Sus tres prioridades nacionales las enmarcó en 1) el programa Hambre Cero y el desarrollo rural, 2) la reducción de la violencia y 3) el tema fiscal y la competitividad. Y su prioridad internacional será la propuesta de regularización de las drogas a nivel global. En el ámbito nacional, se trata de las mismas prioridades de su discurso del 14 de enero, sin incluir el tema del combate a la corrupción, que es una cuestión más bien interna y en la que su administración tiene una gran deuda; y el combate a la trata de personas, que sí es un tema internacional y sobre el que tampoco hay mayores avances.
En el primer objetivo, sobre el programa Hambre Cero y el Desarrollo Rural Integral, tras ocho meses y medio, es vergonzosa la escasísima ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social –encargado de las transferencias monetarias condicionadas- y el programa Hambre Cero todavía es un bonito plan. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no han empoderado ni exigido a la SESAN un rol protagónico y más efectivo en la coordinación interministerial del plan. El reconocimiento de la fundación Clinton le queda grande a la administración Pérez Molina y tiene dos años y medio para demostrar si lo merece. De hecho, es una señal confusa que en vez del secretario Luis Monterroso, haya sido el exsecretario de gobiernos pasados, Andrés Botrán, quien estuviera en acompañando al presidente Pérez para el reconocimiento.
El Desarrollo Rural Integral es todavía una declaración de principios, acertada y hacer puede hacer sostenible el programa Hambre Cero, pero la oposición del sector privado organizado, tan influyente en el Partido Patriota en el Congreso, hace que una ley que cree un Ministerio de Desarrollo Rural Integral y le asigne recursos sea todavía una quimera.
La segunda prioridad es la reducción de la violencia. Aquí sí hay resultados. 13 por ciento menos homicidios en los primeros nueve meses. Que no es mérito exclusivo del gobierno de Otto Pérez Molina y el ministerio liderado por Mauricio López Bonilla. Como analiza Carlos Mendoza, columnista de este medio y analista del Central American Business Intelligence, llegamos a un récord en la democracia de 48 asesinatos por cada cien mil habitantes en agosto de 2009 (según la PNC, un poco más alto según el Inacif), y desde entonces, hace tres años, en la presidencia de Álvaro Colom, el ministerio de Gobernación de Carlos Menocal y en coordinación con el Ministerio Público bajo el mandato de Amílcar Zárate y Claudia Paz, se bajó diez por ciento en 2010 y diez por ciento en 2011 hasta llegar a los niveles de 2004, de 34 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Es decir, hemos reducido la violencia casi en un 30 por ciento en tres años.
El mérito de Pérez Molina fue desoír los reclamos de sus asesores más recalcitrantes y de la extrema derecha exmilitar que pedían y piden a gritos la renuncia a la fiscal Claudia Paz, electa en el proceso más transparente para su cargo y con resultados concretos en la lucha contra la impunidad en violaciones durante el conflicto armado, en persecución de capos del narcotráfico, en casos de alto impacto y en alguna medida en la reducción de impunidad de otros delitos. Un estudio para medir la impunidad o la justicia en homicidios –lejana al mítico 98 por ciento– es indispensable. Es de reconocer su acertada decisión de mantenerla en el cargo y el trabajo conjunto que lleva a cabo su ministro López Bonilla. En cambio, el Presidente bien puede llamar la atención a los integrantes de su equipo más cercano que trabajan en contra del trabajo de la Fiscal General.
En la tercera prioridad sobre el tema fiscal y de competitividad todavía tiene un camino por recorrer, a pesar de que su discurso ante la Asamblea General de la ONU da por sentado que revolucionó el sistema fiscal en el país, lo cual dista mucho de la realidad. Tiene el mérito de haber aprobado el Congreso, bajo su liderazgo, una reforma que grava a quienes están entre el 10 y el 2 por ciento que más gana en el país. Pero es una reforma que no aumenta porcentajes de impuestos al 1 por ciento, que es el que ingresa entre el 30 y el 40 por ciento de todo lo que produce nuestra economía.
El detalle es que ese 1 por ciento es el que financió sus millonarias campañas electorales y parece tener poder de veto en su administración. Si la reforma de 2012 es un primer paso, este gobierno va en el camino correcto. Si es el paso definitivo y el complemento es una política de competitividad o (peor aún) una ley sobre la materia que le otorgue más ventajas o privilegios fiscales a ese 1 por ciento, será un tiro en el pie para las finanzas nacionales.
Pérez Molina mencionó que su reforma aumentará en 15* por ciento los ingresos del país. Es una previsión optimista aunque realista. Si hace una segunda reforma –que tiene que incluir la eliminación del secreto bancario para que la SAT tenga acceso– podrá superar ese porcentaje.
Si este gobierno se decidiera, in extremis, a reformar el artículo constitucional que impide al Banco de Guatemala prestar al Estado, bien podría ahorrarse 1 o 2 puntos del PIB cada año en el pago de deuda interna por los préstamos a los principales bancos del sistema.
Finalmente, elevó a nivel mundial su acertada y audaz propuesta de regularización de las drogas, lanzada hace seis meses en Centroamérica y después en la Cumbre de las Américas. Es ciertamente la iniciativa más innovadora de Guatemala desde los Acuerdos de Esquipulas lanzados por el gobierno de Vinicio Cerezo en los ochenta. Y necesita aterrizar en cuestiones concretas. Más pragmático, el gobierno uruguayo de José Mujica discute en el Congreso que sea el Estado el que controle la producción y venta de la marihuana.
El gobierno decidió esperar a que existan acuerdos globales, pero bien podría dar un pequeño giro en la política interna para desatascar el sistema judicial de jóvenes aprehendidos por posesión de marihuana para el consumo; normalmente jóvenes más pobres que no pueden pagar para evitar ir a la cárcel. Situación anacrónica en el mundo y en la que los jueces ya empiezan a dar criterios de oportunidad. Una reforma legal podría ayudar a destrabar al Organismo Judicial y reenfocar el trabajo de la PNC sobre el tema.
El discurso de Otto Pérez Molina es concreto y propositivo. Refleja las prioridades de su administración. Pero tendrá que cambiar de velocidad y efectividad si quiere llegar a 2015 con algo que mostrar a los electores y a los ciudadanos que sea más que un discurso en la vía correcta.
*En la nota se escribió que el presidente Pérez había mencionado un crecimiento del 25 por ciento de ingresos fiscales. Se trató de un error en la lectura, pues el mandatario dijo 15 por ciento. Hemos corregido ese párrafo y ofrecemos disculpas a nuestros lectores.
