Primero el Ministerio de Desarrollo Social de urgencia nacional, sin discusión previa. Después, la reforma fiscal o la exención de impuestos a Erick Barrondo. Y ahora la elección de la Junta Directiva para 2013 y el Presupuesto General de la Nación, el instrumento por medio del cual se materializa la democracia. Y pretenden hacer lo mismo con las reformas a la Constitución, a la carta que sintetiza el pacto social.
El gobierno de Pérez y Baldetti no dimensiona cuánto está erosionando la democracia y el Congreso, la institución democrática por antonomasia. ¿Qué gana el país cuando el PP coloca al frente de la poderosa Comisión de Finanzas del Congreso, que decide cómo se distribuirán los impuestos que pagamos los guatemaltecos, a un diputado como Iván Arévalo, ex FRG, experto en manejos opacos del presupuesto? Un legislador que convoca a esa sala legislativa a participar únicamente a excorreligionarios que no habían sido nombrados por sus bancadas.
¿Qué gana el país cuando el PP decide negociar con dinero público a cambio de votos? Elegir a una Junta Directiva a cambio de distribuir clientelarmente el presupuesto. Y ante las narices de la ciudadanía. ¿De qué sirvió que desde la oposición y en campaña colocaran la lucha contra la corrupción como estandarte? La única explicación posible para que 109 diputados aprueben un Presupuesto Nacional de Q67 mil millones sin conocerlo antes es que hubo dinero o promesas de dinero de por medio.
109 representantes aprobaron la ley más tangible e importante de cada año sin leerla. Aprobaron la utilización de Q67 mil millones de fondos públicos, de impuestos cobrados o por cobrar a los ciudadanos, sin esforzarse por leer el documento, preocupándose únicamente por los posibles beneficios personales. Seis de ellos, de la UNE, la leyeron en parte porque intentaron detener la aberración de que la Comisión de Finanzas disponga del Listado Geográfico de Obras, pero igual votaron a favor de este presupuesto. Únicamente las bancadas Creo, Encuentro por Guatemala y Lider votaron institucionalmente en contra; sólo los diputados Felipe Alejos (Todos), José Domingo Trejo (UNE), Luis Balcárcel (PP) y Marvin Díaz (PP), se negaron a aceptar la disciplina partidaria en esta opaca aprobación.
Los aumentos para el Fondo Nacional para la Paz y para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda son una muestra del sello clientelar de este presupuesto, que es el instrumento que define a la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Y el rubro que sintetiza la aprobación se puede encontrar en el Ministerio de Desarrollo Social, estandarte de este gobierno, con el pago de Q5 millones para la oenegé Dulce Refugio, del excandidato presidencial Manuel Baldizón. Eso explicaría, aunque seguro que muchas má cosas irán saliendo a la luz, la extraña ausencia de su estrambótica oposición a cualquier proyecto del PP: “oposición” que los llevó a estancar al Congreso durante un semestre, pero les dejó pasar la ley más relevante del año para el Gobierno. Esta actuación de Lider daría la razón al presidente Pérez Molina cuando los acusaba de chantajearlo y de pedirle dinero para permitir que avanzara la agenda legislativa. Y esta vez parece que cedió.
Son horas bajas para la democracia guatemalteca, para el Congreso, para los diputados que ocupan sus curules de espaldas a la ciudadanía, creyéndose impunes. Y no parece que vaya a cambiar. El PP de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi –que son los tres influyentes en la bancada y los aliados u “opositores”– tiene institucionalizadas las maneras autoritarias y opacas para moverse en el Congreso. Y a los diputados esto aparenta tenerles sin cuidado.
