Mucho más, cuando se trata de políticas supuestamente encaminadas a garantizar la seguridad de las personas, puesto que por lo general, un fracaso en esta línea representa muertes violentas.
Lo evidencia entre otras cosas, el alto costo en vidas humanas que cobra la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
Pero no nos hacen falta más ejemplos externos para entender esta situación. En Guatemala, cuando se incrementaron los índices de delincuencia común y se elevaron los casos de robos a mano armada, extorsiones y secuestros, las autoridades de seguridad creyeron encontrar la panacea reviviendo bajo otra mascarada, a las antiguas patrullas de autodefensa civil. Revividas con el nombre de Comités o Juntas Locales de Seguridad, estos grupos de particulares fueron estimulados y organizados bajo la égida del Ministerio de Gobernación, por medio de su Viceministerio de Asuntos Comunitarios.
Dicha iniciativa fue impulsada con el supuesto de contribuir a la prevención del delito y a brindar apoyo ciudadano a la responsabilidad estatal por brindar seguridad. En su momento, varias voces señalaron el peligro que se encerraba en una estructura de esta naturaleza. Voces que, reiteradamente fueron desoídas por las autoridades, las cuales mantuvieron, de manera contumaz, el esquema organizativo planteado. Convencieron a la comunidad donante de que esta era una vía adecuada para disminuir los índices de delincuencia y fomentar procesos de prevención.
Casi diez años después de iniciado el experimento, los resultados empiezan a salir a luz.
Se asoma, por así decirlo, la punta del iceberg que representará el paulatino destape de lo que en verdad ha sido una errónea política de seguridad impulsada por el Estado.
La valiente denuncia de la periodista Lucía Escobar, acerca de las actuaciones en Panajachel de la Comisión Municipal de Seguridad, evidente cabeza de los llamados “Encapuchados”, ha permitido llamar la atención sobre este mecanismo y sus consecuencias. En dicho municipio del departamento de Sololá, según se ha reportado, el grupo de encapuchados ha realizado lo que sería el trabajo sucio que impulsa la Comisión de Seguridad, cuya labor inicia con el señalamiento de personas estigmatizables en la zona. Mismas que luego son agredidas y que, en el caso de Luis Gilberto Sente Sente, han llevado a su desaparición forzada desde inicios de octubre luego de su detención por parte de los encapuchados.
En este caso no se trata de que ciudadanas y ciudadanos busquen “justicia por mano propia”. Primero porque dicho procedimiento no es real, no hay justicia si se actúa al margen del Estado de derecho y segundo porque ningún grupo al margen del sistema judicial puede realizar juicios, ya no digamos aplicar condenas como en estos casos.
En la práctica, es el fracaso de una política presuntamente encaminada a la prevención y que ha derivado, paulatinamente en la creación de cuerpos ilegales de seguridad, los cuales con la aquiescencia del Estado, derivan en abusos y delitos. Tal el caso de la Junta de Seguridad en San Juan Cotzal, misma que al amparo del alcalde del Municipio –al igual que en Panajachel– y bajo sus órdenes, ejecutó a un agente de policía y a su hijo. Igual también, que como opera la Junta Local de Seguridad en San Juan Sacatepéquez.
Lejos de estar sometidos a la autoridad y bajo control de la misma, estos grupos operan con una especie de autonomía funcional. Al extremo de que la información oficial resulta contradictoria. Mientras el vocero del Ministerio de Gobernación asegura que son 355 agrupaciones entre Juntas Municipales y Departamentales, la oficina de información pública de dicha cartera reporta a marzo del presente año más de 700 de dichas unidades.
Si estos indicios no le dan luces a los funcionarios del sistema nacional de seguridad para corregir el rumbo, lo más probable es que los Panajacheles, Cotzales y San Juanes Sacatepéquez se multipliquen por todo el territorio y se alimente con esta tolerancia, al abuso y al crimen encubierto de seguridad, al huevo de la serpiente que termine por destruir el tejido social.
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