota cuando llegó a la fiscalía, es un claro ejemplo.

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