Entre las conclusiones de la discusión destaca la recomendación realizada a los Estados para extender de manera progresiva la cobertura de los servicios de seguridad social para las poblaciones de trabajadores que aún no gozan de su protección. En este mismo sentido, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), en su reporte 2010, recomendaba que una de las prioridades de los sistemas nacionales debiera ser el enfocarse en extender servicios hacia los trabajadores de la economía informal.
De acuerdo a una definición provista por la OIT, la seguridad social se entiende como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
El sistema de seguridad social en Guatemala es regentado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El sistema sigue un modelo de triple pilar, que consiste en que su financiación se da con los aportes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Responde a la lógica de los sistemas creados siguiendo el modelo contributivo, también denominado Bismarck, que ha estado en vigencia en la mayoría de los países de América Latina durante buena parte del siglo XX. Un análisis de la experiencia comparada nos muestra que en América Latina se comienzan a implementar reformas para extender la cobertura de la seguridad social a individuos, y simplificar procedimientos de afiliación y aportación. El objeto de estas reformas es adaptar los sistemas de Seguridad Social para brindar respuestas eficaces a las necesidades del sector informal, para romper el círculo de la pobreza y la falta de derechos en la estructura del empleo.
En este sentido, en Centroamérica se han registrado dos experiencias relativas a los programas especiales, en este caso, diseñados para la protección de las trabajadoras de casa particular: El Programa especial de salud y maternidad para trabajadores domésticos de El Salvador, y el Programa especial para trabajadores de casa particular- PRECAPI, de Guatemala. En ambos casos se han registrado diferentes niveles de avance en su implementación, que no necesariamente han cumplido las metas de afiliación originalmente trazadas.
Optimizar el nivel de cobertura actual del sistema de seguridad social es una de las ventajas que potencialmente ofrecería el sistema de monotributo. Estudios realizados por ASIES en 2009, para uno de los programas de la agenda complementaria del DR CAFTA, revelaron que los programas de salud, invalidez, vejez, sobrevivencia, enfermedad común, maternidad y accidentes, representan elementos de un alto interés para los trabajadores independientes –por cuenta propia. Y es que, en las condiciones actuales, quienes se encuentran dentro de la economía informal están excluidos de cualquier forma de protección de la seguridad social, que cubre exclusivamente a los trabajadores del sector formal.
Como un ejemplo, bajo el sistema implementado en Argentina, las prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho los monotributistas cubren a) La prestación básica universal (PBU), correspondiente a la jubilación, b) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento c) prestaciones de salud para el pequeño contribuyente -monotributista, y en el caso de que este ejerciera la opción, para su grupo familiar primario y d) Cobertura médico-asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas (INSSJP).
El IGSS debería estudiar la posibilidad de la implementar un sistema de esta naturaleza, que ampliaría su base de afiliados, y permitiría continuar con una política que busca la estabilidad financiera de la institución.
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