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El “papel shuco” de Sinibaldi y el intento de boicot de Gobernación al MP y la Cicig
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Alejandro Sinibaldi, en la sede del PP, a principios de 2015 / Sandra Sebastián

El “papel shuco” de Sinibaldi y el intento de boicot de Gobernación al MP y la Cicig

Solel Boneh pagó a Sinibaldi sobornos por US$6,116,986.00, mediante la simulación de acuerdos de asesoría.
La petición de apoyo a las fuerzas policiales fue solicitada por la FECI a la PNC desde la tarde del lunes.
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIcig) presentaron el martes la segunda fase de la investigación denominada “Construcción y Corrupción”, relacionada con la estructura criminal que dirigió el prófugo exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldil, durante el gobierno del Partido Patriota, en la que estuvieron involucradas las más grandes constructoras del país. Según el MP, “por primera vez en diez años”, el Ministerio de Gobernación intentó boicotear los operativos de captura y allanamientos, al no delegar a los agentes policiales solicitados.

Tres poderosas constructoras que en la última década fueron beneficiadas con contratos con el Estado para construcción, reparación y mantenimiento de carreteras por más de Q4,500 millones, pagaron millonarios sobornos al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, a cambio de ser beneficiados con la asignación de obras. Se trata de la israelí Solel Boneh Guatemala, S.A; Sigma Constructores y HW Constructores, ambas de capital guatemalteco; y la brasileña Constructora OAS, S.A.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que el martes realizaron capturas y allanamientos relacionados con este caso, los sobornos fueron pagados a Sinibaldi por medio de depósitos hechos en el extranjero a través de off shore, “simulando contratos de asesorías o préstamos”, por pagos para financiar de manera ilícita las campañas electorales del Partido Patriota (PP) y el partido Unionista, en las elecciones de 2011; así como con lujosos inmuebles.

Los sobornos, según las investigaciones, fueron pagados en diferentes momentos de 2009, 2013 y 2014.

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En 2009, a cambio de la adjudicación del contrato por la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte, Solel Boneh, por medio de la off shore Water Resources Development “pagó en concepto de sobornos la suma de US$6,116,986.00, mediante la simulación de acuerdos de asesoría”. El dinero ingresó a las cuentas de las empresas Calatraba Oil & Energy Corporation y Lenneberg Investment Corporation, que “eran utilizadas por Alejandro Sinibaldi para la recepción de sobornos” en Panamá.

Calatraba Oil & Energy Corporation era representada por Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera, uno de los operadores del exministro, quien el martes fue detenido junto a otras cinco personas vinculadas a la red de corrupción dirigida por Sinibaldi.

A través de esta misma off shore, en 2013, Sigma Constructores y HW Constructores, por medio de la empresa Valores Dinámicos, S.A., representada por Claudia Carolina Ruano López de Vásquez, también detenida el martes, pagaron a Sinibaldi “en concepto de sobornos” la suma de US$1,150,000.00, “mediante la simulación de contratos de prestación de servicios”.

De acuerdo con las investigaciones del MP y la Cicig, el pago de sobornos de Sigma Constructores también se realizó con la intermediación de Solel Boneh, por medio de la simulación de facturas por prestaciones de servicios.

Ladrón que roba a ladrón…

El 16 de diciembre de 2014, la prensa brasileña daba cuenta del hallazgo de un papel escrito a mano, encontrado en la oficina del presidente de la constructora OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, donde supuestamente constaba la “donación” de esa empresa de US$1 millón, a favor de la campaña electoral de Sinibaldi. El dinero habría sido entregado en 20 pagos de US$50 mil cada uno, al publicista español Antonio Solá, entonces estratega de comunicación del presidente Otto Pérez Molina, y asesor del exministro de Comunicaciones, quien se presentaría como candidato presidencial en las elecciones de 2015.

Seis días después, Sinibaldi negó haber recibido apoyo financiero de OAS, que entonces era investigada en un millonario caso de corrupción vinculada con Petrobras, calificó el papel encontrado en la oficina de Pinheiro Filho como “un papel shuco”, y aseguro que su gestión en el Ministerio de Comunicaciones “fue sin señalamientos y transparente”.

Casi cuatro años después, las investigaciones del MP y la Cicig establecieron que en esa oportunidad Sinibaldi dijo la verdad. La constructora brasileña OAS no hizo ninguna “donación” para la campaña del exministro. Lo que hizo fue pagar un soborno no de US$1 millón como se indicaba en el “papel shuco”, sino de US$1,5 millones, a cambio de ser beneficiada con la adjudicación de la carretera CA-2 Oriente.

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“Roberto Trombeta declaró ante la Fiscalía de Brasil, que realizó el pago de US$1.5 millones a la empresa panameña Guerrero Law & Investment Corp, cuyo representante es Efraín Edelberto Quevedo Montenegro, empleado del grupo de empresas de Alejandro Sinibaldi Aparicio”, detalla la investigación.

Archivo

Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, “persona de confianza de Sinibaldi”, según el MP, adquirió la off shore en Panamá para recibir el dinero del soborno. Quevedo y Ortiz también fueron detenidos el martes.

A pesar de que OAS pagó el soborno acordado, Sinibaldi no la favoreció con la adjudicación de la carretera. En cambio, se lo otorgó a Sigma Constructores, por un monto de Q1,969 millones. La construcción de esa carretera se encuentra detenida desde julio de 2016, debido a la suspensión de pagos por parte del gobierno a la constructora.

Financiamiento electoral ilícito y pagos en especie

Las investigaciones del MP y la Cicig también encontraron evidencias sobre financiamiento electoral ilícito a favor del PP, por parte de las empresas constructoras Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., Sigma Constructores S.A., y Solelh Boneh.

Las constructoras entregaron al menos Q3.387.963,28 a las empresas Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos S.A., y Seguridad ASA S.A., ambas vinculadas a Sinibaldi, para financiar de forma ilícita la campaña electoral de 2011, en las que Otto Pérez Molina ganó la Presidencia, y Sinibaldi compitió por la alcaldía capitalina.

Con el apoyo de su hermano, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, quien simuló préstamos para justificar las adquisiciones, el exministro también recibió al menos dos lujosos apartamentos y una casa, como pago de sobornos por parte de empresas constructoras a cambio de ser favorecidas con adjudicación de contratos.

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Alejandro Sinibaldi se encuentra prófugo desde junio de 2016, cuando el MP y la Cicig emitieron la primera orden de captura en su contra por el caso conocido como Cooptación del Estado. Según investigadores del MP, sus beneficios en la expoliación del Estado durante el gobierno del PP, pudo superar a los que se le atribuyen al presidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, y los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de Energía y Minas, Erick Archila. “Cientos de millones sobre en cobro de sobornos durante más de diez años”, detallan.

Como parte de las investigaciones de este caso, el MP y la Cicig allanaron las oficinas de las empresas Solel Boneh, Sigma Constructores, HW Contractors, Corporación Premier, Perenco, Fundación Ingenio Madre Tierra y Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra), así como los bufetes de los abogados José de Jesús Buitrón Espinoza, Manuel de Jesús Palma y Palma, y William Méndez.

A petición de la fiscalía, el Juzgado de Mayor Riesgo D citó para presentarse a audiencia de primera declaración a Víctor Valentino Giordani Estevez, Óscar Augusto Guerra Villeda y José René González Campo, sospechosos de los delitos de financiamiento electoral ilícito; Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar y Emilio Santano Cintora, por lavado de dinero; Erick Armando Soto Herrera, por peculado por sustracción; y a William René Méndez, Mario Méndez y Gustavo Estrada, por obstrucción a la justicia.

De las empresas señaladas y allanadas, solo HW Contractors se pronunció. Por medio de un comunicado de prensa declaró estar “en toda la disposición de continuar colaborando con proveer la información que se le requiera” y mantener “su compromiso de respetar la ley”. El resto guardaron silencio.

El boicot

De las once personas que el MP y la Cicig pretendían capturar el martes, solo pudieron detener a cinco. Las otras seis no fueron encontradas en sus domicilios; investigadores del MP sospechan que huyeron tras haber sido alertados de los operativos. Entre ellos, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro.

Los investigadores no dicen de dónde pudo provenir la alerta, la filtración de información. Pero los reflectores se pusieron sobre las autoridades del Ministerio de Gobernación, luego de que el jefe de la Fiscalía Especial con la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, durante una conferencia de prensa en el MP, se quejara de que la cartera del Interior se negara a proporcionar el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para participar en los operativos.

“A diferencia de lo que ha ocurrido en los casi diez años que tengo de estar en la fiscalía, lamentablemente no pudimos coordinar elementos de la PNC”, se quejó Sandoval. “Casi a las tres de la mañana me informaron de que derivado de que la PNC estaba concentrada en otros operativos y acciones preventivas”, y que por ello no acudirían al llamado del MP.

La petición de apoyo a las fuerzas policiales fue solicitada por la FECI a la dirección general de la PNC desde la tarde del lunes.

Los fiscales del MP debieron ir de comisaria en comisaria, explicó Sandoval, pidiendo el acompañamiento de algunos agentes, para que los operativos no se frustraran.

Desde que el ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, asumió el cargo, en enero pasado, al menos en cinco ocasiones la PNC no ha atendido las solicitudes de acompañamiento de la FECI. Sandoval recordó que en mayo pasado, “requerimos el apoyo para realizar ocho allanamientos; el apoyo nunca llegó”. En otra ocasión les fue asignada una unidad policial para acompañarles a realizar un allanamiento, pero cuando iban en camino a la diligencia, la unidad fue reasignada “para hacer una operación más importante”.

MP

El jefe de la FECI también recordó cuando, meses atrás, se “filtró” la información a reporteros de radio Sonora, sobre unos allanamientos. “En ese operativo, una radiodifusora estuvo anunciando desde antes de las seis de la mañana que íbamos a tener un operativo”, indicó.

Estas acciones de Gobernación se unen a la decisión de Degenhart de retirar a los agentes de la PNC que desde hace varios años colaboraban con la Cicig en las investigaciones criminales, así como el retiro de 20 de 45 policías que estaban asignados para brindar seguridad perimetral a las instalaciones de esa comisión.

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Horas después de que Sandoval denunciara la negativa de apoyo de la PNC, el viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera Gálvez, le envió una carta (que también publicó en las redes sociales), en la que señaló que el “inconveniente” se debió al “corto tiempo” con que le recibieron la petición de apoyo de la PNC, porque “se hace difícil reunir la cantidad personal y unidades para el horario requerido”.

“Para futuras ocasiones se pueden realizar las coordinaciones necesarias con anticipación temporal pertinente”, concluyó la nota. Ni la PNC ni Gobernación quisieron detallar a cuánto tiempo de anticipación se refería el viceministro.

Desde agosto del año pasado, cuando el presidente Jimmy Morales declaró “non grato” al comisionado Iván Velásquez, en un frustrado intentó por detener las investigaciones de la Cicig en contra de políticos y empresarios implicados en casos de corrupción, la hostilidad del gobierno hacia esa comisión ha venido en aumento.

Además del hermano de Sinibaldi, también fueron declarados prófugos José Maynor Palacios Guerra, Víctor Enrique Corado Valdez, Azayira Levy, Yosph Ahimas y Ariel Aharon Saharabani. También fueron giradas órdenes internacionales de captura en contra de Gabriel Adrián Glushancoff y Rodrigo Sampio Mattos; todos sindicados de participar en la estructura criminal dirigida por Alejandro Sinibaldi.

Los cinco detenidos fueron enviados a la cárcel de Mariscal Zavala; la audiencia de primera declaración fue programada para el próximo 4 de septiembre.

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