La acción de los transportistas que a nivel nacional acordaron un paro del servicio para demandar ante el Legislativo y el Ejecutivo, entre otros temas, medidas encaminadas a mejorar su seguridad. Son, los transportistas, uno de los gremios más afectados por la actividad extorsiva contra comercio y servicios populares en Guatemala.
No hay cifras oficiales del monto que por cobro ilegal para no asesinar pilotos o ayudantes, es percibido por las bandas dedicadas a esta acción delictiva. Tampoco hay en el horizonte medidas concretas, nacidas de planes de política real, para atacar la situación que altera la seguridad de prestadores del servicio y público usuario del mismo. Si bien, el gremio de transportistas en el ramo extraurbano ha mantenido un servicio obsoleto y descuidado, con la complicidad de las autoridades, también lo es que en materia de seguridad está abandonado a su suerte.
En una ocasión, un empresario que poseía unidades en el occidente del país, comentó que varios socios se habían unido para pagar los servicios de un investigador. Querían identificar a la estructura que les cobraba más de mil quetzales a la semana. Para el ejercicio, contrataron a un coronel retirado quien, al concluir la investigación, les devolvió el dinero del contrato. Los argumentos del militar, según refirió el empresario, fueron que, la estructura que al final recibía el dinero tenía tal poder en el sistema que ni él –un coronel retirado con experiencia en la Dirección de Inteligencia–, se sentía capaz de tan siquiera indicar quiénes y desde dónde movían los hilos de la extorsión.
Cuando los empresarios contrataron a dicho investigador, lo hicieron cansados de intentar que las vías oficiales y las instancias responsables, investigaran, procesaran y desmantelaran a las estructuras criminales. La marcha de los transportistas es probablemente un acto desesperado ante la aparente indolencia de las autoridades.
Al mismo tiempo, un grupo de personas que se gana la vida con la venta de artesanías y otros productos en las calles de la ciudad colonial, fue reprimido por la Policía Municipal. Es decir, los delincuentes, los capos, los que atenazan con la violencia la mínima opción de vida de sectores mayoritarios, pueden estar tranquilos que el gobierno ni autoridad alguna les molestará. En cambio, cualquier persona que quiera trabajar vendiendo en las calles, será perseguida como si fuera un criminal y su posibilidad de vida digna por el trabajo honrado, será cancelada en nombre de la ley.
Mientras, el jefe del Ejecutivo participa en una reunión para encontrar mecanismos de solución a la crisis desatada por las migraciones cuya raíz está en la exclusión económica, social y política que los domina. Aunque él, en tanto Presidente de la República, niega con todo cinismo que la migración se origine en la limitación económica o en la inseguridad ciudadana. De hecho, impulsa una campaña publicitaria invitando a la permanencia en el país como si quien se exilia lo hiciera por placer o deseo de recorrer el mundo y vivir la aventura de la inseguridad en el trayecto.
Poco falta para que, como cuando surgió la crisis de la niñez migrante, surjan voces en la imbecilidad fascista para culpar al gremio de transporte por buscar la inseguridad y a las y los vendedores ambulantes por no estar en centros comerciales y, de ser el caso, criminalizarlos por tener hijas o hijos.
Seguimos siendo un país al revés. La gente honrada es perseguida por las autoridades. Los delincuentes están protegidos y no cabe la menor duda, hasta nos gobiernan.
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