Dicha fábula entonces, podría ser considerada como descripción precisa de lo que acontece con el actual gobierno.
Llegó a los altares del poder político, elevado cual espuma de turrón, por las plegarias de la publicidad y la propaganda compradas con millonarias inversiones en imagen y discurso. Inversiones que dieron resultados al conseguir apoyos político-electoreros que dieron paso a una estructura de gobierno bicéfalo en tanto Ejecutivo y Legislativo parecieron fundirse en una especie de centauro que arrastraba la institucionalidad entre sus patas.
De esa cuenta, un ministro de finanzas que llegó revestido de un aura de eficiencia y esgrimiendo un programa de reforma fiscal semi progresiva, termina jugando a la ilegalidad con un remedo de renuncia para evadir la interpelación. Un ministro que promueve y logra la aprobación, ya no de una reforma fiscal progresiva sino de un ajuste tributario que sigue guardando el tesoro de la minoría privilegiada.
El mismo ministro que un día cancela contratos multimillonarios a empresas proveedoras de medicamentos al Estado durante los últimos 20 años y otro día da marcha atrás con su decisión. Sin que se sepa de manera transparente, quién y por qué, dio la orden de continuar favoreciendo al entramado empresarial de JI Cohen. El mismo entramado que además de tener operadores políticos en el gobierno anterior, tiene vínculos con el actual y busca, por cierto, entrar también en el negocio de la generación de energía por medio de hidroeléctricas, que hoy día tiene la conflictividad a flor de piel en el país.
Después del ministro de Finanzas, siguió en el turno el ministro de Salud Pública -otra rama directamente vinculada al negocio de las medicinas-, quien terminó fuera del gobierno más rápido de lo que canta un gallo. El motivo de la salida-renuncia-destitución, sigue siendo el mismo: negocios con fondos públicos para favorecer amigos o financistas.
Un segundo ministro de Salud queda “temporalmente” separado del cargo pues, juró como titular de la cartera sin cumplir con las exigencias necesarias para ello. O sea, el ministro y el que lo nombró, el Presidente, podrían haber incurrido en delito pues, el gobernante no puede alegar ignorancia de los hechos al designar a un funcionario que no reúne los requisitos de ley para el cargo.
Además de no contar con el finiquito correspondiente, el ministro suspendido llevaba en el maletín procesos penales de los que, oh milagro, se ha librado de la noche a la mañana, tan solo porque será el titular de la cartera de Salud.
La nube generada por el globito de la despenalización de la narcoactividad, se desinfla poco a poco y la imagen que se armó alrededor del mismo empieza a difuminarse afuera del país porque adentró, hace ya rato que se reventó.
¿Y la mano dura? Ah, esa sí se aplica, claro que no contra la corrupción que sigue siendo tarjeta de identidad en este gobierno. Se aplica con todo rigor y más aún, cuando los intereses de las comunidades colisionan con los de las corporaciones. Allí, entonces, todo el rigor de la ley, precedida por la bota, llega a “imponer orden”, al mejor estilo de la contrainsurgencia, columna vertebral de la ideología que animó al genocidio. La militarización de la seguridad pública de la mano con la suspensión de garantías mediante estado de sitio como instrumento de gobernabilidad, terminan por quitar la mascarada y dejar por fuera la farsa seudodemocrática que pretendió montar el partido en el poder.
De manera que, el que se hacía llamar “general de la paz” (un fuerte contrasentido en sí mismo), “promotor de la democracia”, “adalid de la transparencia” y casi “santo de la legalidad”, termina siendo poco menos que un gigantesco tonel vacío que ha rodado y caído estrepitosamente con mucho ruido y pocas nueces.
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