El pacto que faltó (II): cerrar brechas territoriales en educación

Sin embargo, la educación para todos no se logra por decreto y de un plumazo. Necesita el esfuerzo persistente, y a pequeña escala, a lo ancho del país. Exige un pacto extenso que comprometa de manera específica y local a todos: funcionarios departamentales del Ministerio de Educación, municipalidad (sí, también la de la capital), líderes comunitarios, maestras y maestros, padres de familia y los propios estudiantes.

La pregunta obvia: ¿qué toca hacer? Si cada uno toma por su lado, ¿cómo llegar a donde conviene, no digamos ya al mismo sitio? Es aquí donde se deben combinar la comprensión y la capacidad locales, con la visión de conjunto nacional.

Me explico con algunos números. Para 2010, datos preliminares del Ministerio de Educación, reportaban que de cada 100 niños en edad de primaria, al menos 95 habían entrado a la escuela. Nada malo, dadas las circunstancias.[1] Pero todavía fueron casi 230 mil niños y niñas que no llegaron a la escuela. Peor aún, dicha proporción esconde diferencias profundas. Mientras que Santiago, Sacatepéquez reportaba que 94 de cada 100 niños en edad primaria llegaban a la escuela; en San Miguel Petapa, Guatemala, el número apenas pasaba de 72. Veintiocho de cada 100 en edad de primaria no se reportaban en la escuela allí.

San Miguel Petapa, urbano y relativamente próspero, comparte problemas con Santa Cruz Barillas, donde en 2010 también solo 79 de cada 100 niños fueron a la escuela primaria. El reto está en los detalles, pues los problemas educativos son muy específicos en cada municipio. En un sitio, será lo inadecuado de las instalaciones que estorba la asistencia. En otro, la dificultad de acceso. En un tercer municipio será problema el trabajo infantil. Ningún ministro o funcionario, por más esclarecido que sea, tendrá jamás la comprensión minuciosa que ya hoy poseen los habitantes de cada municipio sobre las causas y circunstancias de sus retos educativos, necesaria para obtener soluciones locales efectivas.

A la vez, y como muestran estos datos, es el nivel central el que tiene la información. Los propios municipios no conocen la dimensión completa de su situación educativa, menos aún cómo esta se compara con la de sus vecinos e iguales. El nivel central tiene además los recursos de política -dinero y presupuestos, puestos docentes, leyes, reglamentos y coordinación- que le permiten establecer incentivos para que los actores locales se muevan en la dirección necesaria.

Entonces, toca al gobierno central fijar la prioridad para todos: cerrar las brechas de inequidad territorial en educación. Más que insistir en una “talla única” educativa, o peor aún, un “sálvese quien pueda” que deja a los municipios a la deriva; necesita el Ministerio de Educación, activa y explícitamente, señalar los municipios de prioridad para la atención educativa, señalar sus metas de logro, y facilitar el dinero, la información y la asistencia técnica para que los propios ciudadanos y líderes del municipio se comprometan, identifiquen e implementen eficazmente las formas de resolver el acceso educativo dentro del marco de su municipio.

Volvamos al caso concreto, siempre basado en datos preliminares del MINEDUC (que dicho de paso, tiene muchos años ya de llevar cuentas relativamente buenas). La tasa neta de escolaridad primaria de 79% en Santa Cruz Barillas, significaba en concreto que allí había alrededor de 3,900 niños y niñas que se quedaron fuera de la escuela primaria. Meter de golpe y porrazo a la escuela al casi cuarto de millón de niños que en toda Guatemala están fuera de la primaria, suena enorme; peor aún para un Ministerio que lidia con todo el territorio y carece de la capacidad para estar en todo y, a la misma vez, con el nivel de detalle necesario. Sin embargo, meter 1,500 niños a la escuela en Santa Cruz Barillas, llevaría a ese municipio concreto a alcanzar el promedio de escolaridad primaria del departamento de Huehuetenango. ¿Por qué no enfocar la atención del municipio, y de los propios huehuetecos, en esa meta? Retador, pero con la colaboración de alcaldes, maestros, padres de familia y Consejos de Desarrollo, un objetivo realista para el corto plazo.