Se animó el Tribunal Supremo Electoral a disciplinarlos con una suspensión temporal. La medida sorprendió, en el sentido más estricto de la palabra, a los politicastros. «¿Cómo así, que los acuerdos institucionales son efectivos? ¡No hombre!» Esto a pesar de afirmar, lea bien, apenas días antes, la voluntad de acatar la orden del Tribunal. Como quien dice, palabra de político. Y mientras el Presidente al menos guardó un discreto silencio, la Vicepresidenta –otra vez– tuvo que opinar. Bien lo dijo Lincoln: «mejor permanecer en silencio y ser tomado por necio, que hablar y despejar toda duda al respecto».
Estamos todos conscientes que la medida no pasa de ser ruido de sables – el acuerdo del TSE tiene tantos peros que el riesgo para los partidos es mínimo. Pero aunque se trate de un tiburón edéntulo, al menos ha decidido cerrar la mandíbula, y con esto ya incomoda al cardumen desvergonzado que aquí llamamos partidos políticos.
Poco antes, el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango hacía lo propio en otro ámbito, condenando a 90 años de cárcel al Teniente David, por su responsabilidad como líder guerrillero en la masacre de El Aguacate. No se vale matar civiles, no se vale matar a montones, no importa quiénes sean ellos, quién sea usted, ni cuál su causa. El perpetuo defensor de los generales de la guerra admite que hay responsabilidad en la cadena de mando guerrillero, y paradójicamente se apura a calificar que este caso también debiera acogerse a la perversa amnistía. «¿Cómo así, que las sentencias de los tribunales son efectivas? ¡No hombre!» Pero por más malabarismo verbal que haga, es obvio que lo que ha pasado aquí ayuda a desmoronar la defensa oficiosa en el caso de Ríos Montt y de quienes quisieron o condonaron los abusos en la guerra.
¿Se da cuenta? Los comandantes y los generales terminaron del mismo lado en esta trifulca, y mientras tanto usted ha estado refunfuñando en su poltrona urbana, criticando a las víctimas, casi todas indígenas, pobres y campesinas. Toca ponernos serios, aclarar si estamos del lado de la justicia o del poder.
Más al ras del suelo, entre la ciudadanía ordinaria, un guardia privado mató en una farmacia a una funcionaria de la Oficina Municipal de la Mujer en Ciudad de Guatemala; alguien cuyo peor error fue necesitar algo en la droguería. Apenas había pernoctado el guardia –pobre, seguramente– en la cárcel, que nos enteramos que él no tiene certificado, y la empresa de «seguridad» para la que trabaja ¡no tiene licencia! Y no hay señas del gerente y los dueños. «¿Cómo así, que las regulaciones institucionales son efectivas? ¡No hombre!»
La lección es breve, la lección es clara, la justicia lo exige: el que la hace la paga. Lo que ustedes han hecho, señores políticos, está mal. Y toca hacerse responsables. Lo que usted hizo, señor militar, estuvo mal. Y toca hacerse responsable. Lo que usted hizo, señor guerrillero, estuvo mal, y toca hacerse responsable. Lo que ustedes hicieron, irregulares empresarios de «seguridad», estuvo mal. Y toca hacerse responsables. Lo que usted hizo, señor guardia, estuvo mal. Y toca hacerse responsable.
Por esto es tan importante sacar nuestras manos de juzgados y tribunales. Por esto son tan dañinas las defensas oficiosas y poderosas, cuando la justicia va contra los propios; y dañinas las condenas igualmente irresponsables, cuando los tribunales fallan contra los enemigos. Por esto importa la justicia pronta, eficiente y transparente y, más aún, para todos.
El contraste entre el acuerdo del TSE –al punto y sin ambigüedades, aunque la institución sea débil– y los dictámenes tortuosos de la Corte de Constitucionalidad en torno al caso Ríos Montt, lo hace más obvio. Para que luego no aleguemos: sin un sistema que juzgue a todos por igual y sobre los méritos y deméritos de sus actos, ninguna responsabilidad será exigible.
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