El doble filo de las interpelaciones

Es una herramienta legal formulada para que los representantes del pueblo puedan fiscalizar el tabajo de los ministros. Las interpelaciones representan una forma de ejercer la democracia al llevar al servidor público al pleno del Congreso y cuestionarlo por sus decisiones. Es por ello que la Ley Orgánica del Legislativo y la misma Constitución Política de la República establecen procedimientos que faciliten llevarlas a cabo. Sin embargo, también se han convertido en una medida de presión  para los legisladores, que obtienen mediante esta vía una alternativa para obligar a negociar al partido que ocupe el poder. En especial PP y Lider bloquearon un año del Congreso durante la administración de cuatro años de Álvaro Colom.

Después de que un congresista manifiesta su intención de interrogar a algún funcionario público, se establece un plazo máximo de cinco sesiones y se programa una fecha para su cumplimiento. Es antes de esta fecha cuando el partido de Gobierno tiene que tratar por todos los medios posibles de avanzar en la agenda, ya que las interpelaciones pueden demorar varias semanas.

Los diputados envían sus preguntas básicas al funcionario con al menos 48 horas de anticipación. Esto le permite preparar los documentos y datos necesarios para sus respuestas. Aunque esto podría significar un ahorro de tiempo al momento de que se encuentre frente al pleno del Congreso, es normal que el diputado repita la pregunta un número indefinido de veces si no queda satisfecho por la respuesta. “Responda sí o no, Ministro”, es una de las frases más comunes en estos casos. Si bien esto sucede a veces porque el funcionario evade la pregunta y su respuesta toma otras direcciones, también se puede dar porque el congresista insiste hasta obtener la respuesta exacta que buscaba para luego emitir comentarios al respecto.

“Se debe evitar que las interpelaciones se conviertan en un show político”, expresaba en 2010 el exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, cuando solicitaba que los cuestionamientos fueran puntuales y no para atrasar más la administración pública.

Concluir con las preguntas básicas no significa que el final de la interpelación esté cerca, ya que tras estas llega la fase de las repreguntas, en la que las respuestas del funcionario sirven de base para nuevos cuestionamientos por parte del diputado interpelante, hasta que esté complacido. Durante esta fase se abre la posibilidad para que otros congresistas, de cualquier bloque, se sumen a la interpelación con el fin de resolver dudas que les hayan surgido.

Según la cantidad de preguntas, el proceso puede ser bastante largo, pero la mayor demora se encuentra en que la falta de consensos en el Congreso y el desinterés de quienes no participan de la interpelación dan lugar a inasistencias masivas que llevan a no realizar sesiones por falta de quórum o que se suspendan pocas horas después de inicidas, por la misma razón.

Frente al retraso inminente, es común que quienes buscan que los temas de agenda avancen o salvar al funcionario de una posible exposición en público de sus errores busquen que los interpelantes depongan su interrogatorio o soliciten a sus aliados soportar este proceso para concluirlo lo más pronto posible, tarea más que difícil cuando también los acuerdos con estos grupos legislativos son débiles.

Aunque la interpelación puede concluir con un voto de falta de confianza por parte de los diputados, es muy difícil que esto suceda, debido a que el apoyo que pueda recibir el ministro también está sujeto a los acuerdos que tenga el oficialismo con los otros partidos representados en el Congreso.

Su valor en tiempo

Sin contar las sesiones solmnes, el promedio del Congreso durante la Legislatura pasada fue de aproximadamente 85 sesiones planificadas por año, incluidas las realizadas en períodos de receso. De las 338 plenarias, 90 se destinaron en parte o totalmente a la interpelación de ministros. Este número equivale a más de un año de actividad legislativa.

Aunque durante los cuatro años de la gestión pasada algunas interpelaciónes fueron canceladas después de que el entonces mandatario Álvaro Colom prefiriera remover a sus funcionarios antes que enfrentar más atrasos, una queja del oficialismo en ese momento era la cantidad de tiempo que los funcioanrios gastaban en asistir al Legislativo, ya que el interpelado está obligado a asistir a la sede de este Organismo, se realice o no la sesión, y esperar a que llegue el momento de presentarse antes sus fiscalizadores.

A ello se suma el tiempo que pasan los titulares de Carteras cuando son citados por alguna bancada. Sin embargo, el método empleado por muchos de ellos es enviar a sus viceministros para no tener que presentarse personalmente.

La amenaza más grande para el avance de la agenda legislativa fue el 21 de febrero de 2011, cuando se colocaron en agenda cuatro interpelaciones seguidas. Si bien no todas llegaron al hemiciclo parlamentario, poco tiempo después se incluyeron otras y los atrasos continuaron hasta junio de ese año.

Estos contratiempos fueron uno de los argumentos planteados por diputados entonces oficialistas para presentar una iniciativa con enmiendas a la Ley Orgánica del Congreso en la que se incluye una parte que regula la forma de llevar a cabo estos interrogatorios en el parlamento. El Partido Patriota (PP) intentó promover esta iniciativa a finales de enero de este año, pero la falta de acuerdos, la discusión por las comisiones legislativas y la amenaza de quitarles a los otros partidos de Gobierno uno de los mejores recursos para presionar al Gobierno no permitieron su aprobación.

El PP, fue uno los principales artífices de demoras por esta vía durante la administración  pasada.  En este momento enfrenta por primera vez una interpelación desde el otro lado, desde el Gobierno, y tiene en este momento la tarea de lograr que concluya el interrogatorio a su Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, para que se pueda conocer el paquete con leyes y reformas orientadas a la transparencia del Estado.