Técnicamente es deseable que cada año se apruebe el proyecto de presupuesto, ya que supone condiciones actualizadas y atención a necesidades que cambian año con año. En caso el Congreso no lo apruebe, la Constitución ordena que continúen las asignaciones de gasto y las proyecciones de ingresos del año anterior, pero no la autorización para el endeudamiento público.
El proyecto de presupuesto para 2014 pareciera no tener mayores incentivos para su aprobación: la proyección de ingresos tributarios no se encuentra tan exagerada como la que se hizo para 2013, y con ello el nivel de sobreestimación ahora no es tan grave; varias entidades tienen recorte en sus presupuestos, por lo que quedarían mejor si no se aprueba el proyecto para 2014; con la aprobación de una de las leyes de transparencia, muchas de las normas que eran “candados” quedaron incorporadas en la Ley Orgánica del Presupuesto, con vigencia permanente; y por último, quizá para el gobierno resulte más conveniente o urgente aprobar el préstamo de US$ 237 millones del BID.
Sin embargo, hay un “detalle técnico” en el proyecto de presupuesto para 2014 que supone un cambio radical respecto a los años anteriores: la estructura del financiamiento del déficit fiscal. El Ejecutivo propuso para 2014 que el 81% se financiaría con bonos, el 17% con préstamos y el 2% restante con recursos de caja, en dramático contraste con el 51% con bonos, 47% con préstamos y el 2% con caja, que tiene el presupuesto de 2013.
Es decir, si se aprueba el presupuesto, el gobierno obtendría automáticamente la autorización para incrementar la deuda pública bonificada en Q 8,750 millones. Pero si no se aprueba el proyecto de presupuesto para 2014, quedarían vigentes las asignaciones de gasto de 2013, pero no la autorización para colocar bonos del Tesoro. Es decir que si no se aprueba el proyecto de presupuesto, en los meses subsiguientes el gobierno deberá acudir de rodillas al Congreso a suplicar la aprobación para colocar bonos en 2014.
Así que no aprobar el presupuesto es un enorme incentivo para la oposición política. Para el gobierno, la aprobación del presupuesto de 2014 es superar la oposición ahora, en tanto que la no aprobación significa tener que lidiar con la oposición durante varios meses más.
Esto, por supuesto, genera incentivos muy, pero muy perversos. Pensando mal y aprendiendo de lo que es consuetudinario en el Congreso, el asunto para muchos diputados es cuestión de tiempo: dejarse sobornar ahora elevando el “precio” por la rapidez de aprobación, o rechazar el soborno ahora para esperar a que el gobierno vuelva a estar fiscalmente de rodillas, para elevar el “precio” y lucrar de la desesperación de las autoridades y el riesgo de conflicto social por recortes en el gasto público. Para el gobierno y el oficialismo, es la disyuntiva de lograr sobornar ahora y asegurar un “precio razonable” o tener que postergar el trago amargo y correr el riesgo de una “escalada de precios” por el trámite parlamentario.
Así las cosas, no es de extrañar la extrema cerradura y opacidad que ha rodeado la formulación y discusión del proyecto de presupuesto para 2014. ¡Ni siquiera se ha trasladado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que es en la que debiese tener lugar el debate y análisis previo a su aprobación o rechazo!
La sociedad civil organizada debe redoblar sus esfuerzos por vigilar que estos incentivos perversos no se materialicen. ¡Urge auditoría social en el proceso parlamentario de discusión y negociación política para el presupuesto!
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