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El Gobierno mexicano niega violencia en desalojo de guatemaltecos

La coordinadora de delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), Luz María Servín, enfatizó que las revisiones migratorias se efectúan en presencia de representantes consulares guatemaltecos.
En respuesta a la versión oficial, las ONG deploraron el "desalojo forzado" de los guatemaltecos y el supuesto uso de la fuerza "como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables".
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El Gobierno mexicano niega violencia en desalojo de guatemaltecos

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El Gobierno mexicano reconoció el traslado de decenas de desplazados guatemaltecos a una estación migratoria en el sureste del país, pero negó la versión de que la operación se llevara a cabo con violencia.

La coordinadora de delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), Luz María Servín, negó la versión difundida por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el sentido de que el lunes 9 de enero agentes federales desalojaron, con violencia a unos 70 guatemaltecos de un campamento en Tenosique, estado de Tabasco.

Servín, quien aseguró haber estado presente en la operación de "rescate", indicó que en la misma actuaron 110 agentes del INM y de otras dependencias federales, la mayoría mujeres, que no llevaban armas y que actuaron con estricto respeto a los derechos humanos de los residentes del campamento.

Explicó que en el campamento prevalecían condiciones insalubres y los habitantes carecían de servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, por lo que 71 residentes fueron trasladados en autobuses a Tapachula, estado de Chiapas, con el fin de efectuar una "revisión migratoria".

Dicha revisión consiste en verificar la situación legal de los extranjeros y ofrecerles a través del diálogo la posibilidad de regresar voluntariamente a su país o bien solicitar protección formal del Estado mexicano.
Servín enfatizó que esas conversaciones se efectúan en presencia de representantes consulares guatemaltecos.

La funcionaria precisó que de las 71 personas trasladadas a la estación migratoria de Tapachula, 15 eran varones adultos, 11 mujeres adultas, 30 niños y 15 niñas.

Una de las personas resultó ser un ciudadano español que se encontraba al parecer en un intercambio académico y quedó en libertad una vez que se identificó. Otros residentes del campamento huyeron a través de la frontera hacia Guatemala cuando se percataron de la operación, narró Servín.

Señaló que los habitantes del campamento, instalado a corta distancia de la frontera, no querían ningún estatuto de refugiados, sino que su intención siempre ha sido regresar a Guatemala, de preferencia a Nueva Esperanza, de donde fueron desplazados en agosto del año pasado por autoridades de su país por tratarse de una reserva ecológica.

La funcionaria migratoria mexicana indicó que representantes de los desplazados continúan en negociaciones con autoridades de Guatemala para hallar una solución a su problema.

La víspera, un grupo de ONG, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que agentes federales irrumpieron con violencia en el campamento y detuvieron a los niños para forzar a sus padres a entregarse.
En respuesta a la versión oficial, las ONG deploraron el "desalojo forzado" de los guatemaltecos y el supuesto uso de la fuerza "como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables".

También pidieron frenar las deportaciones que ponen en riesgo "la integridad de los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país".


*La Agencia EFE, por medio de la Fundación EFE, ha suscrito un convenio con Plaza Pública y la Universidad Rafael Landívar para poder utilizar la información que produce sin costo alguno. Las notas y el contenido de EFE no son parte del contenido bajo la licencia de CreativeCommons de Plaza Pública.

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