El PP está asfixiando a su propio gobierno

Cuando se está en una posición de debilidad, la prudencia, la sabiduría, o por lo menos el tino político mínimo, aconsejan: primero, tomar conciencia plena de la realidad y ubicarse políticamente; y segundo, buscar los acuerdos mínimos posibles con los adversarios, para lograr una salida negociada a la crisis y recomponerse, anteponiendo los intereses del Estado y el bienestar de la población.

Como es ya bien sabido, el gobierno del presidente Pérez Molina se encuentra financieramente de rodillas, por una crisis fiscal artificial, que ellos mismos crearon por mentir en los presupuestos de 2012 y 2013, y por decisiones verdaderamente irresponsables en política fiscal. Esta crisis de recursos financieros se está expresando en carencias injustificadas en la provisión de servicios esenciales como salud, justicia o seguridad. Cada vez son más los trabajadores del Estado que están dándose cuenta que no recibirán su salario en diciembre, y que la Navidad o el Año Nuevo serán momentos amargos de frustración y rabia, en vez de fiestas familiares. Es decir, lo que está ocurriendo no es juego, y requiere acciones y decisiones maduras y responsables.

Por ello, el Gobierno de Pérez Molina hizo un intento desesperado por pedirle al Congreso que le aprobara ampliar la autorización para contraer deuda bonificada. Sin embargo, el riesgo que el Gobierno volviera a violar la Constitución colocando bonos del Tesoro en 2015 sin la autorización parlamentaria que ordena la literal “l” del artículo 171 de la Carta Magna, como lo hizo en este 2014 (aprovechando que el Congreso no aprobó el presupuesto para 2014 y en este año se está ejecutando el de 2013), prácticamente afianzó la desconfianza hacia el oficialismo. La oposición dejó claro su posición: no, porque esos bonos extras podrían terminar financiando la campaña del Partido Patriota en 2015, y ante eso no hubo soborno parlamentario que valiera.

Sin embargo, ocurre que si el Congreso aprueba el presupuesto de 2015, se cierra la posibilidad de una colocación de bonos inconstitucional. Esto quiere decir que al aprobar el presupuesto de 2015, la oposición política podría reconsiderar la solicitud de bonos adicionales para 2014, luego de desactivado el motivo de la desconfianza (malversar los bonos aprobados para 2014, como financiamiento electoral para el oficialismo en 2015). Lo que pidió la oposición fue reducir el techo presupuestario (algo a lo que el Gobierno y el PP dijeron acceder), y se han hecho propuestas para colocar algunos “candados” presupuestarios y balancear las asignaciones de gasto público: restringir las compras por excepción, prohibir gastos superfluos, fortalecer controles y medidas de transparencia y eliminar todos los rubros de gasto que fueron incluidos para campaña electoral. A todas luces, una propuesta sensata que daba paso a la solución de la crisis financiera.

Sin embargo, lamentablemente sin sorprender por su falta de tino, sabiduría y prudencia, el Gobierno y el PP no han aceptado este esquema. Como si estuviesen en una posición fuerte y no en una grave crisis de recursos financieros, resulta que lo de los candados presupuestarios y la transparencia no les gusta. Pueden rebajar el monto del presupuesto (quizá en rubros esenciales), pero la corrupción, el tráfico de influencias y la malversación de fondos son irrenunciables en la mesa de negociaciones.

El plazo se termina el próximo domingo 30, y lo malo es que si el PP y el Gobierno continúan con la torpeza política y la corrupción cabalgante, la cuenta la pagará la ciudadanía entera, especialmente quienes más necesidad del Estado tienen.