El Salvador: Historia de la ley desdentada

Por David Ernesto Pérez

 

Pasaron los años y nada pasó. En El Salvador, en más de treinta años, nadie se enriqueció a costa de los dineros públicos. La Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) –brazo ejecutor de la Ley – no reportó ningún caso de dicha índole.

Firmada la paz y terminada la guerra con armas, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Enriquecimiento Ilícito y le dio más facultades, las suficientes para que el jefe de la dependencia solicitara la información necesaria a cualquier entidad, preguntara dos veces a un titular el porqué de irregularidades en su declaración patrimonial. Y la cosa siguió así.

Hasta que en el año 2000, Probidad detectó una irregularidad: el ex presidente de ANDA, Carlos Perla, tenía demasiado dinero, mucho dinero que no estaba justificado en sus ingresos. Probidad dio parte a la Fiscalía General y ahora el ex funcionario guarda prisión en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

En el 2005, el entonces jefe de Probidad, José Eduardo Cáceres vio con lupa las declaraciones patrimoniales del ex presidente Francisco Flores (ARENA), y de varios de sus ex funcionarios, quienes ostentaban más dinero del que podían justificar. La luz de alerta se encendió y Cáceres se puso manos a la obra.

Así, pidió a los bancos Agrícola, Salvadoreño y Cuscatlán informes sobre las cuentas bancarias de Flores, Juan José Daboud, María Eugenia Brizuela de Ávila (quien en ese entonces era presidenta del Banco Salvadoreño), Miguel Ernesto Lacayo, Enrique Molins, Carlos Quintanilla Schmidt y Guillermo Alfredo Sol Bang, entre otros.

Hasta ese momento, pedir información era cosa común, tal como sucedió cuando Probidad indagó a Perla. Pero los bancos se negaron a prestar atención a Probidad, y fijaron su vista en el entonces presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, y enviaron una carta pidiéndole “criterio” para responder o no.

Calderón elevó el tema a Corte Plena, y ésta decidió, con diez votos a favor, y cuatro en contra, quitarle a Probidad las facultades para indagar a los bancos.  

Indignado por el acuerdo de Corte Plena, el entonces magistrado René Fortín Magaña presentó una petición de nulidad al fiscal general, Félix Garrid Safie,  y en los siguientes términos cuestionó:

“¿Por qué hasta ahora, precisamente cuando la corrupción galopante que abate al país hace más necesarios los mecanismos de control contra la impunidad, surge la impugnación de algunos bancos a las facultades de la Sección de Probidad?”.

Pero nada pasó, y Garrid Safie se desligó de investigar lo que Corte Plena decretó.

Detrás del portazo a José Eduardo Cáceres –pariente del actual ministro de hacienda, Carlos Cáceres –  quedó una lista de ex titulares con señalamientos de irregularidades en sus patrimonios, entre estos:   

Para comprobar el posible enriquecimiento ilícito ya no quedó tiempo. La Corte Suprema le dio  la razón a los bancos, Probidad fue excluida de sus propias labores y la Ley de Enriquecimiento Ilícito nuevamente volvió a estar en los huesos.

Nadie fue investigado, más bien cada uno de los ex titulares, mencionados por Probidad tomó su camino sin dolores de cabeza: Lacayo en sus farmacéuticas, Quintanilla Schmidt a la vicerrectoría en la Universidad José Matías Delgado (UJMD), y luego a su bufete jurídico; Juan José Daboud fue nombrado director gerente del Banco Mundial (BM), y ahora es director general del Instituto para la Adaptación Global.

Meses después, Cáceres renunció a Probidad, diciendo en ese entonces a La Prensa Gráfica: “ya no tengo nada que hacer aquí”.

Preparaciones para jubilar una ley

Desde el candado que dejó casi inactiva  a la Sección de Probidad, juristas y abogados se lanzaron contra la Ley de Enriquecimiento Ilícito y llegaron a una conclusión: no tiene las suficientes herramientas para combatir el delito.

En el 2006, los magistrados Marina Victoria de Avilés, Marcel Orestes Posada, Mirna Perla y el propio Fortín Magaña presentaron a la Asamblea Legislativa anteproyecto de Ley de Probidad, el cual pretendió  llenar “ese vacío legal” que provocó el Acuerdo de Corte Plena que anuló facultades a la Sección.

El anteproyecto se sumó a otro presentado por la misma Sección de Probidad, y a su vez la Asamblea Legislativa sugirió, a la Corte Suprema, unir ambos y proponer un solo texto para ser estudiado.

En la Legislatura 2009 – 2012, los grupos parlamentarios acordaron mandar a sus abogados, y a un técnico de la Asamblea, hacer un análisis del articulado que presentaron los ex magistrados, y pasar a la Legislatura en funciones para su aprobación.

Sin embargo, la Ley de Probidad tendrá que hacer fila para su turno, pues primero debe pasar el proyecto de Ley de Procedimientos Constitucionales, que está bajo la lupa en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Al anteproyecto le aguarda una maraña de proyecciones, que van desde restructurar el organigrama de la Sección, darle facultades investigativas, e incluso sacar las oficinas de la Corte Suprema y arraigarla como un ente contralor autónomo. Para esto último, será necesaria la creación de una ley orgánica.

Asimismo, para tener “facultades reales”  la Asamblea tendrá que modificar la Ley de Bancos, la de Lavado de Dinero y Activos, y otros cuerpos normativos, según la diputada del FMLN, Jackeline Rivera.

“¿Qué hace ahorita (Probidad)? Recibe la declaración, le hace observaciones, le da por aceptada  y hasta ahí. Probidad no tiene facultades, ni siquiera para hacer una llamada e investigar… y con el secreto bancario menos, no hay capacidad de verificar si lo que ha puesto el funcionario es correcto”, criticó.

La legisladora aseguró desconocer casos en que, la Sección de Probidad, haya enviado notificaciones a la Fiscalía General para ser investigados, aunque no culpó al personal de la dependencia por esto, sino a la Ley misma.

A la vez, creyó conveniente que a la declaración patrimonial sean sumados más funcionarios, tales como policías, fiscales, entre otros, la razón: aseguró que existen jueces y policías con propiedades millonarias, que no están justificadas por los sueldos que reciben.

Pero no todos los funcionarios concuerdan con la efemelenista. Para el diputado por CN, Antonio Almendáriz, no es necesario enfrentar el secreto bancario con una nueva ley de probidad; basta con que el titular autorice, en su declaración patrimonial, la revisión de sus estados de cuenta. Solo depende de la voluntad del declarante.

Almendáriz, al igual que Rivera, sostiene que una normativa en dicho sentido debe tener “más dientes”.

“Se trata que la Sección tenga los dientes suficientes, no solo para enviarles cosas, sino para investigar si lo que digo en la declaración jurada es verdad”, declaró.

Pese a no estar plenamente informado, el diputado César Fabián Pérez, de ARENA consultado sobre el tema, dijo que es necesario “modernizar” la Ley de Enriquecimiento Ilícito; en el tema de la investigación se mostró cauteloso al opinar, específicamente lo referido al secreto bancario.

“El secreto bancario es otro rollo, una cosa es el secreto bancario que te salvaguarda los intereses tuyos, pero que una ley de probidad esté por encima de esto…el secreto bancario es otro rollo…”, comentó.

En términos generales, el diputado de derechas, dijo estar a favor de mayor escrutinio en el patrimonio de funcionarios

“Hay gente que cuando inicia su periodo aparece poco en su patrimonio, pero tres años después tienen un rancho en la playa, una casa en la montaña y cuando empiezas a hacer números no te cuadra… ¿de dónde sale lo demás?”, cuestionó.

Fabián Pérez, relator de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, recordó que en la legislatura anterior, el miembro de ARENA en dicha instancia fue el ex diputado Guillermo Ávila Quelh.

“Hemos enviado informes con patrimonios irregulares a Fiscalía”

Carlos Pineda asumió como nuevo jefe de la Sección de Probidad en noviembre del año pasado, cuando salió del cargo el ex funcionario Pedro Vanegas. El nuevo titular dijo sentirse “harto de las críticas” que ven en menos el trabajo de  Probidad, que, entre otras cosas, pretende hacer “lo mejor que puede” sus labores a pesar que trabajan con una ley que data de 1959.

Pineda ya laboraba cuando José Eduardo Cáceres, presentó su renuncia, y observó de cerca la contradicción que surgió después de la petición de información a los bancos con los ex funcionarios de gobierno durante la administración de Francisco Flores, de ARENA. Sin embargo, sobre esto prefiere no hablar y “ver hacia el futuro, donde hay mucho que hacer”.

¿Existe un mecanismo para forzar a un funcionario a declarar, en caso no lo haga?

La Ley es clara. Para comenzar tienen 60 días, después de tomar posesión de sus cargos, igual 60 días de haber cesado en el mismo. ¿Cómo hacemos para obligarlos? Pues… esto siempre ha sido cuesta arriba, acuérdate que es una ley de 1959 donde prácticamente… hará unos 12 años más o menos, que ha, digamos, sido reactivada la Sección de Probidad. Antes de ese tiempo era simplemente una oficina de recepción de declaraciones que, los funcionarios públicos de su buena voluntad venían a presentarla.

Pero a partir de 1998, que se inició una nueva etapa de la Sección de Probidad, donde se desarrollaron algunos instrumentos.

¿Qué tipo de instrumentos?

Una declaración jurada de patrimonio, se elaboró  también un instructivo para los servidores públicos que le permitiera facilitar el llenado de la declaración jurada de patrimonio, y también hubo otro instructivo, que se les facilitó a los funcionarios de las instituciones públicas, para que ellos también nos reporten los nombramientos o ceses del personal que está obligado a presentar la declaración, porque de acuerdo a la Ley ellos también tienen la obligación, es decir que ellos, nos dan a nosotros la declaración del universo de obligados, una vez la tenemos, nosotros mandamos los requerimientos necesarios para que el funcionario presente la declaración.

Si yo no presento la declaración, ¿no pasa nada?

No es que no pasa nada, si no que se hace acreedor a una multa.

¿Cuánto es la multa?

Son variables, hay… en primera instancia y de acuerdo a la gravedad así se van estableciendo.

Pero antes de hablar de las multas quiero plantearte que, en esa campaña que se hizo, de concientizar a los titulares y a todos los servidores públicos obligados, se empezó, no solo a captar la información, sino a poner un poco más de calidad sobre la información que ellos presentaban; antes venía y solo presentaba una hoja con el nombre y esa era la declaración de patrimonio, entonces se empezaron a crear algunas áreas de la unidad, que se encargaban no sólo de recibir, sino de empezar  a revisar la información para verificar si cumplía con los requisitos legales, y si había coherencia en la información, es decir, a hacer otro tipo de trabajo.

¿Y las multas?

En cuanto a las multas, están establecidas en el artículo 17 (Ley de Enriquecimiento Ilícito) donde establece…  como esto es de 1959, y todavía habla de colones; multas de 100 a 5 mil colones al funcionario público que no presente la declaración en el tiempo establecido, que son los 60 días. Esto es equivalente en dólares. Esto es la primera multa. Si aún así el servidor público, a pesar que se le haya sancionado, aun así y en la misma resolución se le previene que presente la declaración, y no la ha presentado, entonces cae en una causal de cesantía, y se le da un plazo prudencial, y si no la presenta, entonces opera una causal de cesantía, en el caso de servidores públicos que no son  de elección popular.

¿Y en el caso de los de elección popular?

A eso se les incrementa la multa, precisamente por…

¿Y no se puede dar que paguen la multa y no presenten la declaración?

¡Como nó!

¿Y eso ha pasado?

Tenemos… eh… en la experiencia quizás…  normalmente siempre paga la multa y presenta la declaración.

Pero en lo normal…

El funcionario que siempre ha sido infractor, y se le ha iniciado y se concluye el proceso de multa al final, dentro del plazo, viene y presenta la declaración.

Lo normal es que, una vez notificado, el funcionario viene y presenta la declaración; algunos esperan hasta la resolución final, y esperan el plazo prudencial para presentar la declaración.

¿Nunca pasó que pagan la multa y no presentan la declaración?

Pues… ¡por lo menos que yo tenga conocimiento no!

¿Cómo es el mecanismo cuando se le entrega una declaración a la Sección? ¿Cómo verifican que esos datos son ciertos?

Que son correctos.

Ajá.

Partimos del hecho que esto es una declaración jurada de patrimonio, entendemos que lo que pone el servidor público, de primas a primas, es lo correcto; pero ese es el trabajo que realizan nuestros auditores, con la acuciosidad que ellos manejan van determinando algunos detalles que, si no les cuadran o en caso de incoherencia, pues se manda llamar al declarante, se le piden los documentos que respalden la información que están plasmando en el formulario.

No solamente se pide la declaración en si, sino que la declaración en si consta de toda la documentación que soporta la información de formulario; ahí van constancia de pago, fotocopias de las cuentas bancarias, en muchos casos de las compra – venta, copias de tarjetas de circulación, y si hay una información que no está soportada con algún documento, esa es precisamente la labor del auditor.

A una tercera persona o entidad…

De primas a primas al declarante

¿Pero cuando no cuadra con los datos que se suponen son soporte?

Después viene la labor de verificación; ahí  es donde solicitamos informes a Sertracen, Ministerio de Hacienda, a cualquier otra institución que nos sirve para verificar la información.

¿Eso incluye pedir información a entidades privadas?

Sí.

¿Incluye bancos?

Eh… ahí tenemos un camino especial trazado que, de acuerdo al acuerdo de Corte Plena del 2006, entonces si necesitamos verificar información bancaria pues lo tenemos que llevar al conocimiento de los señores magistrados para que, ellos lo soliciten.

¿Desde el 2006 hasta la fecha han necesitado solicitar?

No hemos verificado información de bancos, lo que hacemos es… ¡como hay que ser innovadores! Lo que hacemos es que si hay información en la declaración pues simplemente le pedimos que traigas las copias de certificados de depósitos, copias de certificados de cuentas de ahorro o corrientes, o si tienen algunas acciones les pedimos constancias de las participaciones que ellos tengan, eso es lo que estamos haciendo.

¿No es fácil acaso presentar documentos falsificados? ¿No pueden ser timados?

Pues tenemos constancias. Ahora, nosotros entendemos que si hay constancias firmadas y selladas por la institución, por una institución financiera es difícil, pero podría ser.

En el caso de “podría ser”  ¿cómo verificar? ¿Ir a Corte Plena y pedir que hagan el trámite?

Mira, cuando tenemos ya la comprobación de los documentos pues, de primas a primas, digamos que no tiene observaciones, ahora si tiene contradicciones o si hay algo que hacer, o a nosotros ya nos llamó la atención algo, pues lo que nosotros hacemos es simplemente pasar un informe a Corte y brindar las copias respectivas a la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente, donde no tienen limitantes para la investigación del secreto bancario, para que inicien la acción ellos que tienen el monopolio de la acción penal, entonces ellos inician la acción.

¿Trabajan muy de cerca con la Fiscalía?

Tenemos mucha relación con… sobre todo con Andrés (Amaya) que es el coordinador del área anticorrupción, estamos muy…

¿Tiene suficiente autonomía la Sección?

Ese ha sido un problema, me imagino yo, producto de un accidente histórico de aquellos años, que no se sabe por qué  se dejó esta unidad en la Corte Suprema de Justicia.

Normalmente están en las contralorías, o en el equivalente que en nuestro país es la Corte de Cuentas. Pero fíjate que, igual sería si esto estuviera en la Corte de Cuentas, que estuviera aquí en... aunque creo que es mejor que esté aquí, tiene más independencia estando aquí, que si estuviera en la Corte de Cuentas, por muchas razones: primero porque aquí es un órgano colegiado, es sumamente difícil que se pueda politizar, cuando hay una representación, y sobre todo, que entendemos que los nombramientos  de los señores magistrados son apolíticos, es decir, tendría menos injerencia, por lo tanto nosotros tenemos más autonomía y no tenemos injerencia de ninguno de ellos.

Es más, tenemos la libertad de realizar nuestro trabajo prácticamente sin ninguna limitante, y con la nueva administración las líneas que se nos han dado son precisamente esas.

¿Entonces que responder a las críticas contra Probidad?

Criticas siempre hay, ahora la limitante más grande que tenemos es precisamente la Ley. Si no podemos hacer más no es por voluntad, no es por injerencias, no es por limitantes que podamos tener sino por el instrumento que nosotros utilizamos que es la Ley.

Desde el 2008 nosotros trabajamos en un anteproyecto de la Ley que se presentó ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y ahí está. Ahora, yo no me puedo meter; nosotros lo trabajamos como técnicos y especialistas en esta área, fue un instrumento bastante bueno que, a estas alturas podríamos actualizarlo, pero que está en manos de la Comisión.

Allá ellos, como señores diputados tendrían la oportunidad de discutirlo, y si se nos puede llamar se nos llama, lo discutimos, pero nuestra labor ya pasó en cuanto al anteproyecto de ley.

La mayor limitante no es otra cosa más que el instrumento.

¿Usted ya estaba en Probidad cuando José Eduardo Cáceres salió?

Sí.

¿Y cómo conoció los motivos de la salida de Cáceres?

Mira, el hecho  que yo ya estaba aquí  me reservo cualquier comentario en relación a eso, comprenderás que no era el jefe y son cuestiones que quedaron ya en el pasado; lo respeto a él, extraordinaria personas; fue una escuela estando con él, mi admiración y respeto pero entrar en esos pequeños detalles cuando tenemos todo una proyección y ardua labor por realizar, siento que no sería que comente.

La pregunta viene porque Cáceres se enfrentó a ex funcionarios de Francisco Flores, con la misma ley que ustedes manejan, luego del acuerdo de Corte Plena al que usted hizo mención queda la percepción que Probidad está atada, ¿se puede decir lo mismo a día de hoy?

No es que quedó atada, se trazó un camino para la verificación de los informes bancarios.

Pero antes del Acuerdo había un camino…

Es que siempre ha estado ese camino, lo que sucedió  es que antes nosotros lo hacíamos directamente, ahora, después de eso lo que se trazó precisamente el camino de que…

Decida Corte Plena…

Correcto.

Pero se puede decir que es un paso más…

Eh… sí pero eso no lo puedo juzgar porque son mis autoridades, y eso se discutió en una Corte Plena donde estaban todos, son quince magistrados, pero en vista de eso nosotros tomamos unas alternativas que es toda la información bancaria viene sustentada por la documentación del banco.

¿Desde la salida de Cáceres no han encontrado irregularidades en declaraciones?

Irregularidades siempre vamos a encontrar.

Veamos pues, como dice usted ¿información no correcta?

Pues siempre se encuentra, en el sentido que hay muchos errores, inclusive en constancias, ahí está si nosotros encontramos las irregularidades, y si es parte  de información bancaria nosotros tenemos un camino que seguir… hasta el día de hoy tenemos que hacerlo, hasta que no se decida otro camino, nuestra obligación es atender ese acuerdo.

Pero han encontrado, cómo decirlo, de enriquecimiento ilícito

Ja, ja, ja te costó decirlo.

Ajá…

Bueno como te digo, cuando encontramos alguna variación irregular en el patrimonio del servidor público, hacemos nuestros informes, los sometemos a conocimiento de nuestras autoridades, pero también ahí es donde entra nuestra obligación de pasar los informes y expedientes certificados a la Fiscalía General a fin de que ellos inicien la acción correspondiente.

Pero eso ha pasado desde la salida de José Eduardo Cáceres.

Sí, por supuesto.

¿Muchas veces?

Pues números así… pero sí hemos tenido unos cuantos casos… desde el licenciado Cáceres hasta la fecha no tendría un dato exacto, pero en diferentes ocasiones hemos enviado informes a la Fiscalía y por supuesto amplíen la información, producto de las limitantes que nosotros tenemos por la misma Ley.

¿No recuerda un aproximado de cuántos casos han enviado a Fiscalía?

Lo que pasa es que esos números ya son muy…  delicados poder proporcionarlos, yo te puedo dar estadísticas de cuantas declaraciones, sobre todo porque, acuérdate que si yo te doy una cifra me vas a ir preguntando cuántos y, si  te doy una cifra me vas a ir preguntando quiénes y así… estamos claros hasta donde nosotros podemos llegar para que realmente abone al trabajo que esta Unidad está realizando, porque estamos hartos de todas las críticas que Probidad está durmiendo el sueño de los justos, cuando lo que no se publicita es la labor que nosotros realizamos, entonces si vamos a hacer algo que sea en beneficio,  no solo de la Unidad, sino de toda la gente.

*El anterior es reproducido con la autorización de Contrapunto.