Al igual que hace seis años, el proceso electoral mexicano ha sido objeto de cuestionamientos. En esta ocasión, nuevamente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el segundo candidato más votado, no ha reconocido los resultados electorales, y ha lanzado graves acusaciones de fraude. Mientras se redactan estas líneas, La Jornada, periódico de la UNAM, reporta que el Movimiento Progresista, que representa la coalición de agrupaciones políticas que postuló a AMLO, se prepara para presentar al Instituto Federal Electoral (IFE) un expediente solicitando que las elecciones generales sean invalidadas. El IFE deberá remitir el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano cuyas decisiones son inapelables y que se pronunciaría a inicios del mes de septiembre.
El camino jurídico que deberá transitar esta solicitud es complejo. De acuerdo a un análisis de El Universal, a la solicitud de AMLO le corresponde probar que se han incurrido en violaciones a las disposiciones de la ley electoral, y podría utilizar un criterio jurisprudencial del mismo TEPFJ, denominado causal de nulidad abstracta. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones de fraude, no parece probable que el TEPFJ dé lugar a una decisión que revoque los resultados del proceso electoral. Detrás de la impugnación podría leerse la intención de un AMLO que busca mantener su vigencia, para aminorar los efectos de una segunda derrota.
De esta forma, el electorado mexicano parecería haber hecho un borrón y cuenta nueva con el PRI. Los 71 años de gobierno de ese partido, caracterizados por escándalos de corrupción y un estilo autoritario, parecerían haber sido borrados de la memoria colectiva. Tal vez, una de las razones para esta amnesia, es que el PRI a partir del próximo 1 de diciembre, se enfrentará a una situación muy parecida a la que dejo a su salida del poder, agravada por la violencia relacionada con la guerra contra las drogas. El paréntesis de doce años de las administraciones Vicente Fox y Felipe Calderón no ha bastado para que el PAN consume un cambio de dirección en ese país.
Sin duda alguna, la guerra contra las drogas emprendida por el Presidente Calderón, será el reto principal a afrontar por la nueva administración de gobierno. Cualquier cambio en la forma en que el combate a las drogas se da en México afectará a la conformación de las redes de poder del narcotráfico, con repercusiones en la región centroamericana. Peña Nieto expresó durante la campaña que realizará transformaciones para mejorar la seguridad de los mexicanos, y durante el transcurso de esta semana, ha trascendido su solicitud a los Estados Unidos, para debatir una revisión de lo hecho en el combate al narcotráfico. Sin embargo, Peña Nieto ha hecho claro que no es partidario de la legalización y que se realizarán ajustes en la coordinación de las diversas fuerzas de seguridad, más no cambios radicales.
Otro de los retos que Peña Nieto deberá afrontar, lo sigue constituyendo la oposición realizada por el movimiento “yo soy 132”, que puede considerarse como un antecedente de las dificultades que tendrá que enfrentar la administración priista para gobernar una nación que le reclamará credibilidad a un candidato por el cual no ha votado el 60% de los quienes acudieron a las urnas.
Mario Vargas Llosa, durante un evento literario en Madrid, se refirió al PRI, señalando su esperanza que el PRI que vuelve al poder no sea el mismo que lo dejó, sino que sea “un partido más democrático”. El historiador Enrique Krauze ha calificado a Peña Nieto como “un joven con viejos modales", en clara alusión a la vinculación política del nuevo presidente. Y es que el retorno del PRI siembra varias inquietudes, que seguramente veremos contestadas en los siguientes seis años.
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