El fenómeno en sí no les es desconocido, pues, desde hace un tiempo, el ventilar procesos por genocidio o por crímenes de lesa humanidad, les ha dado una aproximación a lo que la barbarie y la acción criminal desde el Estado ha sido en este país. Lo novedoso en esta oportunidad es que uno de los acusados está en suelo español y presente en las audiencias.
De manera que la vista ante el sistema español es la de un sindicado de crímenes, en este caso ejecución extrajudicial (asesinato según la norma del país europeo), quien tiene los recursos para pagar defensor privado, cubrir una fianza de decenas de miles de euros y contar con testigos de descargo que pueden viajar hasta el viejo continente para declarar en su defensa.
Y no se trata de cualquier testigo en vista de que Carlos Vielman Montes, exministro de Gobernación en la presidencia de Oscar Berger Perdomo (2004-2008), logró que el exvicepresidente Eduardo Stein Barillas saltara al otro lado del charco para defenderlo. Aún se desconoce el motivo por el cual (carencia de fondos, falta de tiempo, ausencia de interés o temor de ser procesado), Berger Perdomo no declaró. De haberlo hecho, el procesado habría tenido el muy selectivo privilegio de contar en su defensa con la palabra de un expresidente y un exvicepresidente y excanciller.
En todo caso, los tres testigos de cuatro convocados por la Audiencia Nacional de España, de entre veinte propuestas de la defensa, lejos de haber ayudado a su defendido podrían haber dado los elementos que señalen responsabilidad criminal en la dirección de Vielman. Cuando Stein Barillas indica que no hubo orden gubernamental para ejecutar a persona alguna, sino más bien una decisión de recuperar el centro carcelario, está indicando que si hubo alguna acción fuera de lo indicado, esta no corresponde a una directriz presidencial. Ergo, si algo pasó es responsabilidad de quienes estuvieron en el terreno. Lo que olvida el exfuncionario presidencial es que el propio mandatario Berger Perdomo llegó al sitio de los hechos y recorrió el lugar como carroza en carnaval mazateco saludando a diestra y siniestra.
En las próximas fechas, que pueden ser días, semanas o meses según han dicho los magistrados españoles, habrá una decisión sobre si Vielman Montes es juzgado en España o si se ordena su extradición a Guatemala. Si la determinación de los jueces es que el exministro sea procesado en España, difícilmente podrá hacerse operar la maquinaria criolla y local de la impunidad, a no ser que se desate una febril actividad mediática de defensa oficiosa.
Por el contrario, en caso de avanzar hacia un proceso de extradición, aún hay riesgo de que la acción hegemónica del poder al que Vielman representa, logre librarlo del peso judicial por los crímenes imputados. Riesgo, no certeza, pero riesgo al fin, de que en última instancia quede libre de las acusaciones que se le hacen y se afiance la idea de que es legal y legítimo ejecutar personas y que para ello no habrá que dar cuenta ante la ley. Se legitimará el vergonzoso pensamiento de que a las personas privadas de libertad también se les puede privar de toda garantía y de que el poder coercitivo del Estado funciona no para proteger a la ciudadanía, sino para satisfacer los intereses no legítimos de los diferentes grupos de poder tradicional.
Cualquiera que sea la decisión de los jueces españoles y el destino del proceso contra Vielman y sus colegas, una cosa queda en claro: es posible iniciar proceso judicial contra cualquier persona que abuse de su investidura o de su vínculo con el poder. El manto de la impunidad para un sector privilegiado, empieza a quedar ralito y es posible lograr que se caiga.
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