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  • Ilustración de Alejandro Alonso
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El ejército que no se autodepuró

Al ser cuestionado tres meses antes de las elecciones de 2011 sobre la infiltración del crimen organizado en el ejército y sus planes para depurarlo, el entonces candidato Otto Pérez Molina dejó entrever que el tema no le preocupaba “porque el ejército es la única institución en la que se da una autodepuración”. Casi dos años después del inicio de su gobierno, el ejército sigue siendo un ministerio opaco, infiltrado y al que se le quiere dar tareas de depuración de otras instituciones.

En el último caso reconocido por el mismo Ministerio de la Defensa, en 2013, al menos 1,449 granadas de fragmentación de 40 milímetros para fusil M-79 fueron robadas del polvorín de la Primera Brigada de Infantería del Comando Aéreo del Norte, en Petén. El responsable de la brigada es hoy el jefe del Estado Mayor del ejército. Y según organizaciones expertas, como Iepades, que los “robos de armas del ejército” sean frecuentes muestra una acción sistemática de desvío de armas presuntamente para el crimen organizado. Otras organizaciones, como el CIEN, recuerdan que el 80 por ciento de asesinatos en el país se producen con armas de fuego.

De regreso en la entrevista a Plaza Pública en 2011, Pérez Molina afirmaba: “El ejército creo yo que es la única institución que tiene sus propios procedimientos internos para llevar a cabo esta depuración. El ejército tiene dentro de la dirección de inteligencia civil, una subdirección que se llama contrainteligencia, que protege a la institución precisamente de la infiltración del crimen organizado. Hay inteligencia propia del ejército que trabaja para esos procesos de depuración, así que ese concepto de que el ejército se tapa con su misma chamarra es equivocado. El ejército siempre ha estado en esta lucha contra el narcotráfico y ha estado muy empeñado en que se dé esa autodepuración. Mejoraremos ese sistema y que si alguien está en esas cosas no sólo sea dado de baja y sancionado administrativamente, sino que enfrente los procesos judiciales que le corresponden”.

Los robos de armas, dos años después, siguen en la impunidad al más alto nivel, a pesar de que en esa misma conversación, el ahora Presidente aseguró que tenía información sobre la investigación que estaba llevando a cabo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y dijo que "llegaba al más alto nivel" del Ministerio de la Defensa.

El ejército todavía no se ha transformado en una institución acorde a los valores democráticos de transparencia y depuración. Fue, durante los años de la guerra civil, no sólo el responsable de atrocidades contra la población, sino de una corrupción profundísima en las aduanas, como se evidenció durante el gobierno de Álvaro Arzú con la red de Alfredo Moreno. Ha habido algunos esfuerzos desde 2004 para recuperar el control sobre las aduanas para frenar el contrabando, pero han sido estériles.

Ahora, ante la crisis de falta de resultados de cara a la población y el sector privado, el Presidente anunció la intervención de las aduanas y la Superintendencia de Administración Tributaria, con militares a la cabeza, para limpiarlas. Es una paradoja que la institución que permitió que se construyera un sistema tan corrupto y que no puede ni siquiera depurar su propia casa, vaya a depurar un lugar tan complejo como las aduanas, las fronteras comerciales del país.

El anuncio, además de antitécnico y paradójico, provocó la renuncia de Pavel Centeno, el ministro de Finanzas y fundador del Partido Patriota, uno de los mejores cuadros técnico-políticos de la administración y con el suficiente peso para intentar hacer –sin éxito en muchas ocasiones– algún contrapeso a las ambiciones electorales de muchos integrantes del Gobierno. El siguiente ministro de Finanzas, si no ocurre un milagro político, será un tramitador de fondos de los más poderosos de la administración.

Mientras tanto, es probable que el Ejecutivo de Otto Pérez Molina termine su mandato no sólo sin depurar al Ministerio de Defensa, sino llevando opacidad a más lugares claves de la administración pública.

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