El Salvador: “Blancos fáciles” para crimen organizado

Por David Ernesto Pérez

Sin la partida de nacimientos que garantice la existencia de los cuatro niños, el círculo de derechos negados es el pan de cada día al que se enfrentan.

Ninguno va a la escuela, viven en condiciones de precariedad, pobreza y violencia con el dominio de los pandilleros en la colonia que habitan en Quezaltepeque, La Libertad.

En reiteradas ocasiones y con las limitantes de recursos que tiene, Felicita acudió a varias instituciones públicas para tratar de solventar la situación legal de sus nietos; sin embargo, los intentos han resultados infructuosos y la familia sigue a la deriva.

Fue a la Procuraduría General (PGR) donde fue atendida por una trabajadora social, a quien le explicó la situación familiar con la madre que se largó del hogar. Contrario a la atención que esperaba, Felicita sufrió malos tratos y la negativa de ayuda, según detalló.

“Le explique que no podía llegar la mamá de los niños porque se fue de la casa, pero no me hizo caso y me trató mal. La verdad que no sé qué más hacer ni adónde ir”, comentó Felicita.

Ávalos recibió recomendaciones de un señor, quien le dio direcciones de abogados para que le ayuden en el caso, empero la falta de dinero, a consecuencia de la mala remuneración del trabajo doméstico que ejerce, la mantiene atada de pies para continuar los trámites.

“Yo los quiero poner a la escuela (nietos) el otro año, pero no creo que pueda por las partidas de nacimiento y porque no me alcanza el dinero”, expresó.

Los casos mencionados son cuatro de los 16 mil anuales de sub registro que existen en El Salvador, los cuales imposibilitan el goce de derechos a los afectados.

Las causas del no registro son variados, y oscilan entre el descuido de los padres, largas distancias para llegar a las alcaldías (principalmente en zonas fronterizas), machismo, entre otros.

“Siempre está vinculado a temas de pobreza, marginalidad, lugares donde ocurren los nacimientos”, explicó Antonio Hernández, del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Hasta el 2002, según la ONG Plan Internacional, el sub-registro era aproximadamente el 10% de la población.

Según el RNPN, el porcentaje de sub-registro en la actualidad oscila entre el 9 al 11 por ciento.

La banda de no registros se repite con frecuencia en las zonas rurales, en las que incluso se dan cadenas en que los padres no fueron asentados y éstos a su vez omitieron dicho proceso para sus hijos, dificultando “gravemente” una posible salida a la problemática.

“Hay complicaciones con vacunaciones, asistencias sociales de otros tipos en las que se necesita documentar, registrar estadísticamente que se dieron los recursos. Impacta mucho, afecta los beneficios que las familias puedan recibir por parte del estado”, dijo Hernández.

Para superar la cifra del sub-registro, el RNPN está impulsando el asentamiento en los hospitales; este mecanismo tiene un año de estar funcionando y ya logró disminuir el porcentaje citado.

Desde diciembre del año pasado hasta la fecha, dicha modalidad asentó casi 28 mil nacimientos en los ocho departamentos que está funcionando.

El registro hospitalario funciona con personal del RNPN, quienes concientizan a los padres sobre el tema, una vez registrados la información es enviada a la alcaldía de la jurisdicción en que viven los beneficiados.

Este sistema cuenta con el apoyo financiero de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y coordinación con alcaldías y el Ministerio de Salud.

Las otras visiones

La falta de una partida que avale el nacimiento de una persona dentro del Estado, trae consecuencias negativas para el país, y estos costos se divisan en: atrasos para el desarrollo y en vulnerabilidad, para estas personas, frente al crimen organizado.

“Hay personas que pasan todos los ciclos de su vida en invisibilidad producto de la falta de registro, el problema es que la personas puede incluso hasta morir y no haber nacido a la vida jurídica y no tener un documento como su partida y su DUI se le dificulta incursionar a todas las actividades: empleo, préstamo, matrimonio…. Es una persona que no existe”, expresó la procuradora general, Sonia Cortez de Madriz.

Según el director de Plan Internacional, Rodrigo Bustos, la facilidad con que puede actuar el crimen organizado es mayor hacia personas que no tienen documentos.

Para ejemplificar, Bustos cuestionó el modo de buscar a una niña que haya sido secuestrada y sea víctima de una red de tratantes si no existen ni huellas registradas.

“Las niñas que no están registradas no existen; las personas que se dedican a estos negocios (trata) siempre están buscando estos niños que no están registrados para hacer trata y trasladarlas ilegalmente fuera del país”, reflexionó.

La trata es considerada “la nueva esclavitud”, y diariamente miles de personas son engañadas por sus victimarios, quienes las llevan a países como Guatemala o México a trabajar en prostitución, para el caso de las mujeres, y los hombres en tareas agrícolas, construcción e industria En el país, existen aproximadamente 400 investigaciones de este flagelo.

“Es más grave cuando son jóvenes que no tienen esa capacidad de defenderse, puede generarse un tráfico de personas, trata, explotación sexual…  es muy grave no contar con un documento de identificación”, externó Cortez de Madriz.

En otro de los polos, la diputada Jackelyn Rivera, del FMLN cuestionó que al año queden sin registro 16 mil personas, al considerar que “pueden ser más”; no obstante, estimó que dicho dato debe ser superado a través de la difusión de información.

“Pero el problema es que los salvadoreños y salvadoreñas no tenemos conciencia de lo importante que es tener una identidad, porque el no tenerla se presta para que adoptes el nombre que se te ocurra, o para ser objeto de secuestro, trata de personas sin que nadie pueda ubicarte porque no tienes asiento”, afirmó la legisladora.

En el 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Transitoria del Registro Familiar, la que avaló un plazo de siete años para que los padres puedan asentar a sus vástagos sin ser multados por la tardanza.

Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la reforma el porcentaje de sin registro no disminuyó.

“La PGR debe resolver estos casos. ¿Qué sucede? Que no hay conocimiento de la población que está la PGR precisamente para auxiliar jurídicamente. Hay que buscar un mecanismo (…) hay condiciones para que la falta de recursos no sea una excusa”, concluyó Rivera.

*El anterior es reproducido con la autorización de Contrapunto.