Sin embargo, a estas alturas las organizaciones de la sociedad civil todavía siguen empantanadas en mesas de negociación y consenso, así como en una gran variedad de ideas que van desde las demandas menos revolucionarias, como exigir el cumplimiento de la ley y la suspensión de los partidos políticos poco éticos y violatorios de la ley, hasta las más radicales, como las que piden la suspensión de las elecciones y la depuración de toda la clase política, incluyendo instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.
Más allá de la renuncia de la vicepresidenta, del acorralamiento del presidente y de las capturas de algunos de los sindicados en casos de corrupción, el panorama político e institucional ha cambiado muy poco. Se complica por la falta de consenso y por la complejidad institucional del sistema vigente, así como por la necesidad de articular todas las demandas para que sean jurídica y técnicamente viables, lo cual es una tarea titánica para una sociedad que por años olvidó el ejercicio del consenso, del debate de altura y de la propuesta seria.
La buena noticia de toda esta actividad frenética por construir mesas de negociación y de concertación de propuestas es que ahora un movimiento ciudadano amplio se preocupa por temas que por años han estado relegados a los expertos y a las organizaciones de la sociedad civil más especializados. Tal es el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP): por primera vez desde la apertura democrática, hoy todos buscan respuestas a las sentidas carencias de la LEPP, ya que el consenso es que este es el primer paso de la reforma institucional.
La mala noticia es que la babel de intereses y la multiplicidad de sectores que quieren reformar la LEPP aumentan la probabilidad de que el proceso para analizar, integrar y armonizar las propuestas sea tan largo y tortuoso que se puede perder la oportunidad de integrar un frente común articulado en un solo proyecto de ley, de modo que los diputados se vean obligados a aprobarla de urgencia nacional.
De esa manera, los días van pasando lentamente y se va acortando el tiempo para enfrentar la otra amenaza vigente: la celebración de los comicios en septiembre de este año, en los que seguro se repetirá el ciclo de arrepentimiento masivo de los ciudadanos por las promesas incumplidas, por la soberbia y el autoritarismo con los que actuarán las nuevas autoridades y los nuevos funcionarios públicos y por el pago de favores y deudas políticas a través de contratos millonarios y obras sin licitación. ¡Eso significa otros cuatro años perdidos!
La disyuntiva que enfrenta Guatemala, por tanto, es seria y delicada. O nos ponemos de acuerdo en una agenda mínima para el cambio que instale la lógica de un proceso gradual de reformas, que empiece con una primera aprobación de la LEPP bajo la lógica de lo que es factible en estos momentos (sin renunciar, por supuesto, a las demandas clave para transitar a un cambio cualitativo), o simplemente perdemos la ventana de oportunidad que nos brinda el momento.
Moraleja: los problemas de Guatemala no se resuelven de la noche a la mañana, ni con una sola y única reforma. La complejidad de los problemas obliga a que los actores que hoy están consensuando propuestas activamente se hagan a la idea de que se requiere un esfuerzo sostenido de consenso y propuestas hasta alcanzar un grado de reformas institucionales que garanticen ese cambio real que todos esperan.
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