El desprecio por lo ambiental

Llegamos a sentir alguna preocupación, a lo sumo, cuando la amenaza ambiental ocurre en la inmediatez y puede afectar nuestros intereses particulares. Recurrimos a la lógica de la isla y nos tranquiliza pensar que todo está perfecto en la medida que la degradación ambiental ocurra más lejos. No miramos más allá de nuestra nariz.

Sin embargo, el riesgo de padecer embates naturales derivados de la profunda vulnerabilidad de nuestro país y de las amenazas que son crecientes, está tocando más fuertemente a la puerta, incluso a la de aquellos que se sienten lejos del lugar donde estos eventos ocurren.

Aunque puede ser relativo, creo que en nada estamos en situación más igualitaria que frente a las condiciones del ambiente natural y es por ello que esta dimensión de nuestra realidad, es quizá, la que más fácilmente permite entender la connotación y la necesidad de buscar el bien común. Por ejemplo, ¿cómo garantizar la inagotabilidad del agua que viene de los pozos, si su recarga depende de la funcionalidad del ciclo hidrológico condicionada esta, por la calidad y el estado de las tierras y la vegetación de un territorio mayor? o ¿cómo liberarnos individualmente de los efectos perniciosos de una atmósfera contaminada?

Los desafíos ligados al ambiente natural son esencialmente colectivos por su carácter de bien público. Los bienes públicos se contraponen totalmente a los bienes privados, no se pueden adquirir en el mercado. La economía ambiental les atribuye dos características. La primera es la de no exclusión en el sentido que no se puede impedir que todos se vean beneficiados o afectados por su estado. La segunda es la de no rivalidad en el disfrute del bien. Es decir, el hecho que una persona lo disfrute no impide que otra lo haga –el aire por ejemplo. Por supuesto, no todos los componentes del ambiente natural cumplen a cabalidad con estas características, por lo que algunos de estos suelen denominarse bienes públicos impuros. Sin embargo, al pensar en la calidad del ambiente natural en un sentido integral y unificado, su carácter de bien público parece expresarse con más claridad. Su carácter de bien público, no obstante, no significa que sea gratuito.

El Estado guatemalteco está obligado constitucionalmente a organizarse en función del bien común, y en materia ambiental eso implica el despliegue de capacidades suficientes para garantizar la calidad del ambiente natural en su carácter de bien público. Contrariamente, a las carencias históricas del Estado en esta materia, hoy se suma una política gubernamental totalmente favorable a la profundización de los problemas y las crisis ambientales nacionales. Nada de extrañar en un Estado totalmente cooptado por este modelo nuestro de producción, con sus consecuentes arraigos políticos, empeñado en privatizar y vender hasta el último bien público. Y mientras tanto, aquellos que están llamados a demandar un nuevo orden, los más ilustrados, los que tienen mayor capacidad de movilización, los habitantes urbanos, se refugian, ingenua o cínicamente, en su isla temporal.